ESCENARIO

POR: RAFAEL VICTORIO RUIZ

IMSS

La enfermedad renal se presenta en forma silenciosa, al inicio no presenta síntomas y cuando se detecta ya se encuentra en etapas avanzadas o terminales; quienes la padecen se tienen que someter, ya sea a un trasplante o por lo menos a procesos de diálisis o hemodiálisis, generando múltiples problemas para el paciente y su familia, no solamente por el cuidado a la salud sino también en lo económico.

Es la obesidad la causa principal de ese padecimiento, generadora también de la diabetes y la hipertensión arterial, que en México se han convertido en serios problemas de salud pública y las instituciones oficiales del ramo, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, prácticamente ha sido rebasado por la demanda de servicios en esa materia. En el Hospital General de Zona 01 en Tapachula, los espacios y equipos con que cuentan ya no son suficientes para brindar atención de calidad a todos los pacientes.

Pero sumado a ello, en las últimas semanas se han multiplicado los problemas, porque muchos de los derechohabientes que requieren ese tratamiento necesitan ser trasladados en ambulancias y el IMSS no las tiene y cuando alguna está disponible, no hay chofer que la maneje. El recién nombrado delegado estatal interino, Roberto Sánchez Moscoso, parece que no se ha dado cuenta de la problemática, aunque venía ocupando la Jefatura de Servicios Médicos, pero al interior de la institución se especula que pasa más tiempo en su clínica particular en la capital del estado que atendiendo los asuntos en el Seguro Social que son muchos.

El caso de los que padecen insuficiencia renal es uno de los más delicados, porque la falta de la prestación del servicio de diálisis o hemodiálisis pone en riesgo la vida del paciente. La carencia de ambulancias para el traslado de quienes no pueden llegar por su propio pie es una problemática seria, porque los derechohabientes se han ganado el derecho de contar con el mismo, pero ante la urgencia de recibir el tratamiento pagan los viajes y ello les genera gastos. Un viaje de ida y vuelta del centro de Tapachula al IMSS lo cobran hasta 600 pesos.

Muchos de los pacientes por esa enfermedad denuncian las afectaciones que sufren tanto en su salud como en su economía por esa situación. Se sienten abandonados y cada día que pasa los problemas se agudizan. Es una situación muy crítica que debe ser atendida por los directivos del IMSS a nivel central encabezados por el chiapaneco Zoé Robledo Aburto, quien debería ser el más interesado en que en su estado natal se mejore el servicio y sea de calidad y calidez, como dice el slogan de la institución.

El solo hecho de la saturación del área ya es un problema y se le suma la falta de ambulancias o choferes, lo cual pone en riesgo la salud de los enfermos. Hace algunas semanas tuvieron que cerrar el espacio donde se encuentra el equipo de diálisis y hemodiálisis por una fuga de aguas negras, teniendo los pacientes que esperar hasta cuatro días para recibir su tratamiento. Es más, se dice que los recursos destinados para atender a este tipo de pacientes, es insuficiente y el número de enfermos va en aumento constante, por lo que especialistas consideran que la insuficiencia renal es una enfermedad mortal para ellos, pero también catastrófica para la economía de sus familias.

Los especialistas señalan que si bien la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, no revierten en daño renal, es decir, no cura la enfermedad, su utilidad consiste en hacer el trabajo del riñón y por ello requieren una atención constante, porque muy pocos son los pacientes que logran que algún familiar les haga una donación de un órgano nuevo.

Por el momento, en el caso del IMSS en Chiapas es necesario que se ponga atención en el área de atención renal, no solamente en Tapachula sino también en Tuxtla Gutiérrez, donde se concentra el mayor número de pacientes, porque el servicio ha sido muy deficiente y ha ido de mal en peor en detrimento de los derechohabientes.

A escena

La visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, a la frontera sur del país deberá hacer reflexionar no solo a él si no a las autoridades federales, con las que se reunirá hoy lunes en la capital del país, sobre la necesidad de voltear los ojos hacia esta región y atender la problemática en forma integral. No se trata solamente de solicitantes de asilo, sino de miles de extranjeros que solamente requieren el permiso para cruzar territorio mexicano hacia los Estados Unidos y Canadá, asunto que se complica cada día más. No se trata de un tema menor, porque siguen llegando extranjeros de muchos países, sobre todo extracontinentales y no encuentran una respuesta del Instituto Nacional de Migración (Inami). Decir que se han registrado a más de cien mil en lo que va del año solamente en la delegación de Chiapas y que la Comar ha recibido más de 48 mil solicitudes de asilo, es muestra que el fenómeno sigue registrándose y no se vislumbra una salida. Ojalá que las propuestas del funcionario de la ONU sean escuchadas por el gobierno federal, porque también la población local se está cansando y no se debe esperar que ocurra algo que ponga en riesgo la estabilidad de la zona. Por cierto, se dijo que las instalaciones de la TAR de Pemex sí serán utilizadas por la Comar, aunque todavía tendrán que ser sometidas a un proceso de remodelación y sean seguras, tanto para los migrantes que inicien su procedimiento de solicitud de asilo como para el comercio y la población estudiantil que todos los días acude a esa zona del sur de Tapachula… Ni bien han iniciado los informes de los alcaldes por el primer año de administración y en varios casos los habitantes de los respectivos municipios ya están pidiendo que se les investigue y hagan auditorías, porque no ven en donde han ido a parar los recursos públicos, como el caso de Mazatán, en donde Gilberto Barrientos Coyotzi, es sindicado hasta de proteger a bandas delictivas… Hasta la próxima.