Por: GUILLERMO
CORREA BÁRCENAS
REBELIÓN
INDÍGENA Y CAMPESINA CONTRA RICARDO MONREAL
‣Rechazan
su iniciativa de Ley Antilatifundio
Todavía no inicia el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y todo indica que la población rural del país se une en
contra de una iniciativa de ley que lleva la bandera de combatir el latifundio.
Las organizaciones que representan a las presuntas víctimas de lo que llaman un
despojo anunciado porque significa continuar con la privatización de la tierra
que llevó a cabo en 1992 Carlos Salinas de Gortari. La propuesta es del senador
Ricardo Monreal Ávila quien la presentó en tribuna el pasado 23 de octubre.
Desde entonces la reacción crece y se esparce por el país a través de grupos
radicales e incluso de simpatizantes de AMLO, a lo que se debe agregar un
sospechoso silencio de apoyo –el que calla otorga-- de organizaciones que
integran el Congreso Agrario Permanente (CAP) y la priista Confederación
Nacional Campesina (CNC), poderosa central que atraviesa por sus peores
momentos.
La iniciativa del Grupo Parlamentario de
Morena contempla la expedición de la Ley para el Desarrollo Agrario que es
rechazada. El problema es que el senador Ricardo Monreal no ha podido convencer
de las supuestas bondades o que las organizaciones de indígenas y campesinos no
la han sabido leer. El asunto, afirman, obliga a recordar la puñalada salinista
de hace 27 años contra el campo mexicano que --curiosamente, también contó con
la complicidad del CAP y de la CNC-- porque atentó contra la principal
conquista de la Revolución Mexicana que fue el reparto de la tierra, pues al
privatizarla para que se volviera a los tiempos de Porfirio Díaz acabó con
hundir a los poseedores del grandísimo territorio rural que se considera
todavía propiedad social y que abarca alrededor de 100 millones de hectáreas.
Dos años después de haberse modificado el
artículo 27 de la Constitución se firmó el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y luego llegaron las reformas estructurales de Enrique Peña
Nieto que respaldaron todos los partidos políticos cuando aún no existía MORENA.
Lo peor, señalan expertos y presuntas víctimas, está por venir si no se frena,
advierten, la continuidad del despojo neoliberal que tanto denunció en campaña
el próximo presidente de la República.
La iniciativa de Monreal consta de 86
cuartillas que tocan al ejido y a la comunidad –más de 30 mil núcleos
agrarios--, es decir, a campesinos e indígenas. De aprobarse, derogaría a la
actual Ley Agraria salinista.
En su Exposición de Motivos explica que busca
el respeto a la dignidad humana a través de sus once títulos, diez de ellos
vinculados al derecho agrario sustantivo y el último a la justicia agraria ante
órganos jurisdiccionales. Propone reconocer al ejido y a la comunidad como la
organización social y económica propietaria de tierras más representativa de la
sociedad rural. Adelanta que por medio de un Fondo operado por la Secretaría de
Agricultura se financiarán, cuidando el medio ambiente, actividades productivas
en las tierras de uso común. Asimismo, se eliminarían obstáculos para recibir
subsidios y créditos. Informa que habrá respeto a los derechos humanos y a las
decisiones de las asambleas.
Aspecto importante es el relativo a las
inversiones de particulares en ejidos y comunidades para contribuir al
desarrollo nacional, a fin de promover una mayor participación y asociación en
proyectos al valor comercial de las contraprestaciones, incluyendo la tierra,
bienes distintos a ésta y la previsión de daños que garanticen la
sostenibilidad del proyecto. A esta iniciativa tan prometedora se sumaron a
MORENA, el PRI, PRD y PAN, lo que de inmediato provocó sospechas de parte de
observadores políticos, expertos en derecho agrario y organizaciones del campo
mexicano.
Y, en efecto, se ha encontrado que la
llamada Ley Antilatifundio en el fondo no lo es y que, por el contrario, representa
una amenaza contra la propiedad social y los pueblos campesinos e indígenas. La
advertencia es de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimiento
Campesino Plan de Ayala del Siglo XXI, el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y el Congreso Nacional Indígena. Dicen que la propuesta constituye una
regresión y una nueva amenaza para los derechos de los pueblos campesinos, que facilita
el acceso de terceros a tierras y territorios de núcleos agrarios, que agiliza
la implementación de las reformas neoliberales de Enrique Peña Nieto, sobre
todo la energética.
Según sus argumentos: vulnera, impulsa
medidas limitativas para los territorios indígenas, facilita la entrada de industrias
extractivas; acelera la mercantilización de la tierra y el desconocimiento de
las comunidades como sujetas de derecho. Aseguran que la actual Ley Agraria es
la principal defensa con que cuentan frente a proyectos extractivos que generan
despojo, destrucción de la tierra y el territorio, daños a la salud y al medio
ambiente, además de la criminalización y asesinatos de quienes se oponen a ello.
Acusan que el documento está diseñado bajo la misma lógica que impulso la
contrarreforma agraria de 1992 de Carlos Salinas de Gortari.
El EZLN y el CNI se agregaron a la
preocupación que provoca la iniciativa. Al pretendido despojo de sus recursos
naturales, cuestionan por qué no se dan esas concesiones a los ejidos y
comunidades o en todo caso la asociación con empresas del gobierno como PEMEX y
la CFE. Su rechazo obedece a que consideran que está en juego la apropiación de
minas, aguas, petróleo, gas, bosques, selvas y demás bienes nacionales; tierras
de uso agropecuario y forestal. Todo, aseguran, pasaría finalmente a poder de
las trasnacionales.
Su análisis lleva a las organizaciones a
señalar que lo más peligroso es que pide la iniciativa que aporten sus tierras a
inversionistas privados, que las transformen en acciones tipo T y que celebren
contratos que impliquen el usufructo de los ejidos por terceras personas.
“Con esta iniciativa olvidan que las
tierras las han obtenido los ejidatarios y comuneros después de una lucha
armada, hace ya cien años, y que no sólo se usan para producir y explotar los
recursos naturales que ahí existen. Son territorios donde vivimos, donde
recreamos nuestras culturas y nuestra convivencia como comunidades y pueblos
mexicanos”, expresan.
Critican que las asambleas de ejidatarios
obtengan facultades de cambiar el destino de las tierras de uso común para
asentamientos humanos, industrias de hidrocarburos y de energía eléctrica. Que
unos cuantos se lleven las ganancias y ya sobreexplotadas las tierras sean abandonadas
dejando en la miseria a sus dueños.
El movimiento campesino Plan de Ayala
Siglo XXI ---integrado por cientos de organizaciones que confían en Andrés
Manuel López Obrador—anunció que mañana presentaran su contra propuesta para
que en tres meses sea sometida a una consulta nacional. Como los otros grupos,
señalan que lo de Monreal es inadmisible, que no corresponde a los
planteamientos del presidente electo y que por ahí no va la transformación de
México. En pocas palabras están en contra de que se abra un mercado de tierras,
que se desarticule el ejido y se concentren poderes en algunas autoridades; cuando
lo que se requiere es fomentar la organización agraria, fortalecer a los
núcleos y solucionar -no incrementar- los conflictos agrarios en el país.
Cabe recordar que planes de asociar a
empresarios con campesinos se ha intentado en varias ocasiones bajo el pretexto
de modernizar el campo. Con Salinas de Gortari existió el proyecto Vaquerías
con la participación de Gamesa y productores del estado de Nuevo León. Fue en
1990, comprendió 5 mil hectáreas y una inversión de 12 millones de dólares de
entonces. Se aspiraba a replicarlo en otras 50 mil hectáreas pero el fracaso
fue rotundo al demostrarse que no pueden convivir lobos (empresarios) con
ovejas (campesinos e indígenas). Para colmo, en el inter la empresa mexicana
fue vendida a la trasnacional Pépsico. La fórmula de que el rico pone el
dinero, el pobre la tierra y su mano de obra para al final repartirse las
utilidades por lo producción de alimentos tampoco prosperó en Chihuahua,
Tamaulipas y Chiapas.
Pero lo de ahora es distinto porque a
decir de las organizaciones está en riesgo lo que se encuentra en el subsuelo, como
el gas que hay en estados como Puebla, Hidalgo y Veracruz. Por eso es de
ninguna manera aceptan la Ley Monreal.
DESDE EL CENTRO
La guadaña de Ismael Hernández Deras,
seudo dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), se enseñorea una
vez más al despedir a empleados que tienen más de 30 y 40 años de antigüedad,
con salarios que van de los tres a los ocho mil pesos al mes; mujeres y
hombres, varios de ellos sin derechos laborales como es el IMSS, jefes de
familia que han dado su vida en defensa de los campesinos. La ahora fantasmal
CNC contrata personal de confianza, asistentes, choferes y otros, amigos de la
dirigencia, con sueldos arriba de los 30 y 40 mil pesos mensuales. Inconformes,
los despedidos se quejan de que en la Campesina hay un elevado personal que
solo va a cobrar cada quincena, es decir aviadores protegidos por el impugnado
líder cenecista.
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