Humberto Luna, abogado,
defensor de trabajadores
pensionados
del STUNAM.
|
* Hay
desinterés de los trabajadores mexicanos por saber cómo se maneja el dinero que
formará su pensión; "lo que aquí ocurre es un robo. Si revisamos casos
aislados de los trabajadores podemos ver que les están quitando más de un
millón de pesos por pensionado", dice Humberto Luna, abogado de
trabajadores; el camino estaría en obligar a las CIEFORES responsables de
administrar las inversiones de las Afores para que por ley lo hagan en
instrumentos como las FIBRA's y CECADES en lugar de invertir en papeles de
renta variable en la BMV, destaca el investigador del CESOP, Giovanni Jiménez
Bustos
Por Tere López Zamudio
Ciudad de México, a 2 de Octubre de 2017.- La opacidad con la
fue armado el manejo de las Afores desde el Congreso de la Unión tiene al
sistema de pensiones a punto de la quiebra y a la economía mexicana sobre una
bomba de tiempo, advierten investigadores al comprobar que en el Presupuesto de
Egresos enviado por la Federación para 2018 se sigue apostando en utilizar los
recursos de las jubilaciones como “caja chica” con el riesgo de dejar a
millones de trabajadores con las manos vacías.
Tal como ha ocurrido con el modelo de pensión chileno, el
sistema mexicano de pensiones y jubilaciones está a punto de colapsar porque el
gobierno utiliza los fondos de los trabajadores en el gasto corriente y no para
inversión que dejé dividendos, explica el abogado y representante de la
Organización de Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional Autónoma de
México (OJUPE), Humberto Luna y advierte que nadie sabe dónde están los
rendimientos y recursos que deberían integrar el fondo de pensiones, cuyo monto
se estima en alrededor de 10 billones de pesos.
Y es que, en virtud de una población en envejecimiento a
pasos agigantados, de un número cada vez menor de trabajadores formales, aunado
a la falta de ahorro voluntario y a los pocos mecanismos para cubrir los gastos
del gobierno, el sistema de pensiones se ha convertido en la principal
herramienta para operar financieramente y generar liquidez para el gobierno de
la República, recursos que maneja con una enorme opacidad y sin rendir cuentas
sobre la utilización de dichos recursos.
El proyecto de Egresos para 2018 enviado por el Ejecutivo
contempla 700 mil millones de pesos sólo para el pago de pensiones; la cifra es
enorme y equivale al 10 por ciento del presupuesto programable, mayor que el
presupuesto otorgado a las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Salud,
en conjunto.
Esos 700 mil millones de pesos se irán a las 59 millones de
cuentas concentradas en las 11 Afores existentes en el país, pertenecientes a
los 39 millones de trabajadores afiliados a algún sistema de seguridad social y
cuyo fondo total resulta en la cifra citada cercana a los 10 billones de
pesos.
"Por el momento nadie tiene claridad de dónde están esos
10 billones de pesos. Si esos recursos se fueran a inversión productiva aún
existirían, sin embargo, este dinero se ha utilizado para cubrir los consumos
gubernamentales", afirma Humberto Luna, al explicar que en los años recientes
el principal usuario y consumidor del dinero de los trabajadores y manejado por
las Afores, ha sido el propio gobierno de la República, al usar tales fondos
para cubrir su gasto corriente (consumido en pago de sueldos y salarios y
compra de insumos, etc., gasto que no produce ni interés ni utilidades) y tal
uso indebido impide que ese dinero se mantenga, se eleve como resultado de
inversión, sino que vaya mermando a pasos alarmantes.
“Es como si una familia pidiera un préstamo y en lugar de
utilizarlo para crear un negocio y generar más recursos, se utilizar para
comprar alimento o en unas vacaciones; ese dinero no tendría modo de
recuperarse. Así, el dinero ahorrado por los trabajadores está siendo utilizado
para cubrir los gastos que tiene el gobierno en sus distintos niveles, pero sin
un retorno de inversión”, explica.
"Cuando se denunció ‘La estafa maestra’, el informativo
Animal Político descubrió un fraude por 7 mil millones de pesos. Ahora imaginen
que anualmente accedas a 700 mil millones de pesos para la seguridad social. No
existen datos, ni fuentes de información de cuánto de ese dinero verdaderamente
se entrega a los trabajadores, ni a quien se entrega, ni cómo ni cuándo. No
sabemos a dónde se va ese recurso", precisa Giovanni Jiménez Bustos, investigador
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de
Diputados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario