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jueves, 13 de junio de 2013

REFRENDAMOS NUESTRO COMPROMISO POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN CHIAPAS: BLANCA RUTH ESPONDA

• El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, trabajan de manera coordinada para instrumentar políticas públicas que  erradiquen el trabajo infantil, dijo la legisladora.

            Chiapas es el primer estado en  crear una Comisión interinstitucional para la erradicación del Trabajo Infantil, señaló la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Blanca Ruth Esponda Espinosa, quien aseveró que dicha acción demuestra que tanto para el Gobierno de la República como para el Gobierno del Estado, la niñez chiapaneca “es una prioridad”.
            Al  pronunciarse en la máxima tribuna del estado, la diputada Espinoza Esponda reconoció que garantizar los derechos universales de la niñez y protegerlos, “es una encomienda y compromiso puntual y erradicar el Trabajo Infantil es un objetivo formal en beneficio de todas las niñas y los niños”.
            Por ello, enfatizó la legisladora priista, la instalación de una Comisión Específica en nuestro Estado demuestra la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobernador Manuel Velasco Coello de enfrentar la problemática y presupone un ejemplo a replicar en todo el país para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas.
            El esquema creado integrará acciones certeras y marcará la pauta en políticas públicas en materia de derechos y garantías para la infancia de Chiapas y el País.
            Así también, en el transcurso de la sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso del Estado que preside el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, turnó a la Comisión de Grupos Vulnerables –para su análisis y dictamen- el oficio signado por la diputada Gloria Luna Ruiz integrante de esta Sexagésima Quinta Legislatura por medio del cual presenta iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidades en el estado de Chiapas.
            En su exposición de motivos, la diputada Luna Ruiz señaló la necesidad de implementar un instrumento jurídico que reconozca plenamente los derechos y libertades de las personas con discapacidad, en el cual se establezca la obligación de los gobiernos estatal y municipal, para instrumentar  políticas públicas en su beneficio y promuevan la integración a la sociedad en igualdad de condiciones.
            Aseveró que En Chiapas -según datos de la Sociedad Cooperativa de Discapacitados-, cerca del 70 por ciento de las personas que tienen algún tipo de discapacidad es desempleada, y su discapacidad es  el principal factor para no ser contratados.
            Al respecto, Jorge Alberto Clemente Magdaleno aseguró que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que preside se ha dado a la tarea de analizar propuestas que beneficien a dicho sector, “el 98 por ciento de lo expuesto por la  diputada, forma parte  de la plataforma de trabajo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, el cual hemos entregado a la Presidencia del Congreso, por lo que  la invitamos a sumar su experiencia en la materia”.
            Siguiendo con el orden del día,  el oficio signado por la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero  donde remite iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de acceso a una vida libre de violencia para el estado de Chiapas y el Código Penal para el estado de Chiapas en materia de violencia política por género, fueron turnados  a las comisiones unidas de Justicia y Equidad de Género –para su análisis y dictamen- .
            Al solicitar el voto a favor  de la iniciativa, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) enfatizó que la iniciativa propone establecer como tipo de violencia la violencia política, a fin de establecer expresamente su existencia y visualizar su forma de comisión en contra de los derechos políticos de las mujeres, y a fin de dotarle de coercitividad a las prácticas que violentan los derechos políticos de las mujeres, se propone incluir este tipo de conductas como injusto penal dentro del catálogo de delitos.

            Finalmente, la Mesa Directiva  dio lectura y turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, el oficio del ayuntamiento de Palenque, Chiapas por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Instituto Federal Electoral en el estado  de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva 01.