Llegaron tarde porque un operativo
les
impidió la entrada a la zona del
Zócalo de la Ciudad de México.
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Comunicado.
Ciudad
de México, a 8 de diciembre de 2016. - Ante la creciente ola de inseguridad y
violencia generada en los últimos meses en la Delegación Milpa Alta,
representantes de los pueblos de Santa Ana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan,
San Bartolomé Chicomulco y San Pablo Oztotepec anunciaron esta mañana en
conferencia de prensa frente a la Jefatura de Gobierno, que han decidido
“iniciar un proceso interno de organización para contar con una policía
comunitaria” que les garantice mayor seguridad.
Encabezaron la conferencia Gabriel Mejía, Antonio Blancas, Agustín Martínez y Abel Meza, quienes dijeron que les asiste el derecho. “Claro que no es un juego ni cualquier cosa, que se tiene que hacer bien, que se tiene que estar organizados y por algo se tiene que empezar y ese proceso lo hemos iniciado”, destacó Mejía.
Encabezaron la conferencia Gabriel Mejía, Antonio Blancas, Agustín Martínez y Abel Meza, quienes dijeron que les asiste el derecho. “Claro que no es un juego ni cualquier cosa, que se tiene que hacer bien, que se tiene que estar organizados y por algo se tiene que empezar y ese proceso lo hemos iniciado”, destacó Mejía.
Dijeron que si normalmente se robaban
becerros y/o pollos, ahora los delincuentes se están metiendo a saquear las
casas habitación; las autoridades no investigan, tampoco existen resultados de
las muchas denuncias realizadas y ocurren situaciones como, por ejemplo, que
tienen una semana tratando de denunciar un robo y en la fiscalía
correspondiente les dicen que no se puede porque no hay sistema.
En palabras de su vocero, “ante la
ineficacia, ineficiencia, omisión o colusión de las autoridades delegacionales
y/o de la Ciudad de México con la delincuencia que está escalando en Milpa
Alta”, exigen la renuncia del Jefe de Sector de la Secretaría de Seguridad
Pública y de la Fiscal de la Procuraduría General de Justicia porque “deseamos
tener el control de nuestra seguridad, porque está en riesgo el futuro de
nuestros hijos”.
Piden y exigen seguridad, pero también
decirle al Jefe de Gobierno y a todas las secretarías involucradas en Milpa
Alta, entre ellas la de Desarrollo de Pueblos Rurales que encabeza Rosa Icela
Rodríguez, que también volteen hacia allá. “Somos pueblos trabajadores que en
unión comunitaria hemos hecho muchas cosas en beneficio de todos nosotros y de
la ciudad”.
Pero resulta que no ven hacia Milpa
Alta porque no se nota políticamente cualquier cosa que hagan allá. En cambio,
si invierten en Ecobicis o en invernaderos en las barrancas de Álvaro Obregón
que hoy no sirven para nada, pero políticamente les genera simpatías.
Agregaron que hay mucho riesgo de que
esa zona, por las carencias y falta de oportunidades, la gente siga vendiendo
más barato, se continúe lotificando y se termine de crear un foco de pobreza
con todas sus consecuencias sociales, sanitarias y de inseguridad. “No hay
acciones gubernamentales ni preventivas ni correctivas ante esta problemática”.
“Queremos del Gobierno de la Ciudad de
México (CDMX) apoyo para un desarrollo que genere empleo, no ayudas
momentáneas. Sino proyectos de inversión a mediano y largo plazo”, agregaron
para rematar: “Tampoco deseamos que nuestras autoridades volteen a vernos como
ha sucedido cuando hay linchamientos y salimos en cadena nacional en las
televisoras, sin entender cuál es el trasfondo de estos acontecimientos,
principalmente por la ineficacia u omisión de las autoridades”.
Antonio Blancas, representante comunal,
explicó que cada día se incrementan los asesinatos. En marzo un fuerte aire nos
tiró más de 18 mil metros cúbicos de madera y hasta ahora las autoridades no
hacen caso. SI lo hacemos nosotros, luego vendrán a decir que ya lo hicieron”.
Agustín Martínez, representante de
brigadas combatientes de incendios forestales y de brigadas de vigilancia
forestal, dijo que a pesar de las más de 6 mil 500 hectáreas recuperadas con
siembra de árboles de manera comunal, ya fueron asesinados dos de sus
compañeros sin haberse investigado el tema de fondo, y a los que las
autoridades les adjudicaron presuntas ligas con delincuentes mayores.
“Tampoco deseamos que nuestras
autoridades volteen a vernos como ha sucedido cuando hay linchamientos y
salimos en cadena nacional en las televisoras, sin entender cuál es el
trasfondo de estos acontecimientos, principalmente por la ineficacia u omisión
de las autoridades”, destacó Gabriel Méndez.
Además, agregó que exigen la renuncia
del Jefe de Sector de la SSP-CDMX y la Fiscal de la PGJ-CDMX; se dé seguimiento
y resultados a las denuncias ante el Ministerio Público; se presente un
programa de prevención del delito con la participación de la comunidad y se
aumente el número de policías para los pueblos.
Y finalizaron: “Por todo esto, queremos
decirles que como nos lo permite la Constitución Mexicana debido a que estamos
regidos por el sistema de usos y costumbres, hemos decidido iniciar un proceso
interno de organización para contar con una policía comunitaria que nos
garantice mayor seguridad”.
Los habitantes de los pueblos de Milpa
Alta que acudieron a manifestarse frente al Palacio del Ayuntamiento y
posteriormente el edificio de Gobierno, fueron atendidos por asesores del
Gobierno del Distrito Federal, y entre los acuerdos quedaron en que realizarán
un recorrido el jueves 15 a las 10:00 horas, para buscar las zonas donde se
puedan colocar cámaras de seguridad con C2.
Asimismo, se reunirán en la Fiscalía de
Milpa Alta para dar seguimiento al problema de la falta de seguimiento a las
denuncias y la carencia de sistema de los últimos días. Asimismo, se va a
proponer un Agente del Ministerio Público itinerante, para que tengan dónde
denunciar.
Al salir de la reunión, Agustín
Martínez dijo que darán como plazo 6 meses para determinar si bajó la
delincuencia o de lo contrario, continuarán con la formación de su policía
comunitaria.
Los atendieron Germán Lizárraga, de la
subsecretaría de Gobierno; Héctor Basulto de la SSP-CDMX; Alfonso Marcos
García, coordinador de asesores de la Subprocuraduría General de Justicia en
representación del subprocurador de Averiguaciones Previas desconcentradas,
todos ellos con la gestión de Pedro Bello, director de Gestión Social.
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