· El ex secretario de Comunicación Social, Diego Victorio Santizo,
mantiene vínculo con el recluso Emmanuel Nivón González.
· Autoridades judiciales aseguran que en los próximos días le echarán el
guante.
Por: Francisco González
Luego de que se filtrara la información
sobre las investigaciones que la Procuraduría General de Justicia del estado de
Chiapas, realiza en contra del ex vocero del ex presidente municipal de
Tapachula Emmanuel Nivón González, los agentes ministeriales le siguen los
pasos muy de cerca para evitar que trate de evadir la acción de la justicia.
Hay que recordar que el ahora recluso
Emmanuel Nivón, quien también fuera candidato del PAN al gobierno de Chiapas,
fue demandado por los delitos de peculado, asociación delictuosa e
incumplimiento de la entrega de la cuenta pública, delitos por los que ahora
purga una condena al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para
Sentenciados (CERSS) número 3 de Tapachula.
Ahora se sabe que su fiel y cómplice ex
vocero, Diego Victorio Santizo, continúa en contacto permanente con el recluso,
para tratar de desestabilizar y confundir a la ciudadanía sobre los delitos que
cometió durante su gestión.
De
manera extra oficial se logró saber que en los próximos días llegará a
Tapachula un grupo especial de agentes ministeriales que ejecutarán varias
órdenes de aprehensión en contra de varios ex funcionarios nivonistas, entre
ellos el ex vocero Diego Victorio Santizo, a quien se le investiga por el
delito de robo de una lujosa camioneta tipo Suburban.
Por lo pronto existe coordinación
interinstitucional para mantener la localización y ubicación permanente de los
ex funcionarios municipales que tienen cuentas pendientes con la ley, por lo
que no se descarta que en los próximos días se dé a conocer la lista de los
nuevos huéspedes de los centros penitenciarios.
El objetivo es evitar que cualquiera de
estas fichitas salgan de la ciudad, ya que los agentes ministeriales recaban
todas las pruebas que aportan y comprueban la culpabilidad de los sindicados y
de esa manera cumplir con la acción de la justicia para tranquilidad de la
sociedad que se siente agraviada por haber sido objeto de saqueo de los recursos
públicos.
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