Por: José Luis Álvarez / El
Contribuyente
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Editorial Vixin S.A. de C.V.
Hace algo más de una semana, el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que presentaría
una iniciativa de ley con la que pondría fin a la fiscalización de las
empresas. En su momento se le denominó Ley de Responsabilidad Ciudadana.
El día de ayer, el coordinador de
la bancada de Morena en el senado, Ricardo Monreal, finalmente presentó el documento con la iniciativa de ley, que finalmente se
llamará Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, y cuyo contenido ya había sido
establecido en sus líneas más gruesas por AMLO.
En la justificación de la
iniciativa de ley, el senador arguye el restablecimiento de la confianza de la
ciudadanía y el combate a la corrupción como los principales motivos de esta
iniciativa de la Ley. La idea que la anima es que, en lugar de que las
dependencias federales (lo que incluye al SAT) escruten activamente a los
ciudadanos para verificar que hayan cumplido con sus obligaciones, éstos podrán
inscribirse, bajo protesta de cumplir con sus obligaciones, en un padrón
(denominado Padrón Único de Confianza) controlado por la Secretaría de Economía
(SE).
Estar inscrito en este padrón
otorgará beneficios y facilidades administrativas (aún por determinar) y exime
a los ciudadanos de las revisiones tradicionales; en su lugar participarán en
sorteos de periodicidad aún por determinar, en los que se seleccionará
aleatoriamente al 1% del padrón para ser revisados. Las personas que hayan dado
información falsa perderán su inscripción, sus beneficios, y serán sometidos a
revisiones continuas.
Una de las principales interrogantes
que quedaban era si esta ley no pondría trabas a las metas recaudatorias del
gobierno, pues, uno podría sospechar que una vez aprobada ésta, habrá una
migración masiva a este esquema de fiscalización basado en la confianza y el
azar, con lo que las posibilidades de ser auditado podrían bajar. Sin embargo,
la fracción VII del artículo 11 del proyecto de la Ley de Fomento a la
Confianza Ciudadana parece que se blinda contra esta posibilidad, pues
establece que un órgano de la SE determinará los criterios de admisión en el
Padrón “en consideración las particularidades y el marco jurídico y
normativo que regula cada actividad económica”. Es decir, parece que no
cualquiera podrá inscribirse sin más.
Suena a que, después de todo, la
confianza que depositará en los ciudadanos no será ciega.
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