Por:
ABIGAIL A. CORREA CISNEROS
ENORME
HARTAZGO CONTRA LA BUROCRACIA
‣La
propuesta del paquete económico para 2021 tendrá un recorte de 13 por ciento
para la CNDH
‣El
país enfrenta un entorno complicado debido a la inseguridad, la violencia, la
falta de cumplimiento y aplicación de la ley, la corrupción, impunidad
El colectivo feminista que tiene tomada
las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de
México exhibe la desesperación de víctimas de la delincuencia. Pero también es
un grito a las autoridades, que demanda la atención inmediata a solucionar
casos de violación, desaparición, abusos de fuerzas policiales, entre otros.
La propia CNDH ha dado a conocer en
diversas ocasiones la crisis que atraviesa México en el tema de derechos
humanos. El país, desde hace años, enfrenta un entorno complicado en estas
cuestiones debido a la inseguridad, la violencia, la falta de cumplimiento y
aplicación de la ley, la corrupción, impunidad, así como ausencia de mecanismos
efectivos de rendición de cuentas.
Miles de desaparecidos, torturas, el
desplazamiento de familias indígenas por disputa de tierras, la violencia de
género, ataques contra periodistas y activistas ambientales, explotación y abuso
contra migrantes, son delitos que van en aumento en el país.
La CNDH emitió 29 recomendaciones en lo
que va del año. En 2019, en el mismo periodo se reportaron 59. Según el Informe
de Actividades del 2019, con base en 167 expedientes de queja e inconformidad
resueltos, el año pasado se emitieron 99 recomendaciones particulares y 15
por violaciones graves, además de 7 recomendaciones generales, para un total de
121 instrumentos recomendatorios.
De las 90 recomendaciones ordinarias,
emitidas el año pasado, 78 fueron dirigidas a autoridades. Las seis que fueron
destinatarias de mayor número de recomendaciones durante este periodo son
el IMSS, con 21; la Procuraduría General de la República, con 13;
la Comisión Nacional de Seguridad, con 10; la Fiscalía General del
Estado de Chiapas y la Secretaría de la Defensa Nacional, con cinco
casos cada uno; y los gobernadores de Chiapas y Veracruz,
la SEP, la SEMAR y la SEMARNAT, con cuatro,
respectivamente.
El descontento se debe a que, pese a que
las recomendaciones de esta comisión se aceptan, se cumplen parcialmente y con
lentitud. Basta mencionar que hay 5 casos que llevan más de 10 años sin que se
cumplimenten.
Para el 2021, el presupuesto que
recibirá la CNDH tendrá un recorte de 13 por ciento, es decir, 194 millones 301
mil 992 pesos, de acuerdo con la propuesta del paquete económico que el
Ejecutivo federal envió a la cámara de diputados. El presupuesto proyectado es
de mil 679 millones 905 mil 810 pesos. “Para el ejercicio 2021 el objetivo es
la renovación de la CNDH, es por ello que es necesario entablar una
reingeniería institucional que permita hacer de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos una institución más eficiente y menos costosa”, se lee en el
documento. Lo importante es que la función de la Comisión, que es promover y
proteger los derechos humanos, en especial ante la perpetración de abusos por
parte de funcionarios públicos o del Estado, tenga efecto.
Desde el inicio del gobierno que
encabeza Andrés Manuel López Obrador se mantiene un plan de austeridad estricto
que tiene en descontento a algunos sectores. Asimismo, en los gobiernos
anteriores las trasgresiones a los derechos humanos se dispararon; los
funcionarios públicos negaron abiertamente el alcance de las desapariciones
forzadas, la tortura y otras violaciones. La obstrucción de la justicia fue
común en investigaciones, como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
Incluso el gobierno avivó extensas campañas de criminalización contra las
víctimas.
Al respecto, el presidente López Obrador
ofreció disculpas públicas y reconoció también que México está lleno de fosas
clandestinas. Lo que esperan las víctimas es justicia. La sociedad mexicana
necesita que además de combatir la corrupción, se consoliden las reformas al
sistema de justicia penal de México. Efectuar plenamente las leyes históricas
aprobadas en 2017 para combatir las desapariciones y la tortura y fortalecer el
marco institucional del país para finalmente dar respuestas a las decenas de
miles de familias de personas desaparecidas.
A decir de Gina Hinojosa y Maureen Meyer,
expertas en el tema e investigadoras de la Oficina de Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), “el gobierno mexicano debe
garantizar mecanismos sólidos de control interno y externo sobre las fuerzas de
seguridad y los agentes de migración de México. Esto debe incluir la garantía
de la autonomía de la CNDH, que tiene un papel importante de supervisión sobre
las instituciones gubernamentales”.
En el reporte El estado de derecho en
México: 11 años después de las reformas de justicia penal, las
especialistas destacan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la
oportunidad de proporcionar a este sistema los recursos que necesita para
enfrentar los desafíos. Para esto, señalan que es necesario el apoyo a las
reformas de 2008, que exigieron la
aplicación de un sistema penal acusatorio a escalas nacional y estatal. También se deben afianzar las dos leyes
que México aprobó en 2017 para abordar la tortura y las desapariciones.
Del 1 de
septiembre de 2019 al 30 junio de este año, 38 mil 467 personas fueron
reportadas como desaparecidas, de las cuales 15 mil 837 siguen sin ser
localizadas. En el Segundo informe de gobierno, se reportó la atención a mil
348 personas desplazadas de Tierra Caliente y Costa Grande de Guerrero, así
como la entrega de alimentos a 343 personas desplazadas de Chilón, Chiapas.
También
menciona los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos. El
documento indica que 240 personas se incorporaron al Mecanismo para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de manera
que a junio de este año hay mil 258 personas inscritas: 396 periodistas y 862
defensoras de derechos humanos.
Sobre la
violencia contra niñas y mujeres, se atendió a 150 mil 201 personas en los 48
Centros de Justicia para Mujeres distribuidos en 28 entidades, y en ocho
estados se destinaron 124 mil 201 millones de pesos para fortalecerlos.
Son
acciones positivas que se siguen opacando por el incremento de feminicidios en
México, que entre enero y julio de 2020 alcanzaron 566 casos, “lo que
representa un aumento de 5.4% respecto a 2019 (536) y de 9.6% respecto a 2018
(516)”.
DESDE EL CENTRO
La minera
canadiense Equinox Gold contaminó mantos acuíferos de Guerrero, por lo que
ejidatarios y campesinos padecen la falta de agua. La trasnacional se
comprometió a mejoras en salud, infraestructura, becas y obras, pero no ha
cumplido. Los pobladores que mantienen un paro en la mina Los Filos, demandan
que la empresa cumpla con las cláusulas del contrato que signaron en 2019. Los
campesinos sostienen que negociarán con las condiciones del ejido, “porque ya
no vamos a tolerar más discriminación ni que la empresa se venga a burlar del
pueblo” …Hombres del campo afiliados a la Confederación Nacional de Productores
Rurales realizarán una serie de manifestaciones al margen de su dirigente
Eduardo Orihuela Estefan, pues dicen, no representa ni a su sombra.
abicorrea79@hotmail.com
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