Los más pobres en México son los
verdaderos destinatarios de la Ley de Seguridad Interior. El uso de los cuerpos
castrenses es para la contención de protestas, ese es el objetivo de las élites
gobernantes. El gobierno federal y las cámaras empresariales tienen prisa.
Por separado, y aunque con matices, integrantes de organizaciones defensoras de
derechos humanos, especialistas y militares retirados coinciden: no es el
narcotráfico el destinatario de un nuevo marco jurídico que legalice el
despliegue de tropas en el territorio mexicano, sino las acciones de
resistencia y protesta que se avecinan en el convulso panorama político de la
República. Quieren aprobar “cuanto antes” una Ley de Seguridad Interior, como
anunció el diputado priísta César Camacho Quiroz, esa es la encomienda de los
legisladores de los tres partidos políticos dominantes en el Congreso federal:
PRI, PAN y PRD, los mismos del Pacto por México que hizo posible las llamadas
“reformas estructurales” que hoy generan el rechazo de amplios sectores de la
población. Dio cuenta Zósimo Camacho en la revista Contralínea.
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