Por: A. Marroquín / EL SOL DE CHIAPAS
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Jueves 15
de Noviembre 2018.- Ante el riesgo y el miedo de ser baleados o
asesinados por grupos paramilitares, casi dos mil indígenas tzotziles
comenzaron a desplazarse de manera forzada por la creciente violencia en la
comunidad de Chavajebal, en el municipio de El Bosque, donde hasta el momento
se reporta la muerte de tres personas, en tanto que el gobierno sustituto de
Manuel Velasco, no le importa atender la situación.
El Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, informó que desde el 7 de noviembre comenzaron a
desplazarse de manera aproximadamente mil 764 personas, indígenas en situación
de vulnerabilidad que requieren atención humanitaria.
De acuerdo a testimonios, el
Frayba informó que mientras se realizaba una asamblea comunitaria, sonó una
detonación y posteriormente se escucharon disparos.
La parroquia de El Bosque
comunicó que la feligresía local se encuentra brindando atención humanitaria en
la cabecera municipal a desplazadas de Chavajebal y otras comunidades de los
municipios de Chalchihuitán, Simojovel e incluso de San Cristóbal de Las Casas,
donde se mantiene la llegada de más indígenas.
Asimismo, el centro de derechos
humanos indicó que una comisión de la Pastoral Social de la Diócesis de San
Cristóbal, informó que el 10 de noviembre visitó la comunidad de Chavajebal y
encontró a 50 personas que no habían salido, entre ellas ancianas y ancianos.
El Frayba reportó que en las
montañas continuaban cerca de 500 personas desplazadas forzadas, sin abrigo,
techo, ni medicamentos, siendo mayoría mujeres, niñas y niños, entre ellas
cuatro embarazadas, “de una de ellas nació un bebé en la montaña, también
registró 2 niños solos y dos personas de 80 años”.
Tras recorridos en la comunidad,
el Frayba constató que las casas se encuentran abandonadas sin daño alguno, en
los corrales algunos animales han muerto pero no hay saqueos.
De esta forma, expuso que se
sigue incrementando la cifra de desplazamiento forzado en Los Altos de Chiapas,
entre ellas las de comunidades tzotziles desplazadas en los municipios de
Chalchihuitán y Aldama, donde a consecuencia de este fenómeno se intensifican
la crisis humanitaria y las graves violaciones a derechos humanos de los Pueblos
Originarios ante la omisión Estado.
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