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Dulce Olvera
Chihuahua
fue el estado que menos recibió del Fondo para el Fortalecimiento
Financiero (Fortafin) del Ramo 23, al obtener 61 millones de pesos hasta
septiembre de 2017 frente al promedio nacional de mil 023 millones de pesos,
documentó el think tank México Evalúa.
Mariana
Campos, coordinadora de Gasto Público de esa organización civil, aseguró que
este ramo no está regulado a diferencia del Ramo 28 [participaciones)] y el
Ramo 33 [aportaciones] por lo que existe el riesgo de un uso político del
dinero.
El Gobernador
Javier Corral Jurado acusó una represalia económica del Gobierno federal por
una investigación anticorrupción –que incluye al ex mandatario priista César
Duarte Jáquez y al recientemente amparado Manlio Fabio Beltrones, también
integrante del PRI– por lo que interpondrá una controversia ante la SCJN. El
mandatario de Chihuahua puso de ejemplo a los fondos de desarrollo regional,
los de fortalecimiento a la gestión legislativa y los de fortalecimiento
financiero financiados justo por este opaco Ramo 23.
Ante
el control de Hacienda sobre ese dinero, México Evalúa exige que sea regulada
con la Ley de Coordinación Fiscal y destaca el diseño de la dependencia en la
que los encargados del presupuesto son asignados por el Presidente, contrario
al 68 por ciento de los países de la OCDE.
En
las transferencias de recursos a entidades que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) hace en el Ramo 23 y en convenios, al no estar regulados
por la Ley de Coordinación Fiscal como los ramos 28 y 33, existe un riesgo de
que haya un uso político del dinero, así como actos de corrupción, alertó
México Evalúa. Estos recursos no regulados y discrecionales enviados a
Chihuahua bajaron de 2016 a 2017, cuando el Gobernador Javier Corral Jurado
sustituyó al hoy prófugo de la justicia César Duarte Jáquez (2010-2016) sobre
el que pesan 11 órdenes de aprehensión.
En
las estadísticas oportunas de finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda
muestra que a las entidades federativas, además de participaciones [Ramo 28] y
aportaciones [Ramo 33], les envía dinero por otros subsidios, convenios
descentralizados, convenios SEP, convenios Sagarpa, convenios Semarnat y
convenios de reasignación. En todos hubo una baja en las transferencias a
Chihuahua de 2016 hasta noviembre de 2017, como se ve en la tabla.
Sólo
en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) del Ramo 23,
documentó México Evalúa, hasta septiembre de 2017 en promedio los estados
recibieron alrededor de mil 23 millones de pesos y el que menos obtuvo fue
justamente Chihuahua con 61 millones de pesos. El Estado de México fue el
que más recibió con 5 mil 291 millones de pesos.
Considerando
el nivel poblacional con transferencias per cápita, Chihuahua, al recibir 16
pesos, también es el que menos obtuvo y el Estado de México recibió 300 pesos,
detalló en entrevista Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público del think
tank. Los datos del cierre de año, que hacen referencia a diciembre, mes en
que Chihuahua no recibió 700 millones de pesos por un fondo, estarán disponibles
el 31 de enero.
En
2016 este Fortafin tuvo un presupuesto aprobado de mil 560 millones de pesos
para los estados, pero se ejerció 65 mil millones de pesos. Es decir, 64 mil
millones de pesos más (4104 por ciento más).
“En
el presupuesto de egresos y las distintas bases trimestrales que da a conocer
la SHCP no se conoce a qué estados se les aprobó recibir los recursos de
Fortafin. Esto significa que la Cámara de Diputados aprobó ese presupuesto sin
saber a qué gobiernos locales iría dirigido. Debido a que la mayor parte de los
recursos del Fortafin se ejercen sin haber sido aprobados por la Cámara de
Diputados, la decisión sobre dichas asignaciones la toma el Poder Ejecutivo a
través de la SHCP”, expuso México Evalúa.
Luego
de que el mandatario panista acusó al Gobierno federal de “represalia
económica” por detener a Alejandro Guitérrez Gutiérrez, ex secretario general
adjunto del Partido Revolucionario Institucional y acusado de peculado por 250
millones de pesos con fines partidistas, la SHCP emitió un comunicado.
Durante
2017, expuso la dependencia hacendaria, en el Ramo 28 de participaciones
federales, Chihuahua recibió 23 mil 387 millones de pesos, 3 mil 41 millones de
pesos más de lo recibido en 2016, un 14 por ciento más. En cuanto a las aportaciones
federales correspondientes al Ramo 33, recursos dirigidos a salud, educación y
seguridad, la entidad obtuvo 19 mil 669 millones de pesos, 911 millones de
pesos más que en 2016, un 4.8 por ciento más.
Sin
embargo, la investigadora Mariana Campos destacó que la dependencia omitió
documentar las otras vías de transferencias que, a diferencia de los ramos 28 y
33, no son reguladas: el opaco Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, que
financia los fondos de desarrollo regional; fortalecimiento a la gestión
legislativa y fortalecimiento financiero referidos por el Gobernador Javier
Corral.
A
través de este último Ramo se financian programas con objetivos diversos que
van desde el manejo de fondos relacionados con provisiones salariales y
prestaciones de seguridad social; administración de fondos asociados al control
presupuestario y al uso de ingresos excedentes hasta la distribución del gasto
federal en entidades federativas y municipios para impulsar obras de
infraestructura y programas de desarrollo regional. En 2016, al Ramo 23 se le
aprobó un presupuesto de 146 mil millones de pesos, pero ejerció 74 por ciento
más.
El 14
de diciembre, dijo Corral en conferencia de prensa, el Gobierno de Chihuahua y
la Secretaría de Hacienda “suscribieron varios convenios en los que la
dependencia le entregaría recursos para varios programas de desarrollo regional
por 44 millones 777 mil pesos; de fortalecimiento para obras diversas de
gestión legislativa por 35 millones 304 mil pesos; y un convenio de
fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones de
pesos a fin de que el estado cuente con recursos suficientes para concluir el
ejercicio fiscal 2017”.
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Estos
700 millones de pesos convenidos, acusó, no fueron depositados. Ante ello,
interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) en contra de la Secretaría de Hacienda por incumplir un
convenio.
“El
motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra
entidad es el desarrollo de esta investigación [triangulación de recursos de
Hacienda al Gobierno de César Duarte Jáquez y al PRI] que ocurre en las
instancias judiciales en búsqueda de combatir la corrupción política […] En
suma, el gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el Gobierno de
[Enrique] Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a
César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos”, expuso el lunes
Corral Jurado en compañía del Grupo Encuentro Chihuahua e integrantes del
Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.
Contra
Duarte Jáquez, quien dejó una entidad con una deuda pública de más de 50 mil
millones de pesos, giran 10 denuncias presentadas por la Fiscalía General del
Estado de Chihuahua por el desvío de mil 200 millones de pesos del erario
público y otra orden, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade), lo señala del desvío de 79 millones de pesos de las arcas
estatales. El ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, se
amparó para no ser investigado al respecto.
José
Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, dijo en entrevista radiofónica
que el Gobernador Javier Corral se queja de que no se han pagado cuatro
convenios, pero, afirmó, el 29 de diciembre se entregó una ayuda adicional al
gobierno de Chihuahua y otra no se dio por un error en la cuenta bancaria.
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“Uno
se pagó el 29 de diciembre, otro nos dieron una cuenta de banco equivocada,
entonces no lo pudimos depositar. Nos dieron la cuenta adecuada ayer”,
aseguró. Sobre el convenio de los 700 millones de pesos, el Secretario
argumentó que no fue pagado debido a que no hay suficiencia presupuestaria. “La
cláusula dos del convenio dice que estos recursos están sujetos a suficiencia
presupuestal”, aclaró.
A
diferencia de Corral, quien aseguró que Chihuahua fue la única entidad en no
recibir los fondos, el titular de Hacienda aseveró que hubo otros estados a los
que tampoco se pagaron, pero no especificó cuáles.
CONTRA
EL CONTROL DE SHCP EN RAMO 23
La
Ley de Coordinación Fiscal establece en el ramo 28 y ramo 33 las fórmulas de
cómo se debe entregar el dinero a cada estado, por lo que la Secretaría de
Hacienda no determina el monto. Pero en el ramo 23 y en los convenios no está
obligada a darle a todos los estados “y eso da la oportunidad de que diga
cuándo sí y cuándo no, por lo que al no quedar definido puede prestarse a
motivos que no están relacionados con el desarrollo o necesidades del estado”,
afirmó Mariana Campos, de México Evalúa.
Al no
estar regulados, dijo Campos, no hay un objetivo oficial o reconocido de estas
asignaciones, por lo que son discrecionales y “genera un riesgo de que
haya un uso político del dinero”.
Una
de las razones por las cuales el Ramo 23 es propenso al uso político, es que a
través de él se crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos locales
para financiar proyectos de inversión física, entre otros apoyos, programas que
la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado estar caracterizados
por la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así
como por la carencia de lineamientos.
Ante
ello, México Evalúa desde 2014 ha alertado que es importante disminuir la
discrecionalidad existente en este ramo, por lo que debe ser parte de la Ley de
Coordinación Fiscal o debe emitirse una Ley para regular el objetivo de esta
caja, aseguró Mariana Campos.
También
es necesario monitorear en tiempo real las asignaciones que se hacen a las
entidades para fortalecer la rendición de cuentas y transparentar todos los
convenios. Los datos disponibles, por ejemplo, no muestran diciembre, justo el
mes en que hubo el desencuentro entre Hacienda y el gobierno de Chihuahua.
Asimismo,
“hace pensar” en el modelo de gobernanza de la Secretaría de Hacienda porque
los encargados del presupuesto son nombrados por el Presidente. En el 68 por
ciento de los países de la OCDE, contrastó Campos, son personal de carrera que
no cambian entre administraciones.
El
Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, expuso en la conferencia de que
“estamos conscientes de que hemos tocado el modus operandi de
la corrupción en México de la que toda la nación habla con la diferencia de que
nosotros la hemos acreditado técnica y documentalmente”, por lo que no va a
ceder “ni por 700 millones ni por todo el presupuesto de Chihuahua porque a la
larga todo México pierde”.
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