Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con el compromiso de erradicar el
fenómeno de la trata de personas, sus orígenes y consecuencias, el Gobierno del
Estado ha tomado medidas extraordinarias al enviar una propuesta de reforma al
Congreso local para prohibir el otorgamiento de licencias de uso de suelo para
los denominados “giros negros” en todo el territorio chiapaneco.
Esta medida prevé que los centros
nocturnos, bares, discotecas, antros, cantinas o centros botaneros se
conviertan en lugares de promoción y explotación sexual, principalmente de
menores, mujeres, personas con discapacidades o migrantes.
Además, en los últimos días la
Procuraduría General de Justicia del Estado inició una serie de operativos
interinstitucionales donde participan elementos de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM),
Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR), Instituto Nacional
de Migración (INM), Ejército Mexicano y Marina Armada de México; lo que ha
permitido cerrar, hasta el momento, un total de 132 “giros negros” en la
entidad.
Durante estas acciones fueron detenidos
cinco sujetos por el delito de trata de personas; dos por corrupción de
menores; cuatro por el delito Contra la Salud al asegurarles diversas dosis de
cocaína; y nueve más por delitos en materia sanitaria.
Asimismo, se logró el rescate de siete
víctimas de trata de personas, quienes eran explotadas sexualmente en bares de
los municipios de Tapachula, Palenque y Villacomaltitlán.
Entrevistado por los medios de
comunicación, el Procurador Raciel López Salazar sostuvo que la finalidad de
estas medidas es garantizar la seguridad, la integridad y la vida de los
chiapanecos, para evitar el surgimiento de grupos delictivos que utilicen estos
espacios como centros de operación.
La meta, añadió, es que se cumplan las
leyes que norman su funcionamiento, que no se vendan bebidas alcohólicas
adulteradas o a menores de edad, y que no se promueva o ejerza la trata de
personas, el narcomenudeo o el lavado de dinero.
Además, López Salazar dio a conocer que
en cumplimiento a la Ley para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de
Personas en el Estado de Chiapas, han sido rescatadas 417 víctimas de
explotación sexual y laboral, originarias principalmente de México, Guatemala,
Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Agregó
que se han iniciado 293 procesos penales y se han dictado 237 autos de formal
prisión en contra de presuntos tratantes.
En otro punto, reveló que la
Procuraduría de Chiapas ha obtenido un total de 36 sentencias condenatorias en
contra de 47 sujetos, quienes purgan condenas que van de los nueve a los 39
años de prisión.
Así también, señaló que gracias a la
participación ciudadana Chiapas cuenta con una Comisión Interinstitucional que
vigila y da seguimiento a las acciones emprendidas para la prevención y
erradicación de la denominada Esclavitud del Siglo XXI.
En relación al paquete de reformas
enviado por el Ejecutivo estatal al Congreso, el titular de la Procuraduría
General de Justicia detalló que, a través de éste se pretende cortar los brazos
a la delincuencia, evitando la proliferación de “giros negros”.
“La iniciativa señala que el
Ayuntamiento no podrá otorgar licencias para uso de suelo y deberá establecer
la prohibición de usos de suelo para los centros donde se presentan
espectáculos, así como, centros botaneros, bares, discoteques, centros nocturnos,
cabarets, cantinas, y otros con personas desnudas o semidesnudas”, afirmó.
Cabe destacar que, la iniciativa busca
reformar la Constitución Política del Estado de Chiapas; la Ley Orgánica
Municipal; la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Salud del Estado de Chiapas.
De acuerdo al Artículo 70 de la
Constitución Política del Estado, los Planes de Desarrollo Urbano Municipal
deberán establecer la prohibición de usos de suelo para los centros donde se
presentan espectáculos, así como, centros botaneros, bares, discoteques,
centros nocturnos, cabarets, cantinas, y otros análogos con personas desnudas o
semidesnudas.
Los Ayuntamientos deberán autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales; pero no estarán permitidos los permisos o
licencias de construcción para dichos centros.
Ante ello, serán derogadas todas las
disposiciones que se opongan a este decreto, mientras que los Ayuntamientos
deberán adecuar sus ordenamientos en los nuevos términos.
Ahora, es obligación del Poder
Legislativo analizar, debatir y, en su caso, aprobar la iniciativa de reforma
para la prohibición de usos de suelo para los llamados “giros negros”.
