Ciudad de
México. - En la pasada Sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, a propuesta de María Elena Orantes López, se sumaron varios legisladores
de PRD, PAN y MC para promover una iniciativa de reforma a la Ley General para
la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, para
reforzar los lineamientos para atender a las personas con características del
espectro autista y apoyar a sus familias de una manera digna e incluyente.
Al respecto la
legisladora señaló que personalmente asume el compromiso de buscar, entender
y la legítima aspiración de construir un México más incluyente y justo
para millones de personas que viven, directa e indirectamente, alguna condición
del espectro autista
Informó que esta
iniciativa permite continuar con los trabajos enfocados al grupo de personas
con Autismo, proponiendo reformar artículos de la ley General para la
Atención y Protección a Personas con este Trastorno y beneficiar a las madres y
los padres de niños, niñas y adolescentes con estas características y abundó
que es necesario reconocer y sentir las injusticias que viven las personas con
esta condición y sus familias, ante servidores públicos insensibles, una
sociedad llena de prejuicios y sistemas económicos indignantemente
inequitativos.
De acuerdo con
las estadísticas proporcionada por diversas Organizaciones Civiles, se calcula
que aproximadamente el 25% de los niños con condiciones del espectro autista
empezarán a hablar y a comunicarse a los 2 o 3 años de edad, mientras que el
restante 75% mejorará, pero siempre necesitará el apoyo de un adulto; todo ello
impactando a más de 40 mil familias cada año.
“Es increíble
que hoy tengamos que estar recordándole a la sociedad que las personas con
espectro autista no son insensibles al rechazo o al dolor, simplemente lo
expresan de otra manera.” – señaló.
Detalló que en
México hacen falta profesionales de la salud aptos y capacitados para el
diagnóstico, también las acciones de gobierno y el desarrollo de nuestras
instituciones se basa en estimaciones muy bajas, la falta de programas, la
falta de infraestructura y la falta de apoyos de la sociedad civil.
El Decreto
propone reformar los artículos 5, 7, 10, 13, 14 y 16 de dicha ley, todo esto
para dar una mejor calidad de vida a los que sufren de este trastorno del
neurodesarrollo y sus familias.
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