Jesús Padilla Zenteno, presidente de
COPARMEX CDMX
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Comunicado / DIFUNET
Ciudad de México, a 03 de Octubre de
2017.- Frente a los inacabables actos de corrupción entre los funcionarios del
sistema político mexicano, COPARMEX CDMX propone como ya se ha realizado en la
República del Perú, la Ley de Muerte Civil (aquí la podríamos llamar Muerte
Política) para aquellos corruptos que hayan sido vinculados a proceso y
sentenciados.
De acuerdo con cifras de Forbes, la
corrupción le cuesta a México 347 mil millones de pesos anuales, lo que
significa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y de
acuerdo con el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2015, de
Transparencia Internacional (IT), nuestro país ocupa el lugar 95 de 168 países.
Eventos como los recientes sismos
ocurridos el mes pasado han puesto en tela de juicio la actuación de
funcionarios públicos a nivel nacional, quienes por acción u omisión, podrían
tener responsabilidades en las afectaciones de los movimientos telúricos.
Hoy se encuentran en proceso el Sistema
Nacional Anticorrupción y los sistemas locales a los que los grupos en el poder
buscan construir “a modo”, pero tampoco existe una ley que inhabilite de por
vida a un funcionario que cometa actos de corrupción, de manera que no pueda ni
postularse a cargos de elección popular para evitar que consiga tener fuero ni
pasar a otro encargo en la función pública.
México necesita una reacción social
frente a quienes aprovechan la laxitud de un sistema construido para los vivos
que en base a acciones ilegales logran poder, frente a la mayoría de los
ciudadanos que respetan las leyes y son presa de ellas.
En la actualidad, el corrupto afronta
la vergüenza temporal y hasta se ríe en público de sus captores y sus
detractores porque sabe que la pena no pasará del desprestigio público que
remediará, posteriormente, con el dinero obtenido de forma ilegal y un
electorado “comprado” o el compadrazgo.
El pacto social que nos dio una forma
de organizarnos en comunidad fue para bien administrar nuestros recursos y
potenciar cada una de las fuerzas individuales con el fin de crecer
colectivamente hacia un mejor estado de cosas.
Hoy ese pacto social está roto y sólo
unos cuántos, que ejercen el poder, se benefician de los bienes colectivos y
faltan al pacto primigenio.
Por este motivo, COPARMEX CDMX solicita
a los actuales legisladores federales, de los estados y de la Ciudad de México
a que asuman su compromiso social y que en sus próximos periodos ordinarios le
den cabida a una ley que restrinja de todos sus derechos para ser votado y a
participar en la administración pública a todo aquel ciudadano que haya
cometido actos de corrupción y haya sido vinculado a proceso y sentenciado.
Y a la sociedad en general, se le
convoca a impulsar una ley de esta magnitud con el fin de regresar el estado de
cosas a la vertiente original del pacto social, con el fin de lograr una
sociedad bien organizada, mejor administrada y con el estado de satisfacción y
bienestar que nos merecemos.
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