Mary Jose Díaz Flores
En el seno del Seminario Internacional Ciencia,
Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable en las Cuencas de los
Ríos Grijalva y Usumacinta; investigadores y académicos de organismos no
gubernamentales e instituciones públicas concluyeron en la necesidad de poner
fin a la contaminación de cuerpos de agua, a la sobre-explotación de acuíferos
y que se impulse un manejo integral, planificado y participativo de cuencas,
que reduzcan la vulnerabilidad de la población y los riesgos a desastres. De tal
forma que hicieron un llamado a los diputados federales y a los Senadores de la
República a fin de que en la nueva Ley General de Aguas sean incluidos los
principios contenidos en la Ley General ciudadana, que propone lograr en 15
años garantizar agua de calidad y en cantidad suficiente para todos y todas,
para los ecosistemas y soberanía alimentaria.
En un pronunciamiento conjunto los investigadores
retomaron la declaración 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
firmada en Junio de 2010 que: “Reconoce
que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; exhorta a
los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos
financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de
tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en
particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por
proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el
saneamiento.
Asimismo consideran que esta nueva Ley General debe
responder a
lo establecido en la reforma constitucional en materia de derechos humanos del
Artículo primero, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de
junio del 2011 y la Reforma del artículo 4to constitucional publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero del 2012 el cual señala que:
“…Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y
asequible. El Estado garantizará este derecho y las leyes definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso equitativo y sustentable de los recursos
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para
la consecución de dichos fines…” Tercer
transitorio “El Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para
emitir una Ley General de Aguas.”
Cabe mencionar que este encuentro se celebró durante dos
días en San Cristóbal de las Casas y es aquí donde los investigadores exigen que nueva Ley General de Aguas
establezca instancias de participación ciudadana directa y de contraloría
social para el manejo de nuevos instrumentos de planeación y defensa que se fije responsabilidades para
funcionarios, incluyendo la posible revocación de su mandato en caso de
incumplimiento y participaron; académicos de la Universidad Autónoma de
Chapingo, PNUD;
CIESAS-SURESTE; ECOSUR; IMTA; CEPAZDH, CIESAS; CCGSS; UACH; CENTLI/UAM,
entre otros que han manifestado de manera insistente su preocupación por el
avance de la contaminación de las cuencas y la necesidad de realizar
modificaciones a la Ley General de Aguas.
DIPUTADOS
Como nadie toma en cuenta a uno de los expresidentes
municipales más mañosos que ha tenido el municipio de Cintalapa, Guillermo
Toledo Moguel, quien por cierto se amparó en el fuero constitucional para no ir
directo a la cárcel por todas las irregularidades en las que incurrió con los
recursos públicos de ese municipio, ahora resulta que como presidente de la
comisión de Ecología del Congreso del Estado pretende subir como tema de
discusión el asunto de las minas en Chiapas y ha organizado una reunión para
reflexionar sobre la explotación minera en la entidad, lo cual verdaderamente
da risa, pues fue precisamente en el periodo de su padrino político “Juan
Sabines Guerrero”, cuando se dieron más permisos para la operatividad de
mineras en Chiapas. ¿Acaso no sabrá esto el diputado?
En este caso, seguramente pedirá que se investigue y se
cancelen las 126 concesiones mineras que se aprobaron en el sexenio pasado y
las cuales por cierto y sea de paso el delegado de la Semarnat Amado Ríos
Valdez, desconoce pues él tan solo era un empleado o consultor minero. Lo
cierto es que existe de parte de Toledo Moguel demasiado protagonismo y debería tener cuidado pues el OFSCE
tiene en su poder todas las inconsistencias en las que incurrió como alcalde y
que se le podrían venir encima pues en una de esas, sus compañeros de cámara pueden agarrar
valor y desaforarlo para que explique ¿qué hizo con los recursos del erario
municipal en su administración en Cintalapa?
Para refrescarle la memoria al
diputado, Juan Sabines Guerrero, otorgó permisos que tienen una duración hasta
de 50 años, junto con las instituciones ambientales para concesionar un total de 1.5 millones de hectáreas
que representan aproximadamente el 15% del territorio estatal, donde operan
cuatro empresas trasnacionales Canadienses, que son las que tienen 53 de las concesiones mineras en 29
municipios del estado; donde
se explotan unas 656 mil 197 hectáreas. Esto pese a que Ríos Valdez diga que no
es cierto, pues el IFAI tiene muy precisa la información. De tal forma que le
recomendamos al legislador no encender la vela si no quiere incendios, hay que
recordar que hoy el patrón tiene un nuevo nombre.
CON FILO
Cuál será el objetivo del síndico municipal Eduardo
Suárez, al emitir comunicados en los que en primer lugar resaltan los errores
de ortografía y redacción, pero además, llama la atención su insistencia en
asegurar que es un hombre honrado y transparente. En otro de los párrafos
señala que ha orquestado problemas y luego los ha solucionado o por lo menos
así se entiende y todo por querer figurar en los medios de comunicación en las
carreras anticipadas a las candidaturas políticas. Realmente los políticos
deberían preocuparse por que sus comunicados tengan coherencia no que ni se
entiende lo que quieren hacer llegar a los ciudadanos.
