Violencia
y crimen organizado en el campo mexicano
Por estos días las
secretarías de Gobernación y de Agricultura deben rendir un informe sobre la
violencia que se padece en el campo mexicano. Así lo dictaminó la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión el 11 de enero pasado. El asunto es
preocupante porque el sector agropecuario es el que más crecimiento económico
ha registrado en la actual administración, más que el petróleo y el turismo. Riqueza
que ya se disputa el crimen organizado, atraído por la plusvalía que reciben
los grandes agricultores y las compañías trasnacionales de alimentos, porque
los campesinos e indígenas –mano de obra barata— siguen tan pobres como
siempre. Pero también son víctimas y como prueba están los 35 mil desplazados
por conflictos de tierras, despojos y miedo a los narcotraficantes.
La violencia en el
campo es el motivo de que los legisladores hayan dado diez días hábiles de
plazo a las dependencias mencionadas para que digan cuál es la realidad. La
iniciativa fue del senador David Monreal Ávila. Busca reforzar las acciones de
combate a la delincuencia organizada a fin de garantizar la seguridad de los
trabajadores del agro.
El Consejo Nacional
Agropecuario, que representa a las grandes empresas del ramo, asegura que cada
año el quebranto supera los 2 mil 220 millones de pesos en granos, maquinaria,
equipos, fertilizantes, camiones y otros insumos, pérdidas que significan el
0.5 por ciento de la producción nacional, aunque no existen cifras exactas de
los robos. Se estima que es muchísimo más.
El senador zacatecano,
que pertenece al Partido del Trabajo (PT), nos dice que históricamente el campo
mexicano ha sido el sustento de millones de familias y una de las actividades
fundamentales para la economía nacional. Es de los sectores más importantes del
país, herencia milenaria de las culturas prehispánicas, cultura e identidad
nacional.
Basado en la SAGARPA
destaca que la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto
(PIB) es de 4 por ciento, aunque su incidencia es mayor. Fácil supera el 9 por
ciento. Refiere que en el país hay más de 5.5 millones de trabajadores agrícolas.
La mitad son realmente productores, el resto peones o jornaleros que se
distribuyen en todo el territorio nacional. Su escolaridad promedio es la
primaria. Sus salarios son miserables y de ellos depende su salud, la comida y
la sobrevivencia de sus familias. Ahora con los gobiernos neoliberales de los
últimos 40 años a sus penas han debido sumar la falta de seguridad en sus
regiones, pueblos y rancherías. Son víctimas de la extorsión, el secuestro y el
robo del crimen organizado. Miles sólo cultivan para el autoconsumo y aun así
está en riesgo su vida.
David Monreal afirma
en su exposición que los grupos criminales han impuesto el pago de cuotas,
controlado el precio de diversos productos, el pago de cosechas y hasta
manipulan la comercialización. Los jornaleros llevan años entregando el 25 por
ciento de su salario diario. Los que tienen tierra 120 pesos mensuales por cada
hectárea de cultivo –los que se dedican al aguacate y otros productos de
exportación entregan mayor cantidad--; mil pesos por hectárea de maíz y los
encargados de las bodegas no menos de 100 pesos por cada tonelada de grano.
Cuenta Monreal que esto sucede en toda la República, al grado de que
comunidades enteras se están desbaratando por la violencia. Sostiene que es una
realidad que está afectando quizá todavía más que los desastres naturales en
términos de su impacto a largo plazo. Lamentablemente, expresa, la falta de
instrumentos confiables impide conocer la situación real de la afectación del
crimen organizado al campo mexicano. La situación de los campesinos en sí misma
es difícil en razón de la falta de apoyos gubernamentales para la producción y
comercialización de sus productos.
Una vez el obispo –ahora emérito- de Tehuantepec, Oaxaca,
Arturo Lona Reyes dijo al ser entrevistado para PROCESO que la violencia
indígena es legítima defensa. Hoy, lo primero se ha ensañado contra los nativos
ya que el crimen mayor, el de las trasnacionales, ha vuelto sus ojos hacia los
grandes y ricos recursos naturales del país, alentadas por las llamadas
reformas estructurales. Van con todo y por todo, principalmente contra los
defensores del territorio nacional, hartos de los saqueos de minerales, de
bosques, de los energéticos del subsuelo, porque también se roban el viento, el
aire que alimenta a sus empresas eólicas. En consecuencia se han multiplicado
las muertes de dirigentes y autoridades de las más de 60 etnias que existen en
el país con millones de hablantes de lenguas originales. De ello da cuenta con
frecuencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Como se observa, la
violencia de la delincuencia organizada pasa cada vez más del ámbito urbano al
rural o tal vez siempre ha sido así y hasta ahora nos damos cuenta. Una crónica
ilustradora narra que en determinada ocasión “Los delincuentes no pretendían
robarse la traqueteada camioneta de redilas porque la abandonaron cinco
kilómetros adelante. Querían la ‘mercancía´ que iba en la parte trasera, cuyo
valor fue estimado por su dueño en 70 mil pesos. Iban por los tres becerros y
el borrego que su criador cuidó y engordó durante dos años y medio. Carlos es
ganadero desde su adolescencia, cuando su abuelo le heredó el negocio familiar
de cría y venta de becerros. ´Pero ser ganadero ya no deja nada bueno. Uno la
piensa porque ahora te cuesta la vida´”.
En todos los estados
ha repuntado el abigeato clásico de las películas de vaqueros. Sólo que en la
actualidad el robo de caballos, vacas, borregos y becerros –entre otros— se ha
modernizado. Se estima que el delito ha crecido hasta en un 50 por ciento
porque también ha aumentado el valor de los animales. Lo practican grandes
bandas como delincuentes comunes y ocasionales que, según los ganaderos, se
aprovechan del clima de inseguridad que hay en el país. Muchos caen y rápido
salen libres. Los dueños no denuncian por temor a ser secuestrados. Al parecer
ninguna autoridad lleva registro de los robos y lo que antes se hacía de noche
ahora se ejecuta en pleno día: con armas de fuego, se amordaza a los dueños o
cuidadores y se les amenaza o mata si se oponen. La crónica establece que el
producto de los robos se comercializa en rastros clandestinos y también en
negocios legales. El delito se comete en las carreteras principales, pero
también en los caminos serranos poco transitados. Si antes se robaban una o dos
cabezas, ahora son 20 o 30. Bandas bien organizadas asaltan los ranchos a punta
de pistola y apoyados con camiones o tráileres se llevan vacas, toros y
borregos y la mayoría de ellos son animales de engorda, listos para ser
sacrificados y vendidos en las carnicerías o rastros. De cada tres asaltos, dos
no son denunciados.
Tan lucrativo es el
negocio que, de acuerdo con Reforma, el ex Gobernador del PRI de Chihuahua,
César Duarte Jáquez, también resultó cuatrero. Al menos 900 reses que fueron
compradas para apoyar a pequeños productores afectados por la sequía,
terminaron en ranchos del cenecista y de funcionarios de su Gobierno, como
el ex titular de la Comisión de Vivienda Raúl Javalera o de familiares del ex
Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Una investigación de Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que a mediados de 2014, el
gobernador norteño implementó un programa especial de "repoblamiento de
cría" al cruzar reses extranjeras con locales. El plan fue importar mil 48
cabezas de ganado Hereford y Angus, por las que se pagaron 700 mil dólares.
El barco proveniente
de Nueva Zelanda, que llegó en junio de 2015 a Mazatlán, era un edificio
flotante de ocho pisos, cargado de vacas y borregos. Los borregos se fueron al
Estado de México. Las reses se dividieron entre Hidalgo y Chihuahua. Sólo 145
animales llegaron a productores de esa entidad, por lo que muchos más se
quedaron sin vacas. Además, perdieron una parte de los 20 mil pesos que tenían
que pagar por cada res. En documentos oficiales consta que el valor total de
los animales superó los 700 mil dólares, unos 11 millones de pesos, según el
tipo de cambio vigente entonces. Las vaquillas llegaron a México como
"vientres", es decir eran hembras y venían cargadas, así que la
esperanza para los pequeños productores era mayor: obtenían la vaca y una cría
de las razas Hereford y Angus, destinadas a la producción de carne. Pero casi
900 de esos animales fueron a parar a ranchos a nombre del político prófugo.
Mención obligada en el
tema es el del ferrocarril. Como se sabe sus años de gloria de este transporte
se dieron durante el porfiriato y la época revolucionaria. Su importancia se
mantuvo hasta que otro presidente neoliberal, Ernesto Zedillo Ponce de León,
acabó con la transportación de pasajeros sobre rieles. Únicamente respeto el
traslado de grandes volúmenes de mercancías a costos bajos. Y si en 1980 se
compendió a 60 millones de toneladas, la cifra actual casi se ha duplicado. Su
crecimiento anual ha sido del 4.3 por ciento en los últimos 30 años ya que este
medio es vital para el comercio interno y el que va al extranjero.
Reportes de la Agencia
Reguladora del Transporte Ferroviario indican que en los últimos tres meses de
2016 se registraron 508 robos. En el primer trimestre de 2017 se reportaron 125
asaltos más, principalmente en el Bajío que abarca los estados de Guanajuato,
Querétaro y Jalisco. En el período siguiente el dato aportado es de 331 robos a
ferrocarriles en territorio nacional. Los indicadores dicen que en el año que
pasó fueron robadas más de 5, 900 toneladas de granos, 95 por ciento importadas
de los Estados Unidos.
De regreso al exhorto
del senador David Monreal Ávila que hicieron suyo los demás legisladores de la
Comisión Permanente, se reconoce que la SAGARPA –Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación—se encuentra en uno de sus
mejores momentos con una balanza comercial agroalimentaria de superávit, prueba
de que el sector es uno de los motores principales del país. Crece al doble en
comparación con la economía nacional y pronto México ocupará el onceavo lugar
entre los países productores del mundo. Es claro, y esto no lo dicen los
legisladores, que las ganancias de esta actividad no la ven los campesinos que
obligados por la pobreza ceden la tierra y se convierten en peones y jornaleros
de la misma.
Lo que sí dice parte
del dictamen legislativo es que si la situación del campo y de los campesinos mexicanos
por sí misma es complicada y si bien no existe la voluntad política para sacar
de la pobreza a este sector de la economía, lo mínimo que el Gobierno Federal
puede hacer es garantizarles las condiciones necesarias que les brinden
seguridad y tranquilidad para que al menos puedan vivir en paz.
DESDE EL CENTRO
El plantón de esta
semana en la SAGARPA fue de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala
(CNPA-MN)…Difícil se anuncia la nueva ronda de negociaciones para modernizar el
TLCAN, esta vez en Montreal, Canadá…Sin freno la carestía de alimentos y
gasolina…Expertos en cuestiones electorales renombraron la alianza conformada
por el PRI, el Verde y el Panal como Todos Contra México. Al menos así lo llama
ahora la ciudadanía opositora.
Guilllermo Correa Bárcenas
044 55 31 90 09 82
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