Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.- La
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que derivado del
análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, el
Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla dictó sentencia condenatoria
en contra de seis sujetos que integraban una red de trata de personas que
operaba en Chiapas y Tlaxcala, y que fue desmantelada en abril de 2009.
Los sentenciados
son Víctor Segundo Sánchez, Antonio Segundo Sánchez, Fortunato Romero Xicoténcatl,
Angélica Pérez Montejo, Rosalba García López y Ana María Cosme Robles, a
quienes les fue impuesta una pena de 9 años de prisión y una multa de 700 días
de salario mínimo.
Actualmente, los
tratantes se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social para
Sentenciados número 14 “El Amate”, con sede en Cintalapa.
De acuerdo a las
investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes,
los detenidos conformaban una red de tratantes de personas con presencia en
diversos municipios de Chiapas y Tlaxcala, donde enganchaban a menores de edad
para luego obligarlas a ejercer la prostitución.
Para ello, contaban
con diferentes contactos en el estado de Tlaxcala, en donde las menores
permanecían por semanas hasta ser explotadas sexualmente.
Durante el
operativo que permitió la desarticulación de esta banda criminal y el rescate
de tres de sus víctimas, el 26 de abril de 2009, les fueron asegurados dos
vehículos con placas de los estados de Puebla y Tlaxcala, un arma calibre 22 y
ocho cartuchos útiles, cuatro teléfonos celulares y copias fotostáticas de
credenciales de elector falsas a nombre de las menores.
Al rendir su
declaración ante el Ministerio Público investigador, Víctor Segundo Sánchez
aceptó y confesó dedicarse a la prostitución de menores, a quienes con el
argumento de casarse con ellas, las llevaba, en un primer momento, a la ciudad
de Tlaxcala, para luego ser trasladas a Chiapas en donde las obligaba a
prostituirse en zonas de tolerancia.
Por su parte,
Rosalba García López reveló que Víctor Segundo Sánchez y Antonio Segundo
Sánchez tenían como función principal enamorar a las víctimas para después, con
la justificación de no contar con un trabajo estable, orillarlas a
prostituirse, debiendo entregar una cuota diaria de entre mil 500 y dos mil
pesos, para lo cual sostenían hasta 25 relaciones sexuales.
En lo que se
refiere a María Angélica Pérez Montejo, según consta en las declaraciones de
las propias víctimas, se encargaba de vigilarlas en todo momento para evitar
que escaparan y los denunciaran ante las autoridades.
Con esta
resolución, el estado de Chiapas obtiene la sentencia número 39 en contra de 52
tratantes de personas, quienes purgan condenas que van de los 9 a los 39 años
de prisión.
De esta forma, la
Comisión Interinstitucional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el
Estado de Chiapas refrenda su firme compromiso de seguir velando por los grupos
vulnerables y sumar los esfuerzos necesarios que permitan erradicar la
denominada Esclavitud del Siglo XXI.
