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Pobladores y comuneros de
Milpa
Alta fueron a solicitar
la renuncia de Rafael
Pacchiano por violentar usos
y
costumbres.
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* Creen que se coludió con el delegado Jorge Alvarado Galicia
para realizar el cierre de una gasera que les expende cantidades pequeñas de
gas para ayudarles en su deteriorada economía, donde el 25 por ciento de la
población percibe un salario mínimo o menos al mes, mientras Pacchiano cobra 86
veces ese salario mínimo mensual
Comunicado.
Ciudad de México, a 23 de enero de
2017. - Un grupo de aproximadamente 300 habitantes de varios pueblos de Milpa
Alta acudieron este mediodía a las oficinas de la SEMARNAT para exigir la
renuncia de su titular Rafael Pacchiano Alamán porque afirman que el
funcionario mandó clausurarles una gasera por ellos consentida mediante el
método de Usos y Costumbres.
La gasera les permite adquirir
pequeñas cantidades del combustible como ayuda a su deteriorada economía en una
delegación donde 25 por ciento de sus pobladores gana un salario mínimo o
menos, mientras el funcionario goza de unas percepciones brutas que ascienden a
$205,122.05, es decir, 86 veces el salario mínimo vigente.
Gerardo Moreno, portavoz de los
habitantes de Tláhuac, destacó que también exigen la renuncia del Jefe
Delegacional Jorge Alvarado Galicia, quien no sólo ha consentido que exista una
mayor violencia y penetración de la delincuencia en Milpa Alta, sino que
gobierna no para los pobladores en general, sino para sus intereses
particulares y de grupo, afectando la economía de la delegación, ya que permite
y tolera la existencia de pipas que expenden el gas LP en el camino a Villa
Milpa Alta.
Los milpaltenses dieron a conocer
que hace 10 años, en 2007 también la delegación clausuró la misma gasera y que
por el método de Usos y Costumbres porque son un pueblo originario, el 19 de
febrero de ese año se realizó una asamblea de comuneros y comuneras entre los
que se llegó a los siguientes acuerdos: 1) “La Asamblea manifiesta su
descontento con la clausura de la gasera”; 2) “La Asamblea se manifiesta a
favor de que siga dando el servicio de manera permanente en favor de la
economía del pueblo, ya que las otras empresas que dan el mismo servicio tienen
precios muy altos que repercuten en la economía familiar”; 3) “que la empresa
brinde un buen servicio y seguridad del suministro”.
“Así, sin mayores conflictos
retóricos es como se arreglan las cosas en nuestros pueblos. Y así se arregló
aquella ocasión. Sin embargo, hoy consideramos que también existe alguna
injerencia del Jefe Delegacional en Milpa Alta, Jorge Alvarado Galicia, en la
clausura de esta gasera porque sabemos de personas bien informadas, incluso de
la propia delegación, está tomando dinero de otras más”.
Moreno recordó que Milpa Alta “es
la delegación con mayor marginación y menor desarrollo humano en la Ciudad de
México, además de registrar el mayor porcentaje de población analfabeta, así
como también de viviendas sin energía eléctrica, la mayor tasa de mortalidad
infantil, el mayor porcentaje en pobreza alimentaria. El 93% de la población es
jornalero o peón”
Una comisión de 8 personas, entre
ellas la gerente de la gasera Oztogas, Argelia Zamora, vecinos de la demarcación,
y algunos líderes comunitarios como Abel Meza, del grupo sociopolítico “Plan de
Ayala”, manifestaron a los funcionarios que los recibieron que “es una necedad
cerrarles la gasera a los dueños porque es el único combustible al que puede
acceder la gente más pobre de San Pablo Oxtotepec.
A ellos no les importa si los
dueños pagaron sus impuestos o “están derechos”, lo que necesitan es poder
tener sus 50 pesos de gas para poder hacerles el desayuno a sus hijos. Cuando
llegaron las inspectoras, un grupo ya quería sonar las campanas y llamar a la
gente a detenerlas, pero hubo cordura para evitar cualquier problema que no se
pueda controlar. La gente está enojada. No queremos que la gente se encrespe,
queremos soluciones prácticas y sensibles”, destacó el vocero.
Atentamente y con formalidad los
funcionarios escucharon las molestias de los representantes de los pobladores,
en las instalaciones de la SEMARNAT, ubicadas en la avenida Ejército Nacional
de la Ciudad de México. Javier Govea Soria, Director general de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia de Seguridad, Energía y
Ambiente, así como Fernando Xicóntencatl Camacho Álvarez, Director General de
lo Contencioso de la misma dependencia (ambos funcionarios cuyo salario neto es
de $79,818.27), explicaron que la gasera debe cumplir con requisitos que marca
la Ley y que, para comenzar, hay requisitos que todavía no existen en la
normatividad.
En un acto de “buena voluntad”, aún
sin existir una norma, los funcionarios adujeron que los propietarios de la
gasera deben enviar un expediente en el que se documente todos los beneficios
de compensación que a través de la instalación de dicha gasera ha llevado a sus
comunidades; los beneficios a la atmósfera, por ser impulsores de la creación de
espacios boscosos en terrenos baldíos; el retorno de vida silvestre, el aumento
del manto acuífero y las manifestaciones de proceso en que esté aquella
normatividad inexistente con la que no puedan cumplir para revisar si es
factible que se vuelva a abrir la gasera.
En tanto, no es su responsabilidad
no poder cumplir con una norma que aún no existe y que si hay irregularidades,
los pobladores pidieron que se pondere el beneficio a una comunidad
depauperada, con el acceso al combustible.
“Primero no nos dejan cocinar ni
calentarnos con leña, porque es ataque ecológico, andar cortando los árboles. Y
está bien, tienen razón. Luego a llenar esa necesidad llega la gasera, que
nosotros pedimos para darnos la oportunidad de comprar gas de a poquito, como
nos va alcanzando ¡Y ahora nos la cierran!”, dijo un líder comunitario en Milpa
Alta.
“Hay que ver que es el bien del
pueblo, y el pueblo no está interesado en sí hay leyes, o no las hay, las que
hay deben satisfacer la necesidad del pueblo, no llenar expedientes”, agregó
Gerardo Moreno.
No hubo compromiso de abrir la
gasera y quitar los sellos inmediatamente, como solicitaban los manifestantes,
en la minuta resultante de la reunión. La autoridad dio plazo de 3 días para
que los dueños presenten documentos que testifiquen que han recibido
autorizaciones, permisos o consentimiento de otras autoridades para operar en
la zona.
Gerardo Moreno manifestó que no
estaba conforme, que es incongruente solicitarles algo que no existe y que, sin
embargo, “si se hacen de la vista gorda en otras violaciones más riesgosas,
como la pipa que vacía gas al pie de la carretera”.
“No estamos contentos. Lo que nos
piden es pura burocracia. Los hechos que resuelven problemas son primero que
leyes de gente que las escribió detrás de un escritorio. No saben lo que es la
necesidad cotidiana, ni la urgencia de la gente. ¿A ver qué voy a decirles
ahorita? ¿Cómo van a calentar sus cocinas las señoras que no tienen gas desde
el viernes y ni para comprar un cilindro de 20 kilos? Es mucha insensibilidad
en el afán de ser legaloides. Nosotros vamos a seguir insistiendo y si no nos
resuelven, aquí vamos a asentarnos con 8,000 personas hasta que nos resuelvan.
O cerramos una carretera. El chiste es que no nos vamos a dejar".
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