‣El sector campesino ha sido uno de los principales
afectados
‣Es en el campo, ya sean productores o jornaleros,
son sometidos a la voluntad de los grupos criminales
Por: MARCO ANTONIO ORTIZ SALAS*
Este título puede ser sumamente llamativo para los detractores de Andrés
Manuel López Obrador, sin embargo, no se pretende en estás líneas abonar a la
polarización política que beneficia a los grupos identificados con la derecha
más recalcitrante de este país. Todo lo contrario, la verdadera intención es la
de reflexionar sobre los lamentables acontecimientos suscitados el jueves 17 de
octubre en Sinaloa, donde un operativo fallido para ejecutar la orden de
aprehensión con fines de extradición de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos
de Joaquín Guzmán Loera, derivó en actos sumamente violentos y enfrentamientos
que dejaron un saldo de más de 50 reos evadidos, 16 heridos y 8 muertos. Más
allá de la actuación del gobierno se hace necesario reparar sobre la
posibilidad de conjuntar los esfuerzos de todos los actores de la sociedad para
desarrollar un esquema integral de colaboración capaz de lograr la pacificación
del país, aún cuando esta pacificación en México sea considerada una de las
utopías más anheladas por todos.
Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, el sector campesino ha sido
uno de los principales afectados toda vez que a diario se enfrentan a
secuestros, robos y violencia generalizada, sobre todo de quienes pertenecen a
las zonas rurales más alejadas y de difícil acceso. Es en el campo donde los
labriegos, ya sea productores o jornaleros, son sometidos a la voluntad de los
grupos criminales quienes les imponen todo tipo de cuotas por las cosechas,
además de que, en la mayoría de los casos, les son controlados hasta los
precios, esto aunado a quienes llegan a ser obligados a trabajar en los
sembradíos de cultivos ilícitos. Si a esta situación por demás alarmante se
suma el hecho de que los altos índices de inseguridad configuran una nueva
modalidad de desplazamiento forzado, termina condenando a algunos campesinos a
vivir en las peores condiciones de vida por el empobrecimiento y marginalidad a
las que se les somete y a algunos otros a abandonar sus tierras.
Sobre esta situación parte la primera reflexión relacionada con los
sucesos violentos de Sinaloa y que para los campesinos es la más importante. Si
el propio Estado se ve rebasado ante el poder los cárteles de la droga, no es
difícil imaginar las enormes desventajas y desamparo de los trabajadores del
campo. Por eso el Estado debe implementar urgentemente un plan de acción que
dote de recursos necesarios al fomento para la actividad productiva, sobre todo
en las comunidades con mayor rezago y marginación, toda vez que la creación de
unidades productivas y mecanismos de comercialización fortalecerían y
consolidarían la economía desde abajo, es decir, desde el primer eslabón donde
el narcotráfico penetra su actividad ilícita. Esto desde la visión más sensible
sobre el desarrollo agropecuario del pequeño productor y no bajo la
implementación de programas neoliberales que hasta la fecha han demostrado su
poca efectividad. A eso habrá que sumarle la inoperancia de los actuales
funcionarios de la SADER que insisten en informar al presidente resultados
alejados de la realidad. Contrario a una estrategia tan simple como la que aquí
se señala, al sector que más se debiera de dotar de recursos, es al que más se
le castiga con el presupuesto. Hoy pareciera que ningún funcionario es capaz de
informar al presidente que una alternativa real, con resultados tangibles en la
lucha contra el narcotráfico, debe ser el fortalecimiento de las actividades
campesinas desde una visión institucional.
La segunda
reflexión es sobre la postura del presidente ante los hechos de violencia
suscitados y que pusieron en jaque a todo el gobierno en materia de seguridad.
Se ha generado todo un debate, más por la actuación del gobierno que por el
hecho en sí. La polarización política cae en lo burdo al desdeñar los orígenes
y las causas del conflicto, así como las posibles medidas de solución. Si de
acuerdo con el Artículo 89 fracción V de nuestra Constitución, es obligación
del presidente de la república “Preservar la seguridad nacional, en los
términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada
permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la
seguridad interior y defensa exterior de la Federación” y si la seguridad
nacional fundamentalmente es la condición o
situación de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado mexicano a su
población, entonces ¿por qué la vieja oligarquía y los poderes fácticos de éste
país, condenan la decisión de AMLO de abortar el operativo de captura del hijo
de Joaquín Guzmán Loera con la intención de proteger a cientos de ciudadanos
inocentes?
La derecha está de fiesta con estos acontecimientos, el ejército
apabullado, los narcos ganadores y el gobierno en crisis, pero más allá de
asumir una postura responsable, los verdaderos opositores de AMLO buscarán
exprimir hasta el tuétano la raja política de esta lamentable situación. A
quienes nuestros orígenes son en la izquierda, nos queda pugnar por generar
nuevas condiciones de participación política en la que ponderemos los anhelos
de paz de todos sobre la necesidad de subsistir políticamente como el PAN y sus
aliados.
Marco Antonio Ortiz Salas*
Secretario General de la Coalición de Organizaciones Democráticas,
Urbanas y Campesinas (CODUC)
Contacto.
Luis Tovar. Cel: 55 30 58 61 83
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