Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El
procurador general de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer
los avances en torno a las investigaciones por los hechos registrados la mañana
del 5 de mayo en el municipio de Venustiano Carranza, donde dos
personas perdieron la vida.
El abogado estatal afirmó que,
derivado de los trabajos que realiza el grupo interinstitucional, la calma ha
sido recobrada en la localidad y actualmente los pobladores realizan sus
actividades de manera cotidiana.
Además, enfatizó que las
investigaciones continúan con la finalidad de llevar ante la justicia a todos
los responsables, quienes, dijo, se encuentran plenamente identificados.
“La seguridad de las 49 familias
está garantizada, actualmente son resguardadas en un albergue, pero también la
seguridad de Carranza está garantizada, por ello no permitiremos que estos
hechos queden impunes”, señaló.
López Salazar apuntó que en estos
trabajos participan elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (SSPM), Ejército Mexicano y Marina Armada de
México.
De acuerdo a las investigaciones, la
madrugada del cinco de mayo alrededor de 100 integrantes de la Casa del Pueblo
de Bienes Comunales, quienes portaban armas de fuego, piedras y palos, y
desalojaron de forma violenta a 49 familias, anteriormente expulsadas como
resultado del conflicto político interno con la dirigencia actual.
Esta agresión tiene como origen una
añeja disputa por el control de la Casa del Pueblo, lo que se agravó ante la
llegada de José Vázquez Hernández, quien acusó a su antecesor, Bartolomé Pérez
Martínez, del extravío de 67 cabezas de ganado vacuno.
Aunado a lo anterior, Vázquez
Hernández expulsó a 49 familias y dio inicio a los trámites para que se les
desconocieran sus derechos como comuneros, trámite que aún se encuentra en
proceso ante la autoridad federal en materia agraria.
Las acciones violentas se
registraron en diversos barrios de Venustiano Carranza, entre ellos, San
Francisco, El Calvario, Señor del Pozo y San Sebastián.
Durante estos hechos, perdió la vida
Sebastián Martínez Gómez. De acuerdo a la necropsia de Ley, la muerte se debió
a shock hipovolémico secundario a lesión por proyectil de arma de fuego en la
cavidad abdominal, donde se encontró el orificio de entrada del proyectil, con
orificio de salida en región derecha de la espalda.
Además, falleció Jorge Luis Gómez
Gómez a consecuencia de una falla respiratoria secundaria a herida provocada
por proyectil de arma de fuego en el cuello y fractura de vértebras cervicales,
con orificio de entrada en el tercio superior del cuello y orificio de salida
en la región de la oreja izquierda.
También, resultó lesionado Bartolomé
Velázquez Martínez, con la culata de un arma larga, mientras que Antonio Pérez
Mendoza presentó una herida en el antebrazo derecho por proyectil de arma de
fuego.
De esta forma, la Procuraduría
General de Justicia del Estado dio inicio a la averiguación previa
081/CE36/2013, por los delitos de Homicidio, Lesiones, Daños y Atentados contra
la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.
Actualmente el Ministerio Público ha
recabado la declaración de 33 testigos de estos hechos, al tiempo en que se
llevaron a cabo la Fe Ministerial, levantamiento de cadáver, dictámenes
periciales en materia de necropsia de Ley, fotografías, dictámenes en materia
de balística, químico, toxicológico, rodizonato de sodio y prueba de Walker.
De forma inmediata, las autoridades
del Gobierno de Chiapas tomaron las medidas necesarias para resguardar la vida
y la integridad de las 49 familias afectadas, quienes fueron trasladadas a un
albergue de Protección Civil donde reciben alimentación, ropa y atención
médica, en presencia de representantes del Consejo Estatal de los Derechos
Humanos.
Asimismo, la Procuraduría estatal
les ha brindado atención integral en materia victimológica y psicológica.
En el marco de la integración de la
averiguación previa fueron asegurados 42 casquillos percutidos calibre 7.62 X
56, 11 casquillos 7.62 X 39, dos calibre 20, y dos calibre 7.62 X 56, cartuchos
percutidos por armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
De esta forma, se remitió copia
certificada de las actuaciones de la indagatoria a la Delegación de la
Procuraduría General de la República por delitos de su competencia,
contemplados en la Ley Federal de armas y explosivos, con el objetivo de que el
Ministerio Público de la Federación resuelva conforme a Derecho.
