POR: GUILLERMO CORREA Y FERNANDO AGUILAR
MÉXICO, ESCENARIO ROJO PARA EJERCER EL
PERIODISMO: LÍDERES DE OPINIÓN
•Urge
reivindicar la labor social del periodista en la consolidación del Estado
democrático y constitucional: CNDH
Cándido
Ríos Vázquez fue asesinado la tarde del martes 22 de agosto pasado en el
municipio de Hueyapan, al sur del estado de Veracruz. Fue el décimo periodista
que de esta forma muere en lo que va de la actual administración. Sin embargo,
el hecho ya poco sorprendió, pues durante este sexenio van 36 y sigue la
impunidad.
Tal
parece que en México no hay novedad y que, como dice una conocida canción, todo
sigue igual. Más bien peor porque a los terremotos que han impactado el país,
principalmente el centro y sur de la República, en septiembre de 2017 se han
agregado los azotes de huracanes y tormentas tropicales. Pero nada remuerde la
conciencia de los poderosos pues la violencia, corrupción y la endeble libertad
de prensa imperan como nunca. De esto sabe la población en general y sufre,
sobre todo, el gremio periodístico que ha padecido el asesinato de por lo menos
10 de sus integrantes en lo que va del año, lo que suma 36 en la actual
administración. Este escenario ha llevado a concluir a través de encuestas entre
la población, que prácticamente no hay libertad de prensa en el
país.
Por
eso es que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl
González Pérez, dice que en México urge reivindicar la labor social del
periodismo en la consolidación del Estado democrático y constitucional, así
como para la re-dignificación de su labor instrumental en favor de la sociedad.
Aclara que la libertad de expresión es un derecho de todas las personas, aun
cuando su ejercicio está estrechamente relacionado con los medios de
comunicación.
Es
así que no se trata simplemente de reconocer el derecho que tienen los medios y
los periodistas a expresarse y de reconocer su libertad de prensa, sino que en
un régimen democrático la discusión involucra también el tema del derecho de
los individuos a estar informados de forma oportuna, veraz y confiable sobre lo
que acontece en el espacio público. Como garante de las libertades, el Estado
debe generar las condiciones que permitan ejercer el derecho a comunicar información
en condiciones adecuadas y sin obstáculos. González Pérez reconoce que México
es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, como lo
han documentado diversas organizaciones, entre ellas Freedom House. Por ello,
acepta que aún hay mucho por hacer para que los periodistas ejerzan sin
cortapisas y sin riesgo el derecho a informar.
En
la realidad de los últimos años, esos estudios que menciona el titular de la
CNDH permiten asegurar que en el país se desprecia a los periodistas. Javier
Garza Ramos que es Knight Fellow en el International Center for Journalists,
acusa de esto no sólo al crimen organizado, sino también a actores políticos
relevantes o de cualquiera que se encuentre bajo el escrutinio de los medios de
comunicación, incluso de parte de quienes deben salvaguardar el derecho de la
libertad de expresión. Sostiene que las agresiones son legión: Homicidios y
secuestros de periodistas, ataques armados contra instalaciones de medios,
golpizas a reporteros que cubren manifestaciones callejeras, robo o destrucción
del equipo que usan para consignar lo que sucede en las calles, amenazas para
dejar de publicar información incómoda, intervenciones cibernéticas para
acceder a datos privados de periodistas o lanzar campañas de desprestigio,
acoso legal mediante detenciones arbitrarias, citatorios judiciales o demandas.
Sus
investigaciones revelan que en 15 estados del sur del país, el mayor riesgo son
policías locales o grupos sociales; mientras que en el norte el crimen
organizado es el principal agresor de periodistas, para evitar que los hechos
violentos que desatan en la pugna por territorios lleguen a los diarios, los
noticieros o las redes sociales. Pero hay algunas entidades que registran una
variedad de agresiones, como si fueran microcosmos de la nación entera. En
Veracruz, por ejemplo, se han registrado homicidios, secuestros, golpizas,
amenazas, robo de equipo, hackeo de páginas de Internet, detenciones
arbitrarias y otras formas mientras que Tamaulipas, Chihuahua y el Estado de
México viven una diversidad similar. La mayoría de las agresiones proviene de
las fuerzas de seguridad pública, las policías municipales y estatales, así
como la Policía Federal. Los actores políticos también figuran como agentes
hostiles, lo que comprende a alcaldes, funcionarios de gobierno y legisladores.
En
ocasiones, estos servidores públicos se valen de algún cuerpo policiaco para
agredir a un periodista; en tanto grupos del crimen organizado son con
frecuencia los responsables de los ataques más violentos al secuestrar o
asesinar a los profesionales así como ataques armados contra instalaciones de
medios. Pero de manera creciente otros grupos se han convertido en agresores de
periodistas, particularmente activistas sociales que atacan a reporteros
durante coberturas, así como empresarios o guardias de seguridad privados que
buscan impedir que los ojos de la prensa se asomen a sus actividades. Javier
Garza Ramos concluye que la diversidad de agentes hostiles a los medios sólo se
explica a partir de la impunidad.
Esta
es la visión de quienes han estudiado la situación de los trabajadores de
medios de comunicación en México, un país en el que 9 de cada 10 ataques contra
periodistas quedan sin castigo y con frecuencia sin ni siquiera una investigación,
debido a esto resulta sencillo para cualquier persona agredir a un periodista o
a un medio y salirse con la suya. Es fácil para un policía golpear a un
reportero en una manifestación, como es fácil para un político amenazar a un
periodista por hacerle una pregunta incómoda o para un empresario robarle la
cámara a un fotógrafo que captaba imágenes de la clausura de su negocio, afirma
Garza Ramos, quien agrega que en gran medida, la impunidad viene de la
ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para impedir las agresiones
a periodistas.
Una
Fiscalía sin dinero
Sostiene
que con el fin proteger el oficio periodístico en México, el país
cuenta con una Fiscalía para delitos contra la libertad de expresión y con un
mecanismo de protección de periodistas, mientras que algunos estados replican
estas dependencias. No obstante, el problema es que su efectividad está en duda
porque no tienen recursos. Por un lado, acceder a la protección de estas
instituciones puede ser un calvario burocrático que sólo aumenta la
vulnerabilidad de un comunicador. Prueba de esto es que si un agresor potencial
sólo necesita unos minutos para materializar una amenaza, un periodista
requiere varios días para que le respondan su solicitud de protección o le
reciban una denuncia.
La
mayoría de las agresiones contra periodistas se dan fuera de la Ciudad de
México, pero cualquiera que pida protección debe solicitarla a un consejo
radicado en la capital, donde con frecuencia desconocen las realidades locales.
Por otra parte, las instituciones federales y locales encargadas de proteger a
periodistas o perseguir a sus agresores han resultado ineficaces. Un dato
basta: de los siete periodistas asesinados en 2014, cinco de ellos fueron
secuestrados previamente y estuvieron desaparecidos durante varios días antes
de morir. Esto significa que ante las denuncias de plagio las autoridades
federales o locales (dos casos ocurrieron en Tamaulipas y el resto en Veracruz,
Sinaloa y Guerrero) fueron incapaces de montar operativos para encontrarlos o
presionar a los delincuentes para liberar a los comunicadores e impedir su
muerte. La falta de castigo a los agresores de periodistas y de disuasión hacia
atacantes potenciales alimenta la vulnerabilidad de la prensa mexicana.
Mariclaire
Acosta es la directora de Freedom House. Señala que en México la libertad de
expresión está protegida por el artículo 6° constitucional y que pese a ello
las violaciones a la libertad de informar están a la orden del día.
Freedom
House ha dedicado buena parte de sus esfuerzos como organización de derechos
humanos a defender la libertad de expresión en donde sea que ésta se encuentre
seriamente amenazada. Año con año, desde 1980 publica un informe anual sobre el
estado que guarda la libertad de prensa en el mundo. Cubre a 199 países y
territorios donde expertos nacionales y regionales, así como organizaciones de
la sociedad civil, consultan documentos gubernamentales, de instituciones
multilaterales y de los propios medios de comunicación. El informe asigna a
cada uno de los países y territorios bajo estudio una puntuación de cero a cien
puntos, el cero constituye la mejor en términos del disfrute de la libertad de
prensa, y cien la peor. Según el puntaje obtenido, los países se clasifican en
tres grandes categorías: países libres (puntaje menor a 30); países
parcialmente libres (puntaje entre 31 y 60 puntos), y países no libres (con
puntajes mayores a los 61 puntos).
México, un “país no libre”
Lamentablemente,
México ha recibido la calificación de “país no libre” desde hace varios años.
Su puntuación ha incrementado en forma continua desde los 60 puntos en 2010 a
los 63 en 2015, quedando casi a la par de Irán y Turquía, y ligeramente por
debajo de Ecuador. Mariclaire Acosta relata con ejemplos cómo el entorno
jurídico que regula a la prensa en México inhibe su libertad, debido entre
otros factores a la persistencia de leyes que penalizan la difamación en 12 de
los 32 estados de la República. Considera que la imposición de altísimas multas
a las estaciones de radio no autorizadas, frecuentemente comunitarias, se
traduce en una forma de censura de facto para estos medios, que prestan un
servicio invaluable en las zonas indígenas y las más alejadas en el país.
Asimismo,
resalta que la alta concentración de la propiedad de los medios, sobre todo en
el sector de las telecomunicaciones, también inhibe la libertad de prensa en
México, toda vez que atenta contra la pluralidad y la diversidad en la
información. La dependencia de la publicidad oficial como medio de
supervivencia de muchos medios, los obliga a mostrarse benévolos con los
gobiernos y frecuentemente los somete a sus agendas e intereses.
Por
otra parte, los altos niveles de violencia y agresión a periodistas y medios de
comunicación en México, la impunidad de los múltiples ataques a éstos, y la
corrupción en los aparatos de seguridad y justicia, representan en los informes
de Freedom House, el motivo más grande de preocupación, porque la libertad de
prensa simplemente no se puede producir en un clima político como el prevaleciente,
marcado por una profunda crisis de derechos humanos, seguridad y legitimidad. Y
es en este contexto de enorme precariedad donde los periodistas se vuelven un
grupo sumamente vulnerable y blanco de ataques tanto por parte del crimen
organizado como por las autoridades.
La
directora de Freedom House va al fondo al indicar que la impunidad
crónica tiene muchos efectos nocivos, pero uno de ellos, que vale la pena
destacar es que estimula el miedo y la autocensura de los informadores, como el
único medio al alcance para protegerse. En consecuencia, el silencio impuesto
en amplias zonas del país afecta a la población en su conjunto y es un atentado
al derecho a la información y a la convivencia democrática.
Así
es como en las últimas cinco décadas la clase política hundió al Estado
Mexicano en las profundas aguas fangosas de la corrupción e impunidad que en
contubernio con el crimen organizado mantiene sometida y aterrorizada a su
población; de la misma manera que, a través de la publicidad, controla a la
mayoría de los medios de comunicación y a sus periodistas, la delincuencia hace
lo propio con los comunicadores, a los que amenaza para que cubran y publiquen
sus actividades delictivas o de no hacerlo, los “levantan”, torturan,
asesinan o lo desaparecen.
De
esa manera, gobernantes y clase política en general actúan con total cinismo e
impunidad a sabiendas del control discrecional de la información que mantienen
con los organismos oficiales como el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de las
empresas editoriales quienes a su vez tienen bajo control a sus reporteros y
solamente uno que otro se lanza a la aventura de investigar.
Las
empresas de comunicación se justifican al señalar a los reporteros como faltos
de iniciativa, pocos profesionales, con deficiente preparación. Pero no los
actualizan y sobre todo les niegan tiempo para investigar, además de que la
mayoría sobrevive con el salario mínimo profesional que es de 4,546 pesos mensuales,
sin prestaciones y solamente dos o tres medios ofrecen una remuneración
suficiente a sus reporteros.
Cabe
recordar que el entonces secretario General de la Organización Internacional de
Periodistas (OIP), Jiri Kubka, en un artículo titulado ¿Profesión o misión?
Publicado en El Periodista Demócrata, órgano oficial de la OIP del nueve de
septiembre de 1986 dijo que “…el periodismo no solamente es una profesión que
defiende sus propios intereses, sino que es una noble y responsable misión,
cuyo incumplimiento arrastra a los pueblos a la perdición y con ellos se lleva
a los periodistas.”
En
un vuelco direccional de los medios que hoy día padecemos, asumió que durante
los tiempos de la revolución burguesa los editores no buscaban tanto el
beneficio como la posibilidad de influir en los pensamientos humanos. Sin
embargo, la permanente divulgación de la palabra impresa empezó a ofrecer la
posibilidad de sacar beneficio, sobre todo al convertirse en un poderoso medio
para dar publicidad a todo tipo de mercancías. Así, el redactor se convirtió en
productor de mercancías, las cuales podían ayudar a vender otras mercancías
influyendo en el pensamiento de las personas.
Un fantasma en los escombros
Como
muestra está el caso de la niña Frida Sofía que nunca salió de los escombros de
la escuela Enrique Rébsamen ubicada al sur de la ciudad de México, en la calle
Rancho Tamboreo y calzada de Las Brujas, colonia Nueva Oriental Coapa,
delegación Tlalpan, uno de los 44 edificios colapsados por el sismo de
7.1 en la escala Richter del pasado 19 de septiembre.
Curiosamente,
justo cuando en las redes sociales arreciaban las críticas en contra de toda la
clase política y la administración encabezada por Enrique Peña Nieto se anunció
el rescate de la niña de 12 años, aunque después de 24 horas, cuando el guion
era ya insostenible igual que la manipulación, se acabó el teatro y se dio a
conocer que la infante ¡nunca existió! Que todo se trató de un montaje de la
Armada de México y Televisa, la empresa especializada en hacer telenovelas.
Cuando
acabó esta farsa la indignación en las redes sociales fue mayúscula. Una
anciana replicó la condena popular al suplicar a los medios de comunicación no
andar haciendo este tipo de burlas. “A una vieja como yo la tuvieron sentada
todo el día, nomás llorando y ahora salen que es falso. Esas son chingaderas.
¡Qué poca Madre tienen!”, expresó.
La
libertad del periodista es proporcional a la libertad de los demás ciudadanos,
decía Jiri Kubka. Lo malo es que este escenario se repite por diferentes medios
con la finalidad de tapar un comportamiento que nubla la libertad de conocer la
verdad.
Para
el caso se recuerda que en noviembre de 2014 el noticiario MVS-Radio, con
Carmen Aristegui al frente denunció en investigación de varios meses realizada
por su equipo de periodistas, y con apoyo de la plataforma de periodismo
latinoamericano Connectas y el International Center For Journalists, pudo
confirmar que una residencia ubicada en Sierra Gorda número 150, en una de las
colonias más lujosas de la capital del país –con un valor aproximado de 86
millones de pesos, alrededor de 7 millones de dólares-- era propiedad de
Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa que pertenece al Grupo Higa. Lo
cierto es que resultó ser de Angélica Rivera -esposa del presidente de la
República- quien más tarde, presionada por la opinión pública, a través de un
video que difundieron las principales televisoras y medios de comunicación,
trató infructuosamente de justificar su posesión al decir que la había
adquirido con dinero ganado a lo largo de su vida como actriz.
Interminable lista de corruptelas e
impunidad
La
lista de casos como el anterior parece interminable. Pero son tantos que, como
sucede con el asesinato descrito al inicio, no pasa nada. Recientemente un
grupo de periodistas en conjunto con la organización civil, Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI) exhibieron otra de tantas redes de corruptelas
en el Gobierno Federal en la que participaron 186 compañías quienes recibieron
7 mil 670 millones de pesos del erario federal, a través de contratos que
violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas
Públicas de 2013 y 2014. Por lo menos 3 mil 433 millones de pesos se esfumaron
por arte de magia, terminaron en empresas fantasmas.
En
todo este entramado participaron once dependencias gubernamentales y ocho
universidades cómplices quienes recibieron mil millones de pesos solamente por
servir de intermediarias; se mencionan a la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), en la gestión de Rosario Robles Berlanga; a BANOBRAS, con
Alfredo del Mazo Maza al frente —hoy gobernador del Estado de México—; a la
Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada en ese momento por Emilio
Chuayffet, amigo del presidente; al FOVISSSTE, organismo de vivienda del ISSSTE
que dirige José Reyes Baeza Terrazas, exgobernador de Chihuahua. También la
Secretaría de Agricultura en la época reciente de Enrique Martínez y Martínez;
al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente
Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como
secretario, y a la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo. En Pemex los
convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez
y Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN) Presidente de la
República.
Lo
que sorprendió fue la participación en estas sucias maniobras corruptas de
instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma del Estado de
México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y
Tecnológica (FONDICT); la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la
Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la
Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México,
Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado. Un modus operandi
que a decir del grupo de periodistas investigadores se emplea desde 2010. Los
datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año,
cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno
federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de
pesos.
Otro
hecho grave, que más que causar asombro provoca impotencia y desánimo entre la
ciudadanía es la complicidad del crimen organizado con autoridades de cualquier
índole, como el que se descubrió el 25 de agosto pasado cuando elementos de la
Gendarmería de la Policía Federal y de la Policía Estatal detuvieron a siete
personas que intentaban descargar combustible ilegal en la estación E 07181,
ubicada en el kilómetro 2.4 de la carretera Mexicaltzingo-Santiago
Tianguistenco, Municipio de Chapultepec, Estado de México.
El
negocio resultó ser propiedad de Ricardo Víctor Mercado Galán, María del Carmen
Miranda Nava y tres de sus hijos; cuñado, hermana y sobrinos del titular de la
Sedesol, Luis Miranda Nava, uno de los políticos más cercanos al presidente
Enrique Peña Nieto. La investigación del diario Reforma reveló que la estación
con razón social Super Servicio M y M, S.A. de C.V., opera bajo el nombre
comercial del franquiciatario Easy Gas, igual que las gasolinerías Servicio
Megal, S.A. de C.V., en Metepec, y Servicio Rimer, S.A. de C.V., en Santiago
Tianguistenco. Mercado Galán, quien además es Rector de la Universidad Isidro
Fabela de Toluca, fundada en 1970, funge como accionista mayoritario en
Servicio Megal y Servicio Rimer, según las actas de esas razones sociales. El
negocio fue clausurado, mientras los detenidos fueron puestos a disposición del
Ministerio Público, pero de la acción en contra de los propietarios nada se
sabe.
Pero
si de impunidad se trata hay que empezar por el esclarecimiento de los
periodistas asesinados, secuestrados, desaparecidos y agredidos, cuyos
resultados han sido más que infructuosos, desesperantes. Otro caso ilustrativo
es el de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, entidad federativa ubicada al
noroeste de México donde por negligencia, hace ocho años murieron 49 niños y
niñas, ninguno mayor de cinco años. El suceso dejó una profunda herida en la
sociedad ya que hasta el momento ninguna autoridad de alto nivel ha sido
condenada.
Tampoco
hay que olvidar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero,
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 cuando unos 100 estudiantes llegaron
a Iguala con el fin de tomar autobuses para dirigirse a la ciudad de México con
el fin de participar en la manifestación del 2 de octubre para recordar los
hechos de la matanza estudiantil de1968 en que elemento del Ejército y
francotiradores masacraron a jóvenes en la Plaza de las Tres Culturas,
Tlatelolco.
Y
los migrantes, la mayoría centroamericanos, no se salvan de morir en su
tránsito por México hacia Estados Unidos. Fue el caso de 72 migrantes en un
rancho ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas donde fueron
masacrados. A siete años de esa agresión hasta el momento la Procuraduría
General de la República (PGR) tiene 15 personas consignadas, pero ni una sola
condenada.
A Javier
Valdés, un periodista sinaloense, comprometido con la causa y asesinado apenas
el 15 de mayo último a plena luz del día en la ciudad de Culiacán, se le recuerda
por sus reportajes y sus libros, casi todos sobre el narcotráfico, el tema que
mejor cubrió. En una entrevista hecha casi al final de su vida, respondió: “Al
gobierno federal le vale madre el tema de los periodistas, no le importa, la
libertad de expresión… No le interesa. Lo que te puedo decir ahora es que no
hay condiciones para una vida digna en México, y si no hay estas condiciones,
tampoco hay condiciones para ejercer el periodismo. Al gobierno no le importa
este aspecto, no le importa aplicar la ley. Por eso, creo que solo son dos
casos en los que hay detenidos de cerca de un centenar de homicidios y
desaparecidos, etcétera. Son como 250 periodistas que están pidiendo asilo
político en Estados Unidos.
“Se
sigue manejando el tema de la publicidad oficial con mucha discrecionalidad. Se
privilegia mucho a las televisoras, a las estaciones de radio por la audiencia
y porque es discrecional el asunto de las concesiones que se dan a estaciones
de radio y televisión. Entonces, es un criterio de carácter político, no hay
igualdad, no hay transparencia. A los medios críticos nos siguen castigando con
publicidad. Entonces, no hay salvación. Tú no puedes acudir al gobierno si te
amenaza el narco. Lo mejor si te amenaza el narco y es un narco poderoso… lo
mejor es o te sales del periodismo o te vas del país, porque ya no hay donde acudir
o a quien acudir”.
Para
los organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros, México sigue
siendo el tercer país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo.
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