Mary Jose Díaz Flores
En los primeros días de este mes, el
secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, anunció un
ajuste al gasto público por 124 mil millones de pesos, que incluye la
cancelación del tren peninsular, la suspensión indefinida del Tren México Querétaro
y un plan de austeridad en gasto corriente destinado a servicios personales,
operación y algunos subsidios. Lo bueno de este anuncio fue qué no se
incrementarían los impuestos, ni se crearían nuevos y, por supuesto, el hecho
de que no se contraerá deuda pública. Se habló también de una reducción de 10%
en la partida de servicios personales para mandos medios y superiores; además
de que se racionará el gasto en asesorías, telefonía celular, viáticos y
pasajes aéreos.
Sin embargo, todo parece indicar que esta
medida no aplicó para el Senado de la República, donde se aumentó la partida
presupuestal destinada al pago salarial de asesores de 75 mil pesos mensuales a
100 mil pesos, en un rubro que por cierto no es nada transparente pues los
Senadores pueden o no contratar a personal considerado en esta partida, para la
cual se ejercen anualmente un monto de 153 millones de pesos, que los mexicanos
estamos obligados a desembolsar a través de nuestros impuestos.
De tal forma que los 128 Senadores
recibieron un incremento de 33.33 por ciento para el pago de salarios a
asesores, mientras que el salario mínimo para todos los trabajadores del país,
este año aumentó solo el 4.20 por ciento, es decir, una abismal
diferencia. Por cierto este recurso de 100 mil pesos, es independiente a la
dieta mensual a la que tienen derecho los Senadores y que de acuerdo al manual
de percepciones de Senadores y Servidores Públicos de mando, es de, 117 mil
pesos mensuales. Lo cuestionable de este tema es que no siempre se contrata al
personal para lo que están destinados los 100 mil pesos, por lo cual este
recurso se convierte en un fondo que termina sirviendo para intereses
personales de los senadores y muy distintos al trabajo legislativo, al igual
que los fondos que recibe cada legislador para las famosas casas de enlace. En
nuestro estado encontramos que Roberto Albores del PRI, despacha en el CEE de
su partido, Luis Armando Melgar del PVEM, no tiene oficinas, y Zoé Robledo del
PRD, tiene un espacio que no es conocido, mientras que el resto de los
legisladores solo uno o dos cuenta con una casa de gestión, es decir se
embolsan los recursos destinados a este fin. Así que como podemos ver, las
medidas hacendarias donde se racionan gastos en diversos rubros no se aplican
con la misma medida para todos y los legisladores predican con ese famoso dicho
de que “se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, pero no en
los míos”.
CON
FILO
Ayer se ratificó en la Secretaría General
de la Unach a Hugo Armando Aguilar Aguilar, de esta manera se garantiza la
estabilidad de las distintas facultades de la máxima casa de estudios pues es
de todos sabidos que Aguilar tiene una gran capacidad de negociación, pero
además afinidad con las diferentes corrientes que se mueven al interior de esta
institución. Por cierto el rector de la Unach, Carlos Eugenio Ruiz, anunció que
se haría una investigación sobre la fuga de exámenes que se detectó en la
facultad de Medicina Humana. En este sentido, esperamos que el funcionario en
breve informe los resultados y no solo se quede en declaraciones, pues él
conoce bien el funcionamiento de esta facultad en la que no solo dio clases,
sino que fue director por lo tanto las indagatorias deben ser reales ya que los
egresados de esta facultad tienen en sus manos la vida de personas, por lo
tanto debe haber verdadera vocación en quienes concluyan la carrera, para que
no luego dictaminen cáncer por una gripe o tumores donde no los hay. Estaremos
atentos a los resultados de esta indagatoria.
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