Mayo 21, 2017
Empresarios nacionales
y trasnacionales inundarán el Sur-Sureste mexicano con miles de millones
de dólares y cientos de miles de ofertas de empleo… a cambio de exenciones de
impuestos, mano de obra barata y protección a sus megaproyectos
Negocios por 35 mil
millones de dólares han pactado el gobierno federal y gobiernos estatales con
empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Se trata sólo de las tres
primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE) que involucran a cinco entidades
federativas ricas en minerales, maderas, agua y otros recursos naturales:
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
Las inversiones,
proyectadas para los próximos 15 años, implican el desarrollo de obras en
regiones indígenas y mestizas. Los entramados jurídicos federal y estatal están
listos para legalizar cada “proyecto de inversión”, aunque los pobladores
locales hasta la fecha no saben del destino que les depara a sus tierras ni de
los proyectos que en las próximas semanas y meses se les impondrán.
Empresarios y
gobiernos esperan echar a andar la primera etapa de las ZEE con estas tres
declaratorias en los próximos días. En una segunda etapa, se lanzarán las de
Tabasco, Campeche y Yucatán durante el segundo semestre del año. Y, antes de
que concluya el sexenio el 30 de noviembre de 2018, el gobierno federal que
encabeza Enrique Peña Nieto buscará arrancar la tercera etapa de las ZEE en
Hidalgo y Puebla. No se ha hablado del monto de las “inversiones” para las
etapas segunda y tercera.
En entrevista con Contralínea,
el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, informa que serán 250 mil los
empleos directos e indirectos que generará esta política pública en su primera
fase. Además, una inversión en 15 años que superará los 35 mil millones de
dólares.
“Y lo que
tenemos hoy ya va bastante avanzado: son 39 empresas con una inversión cercana
a los 5 mil 700 millones de dólares y una generación de 25 mil empleos.”
Serán éstos los datos
que en los próximos días anunciará el presidente de la República, Enrique peña
Nieto, cuando dé por inauguradas las primeras Zonas.
Prácticamente los
“polos de desarrollo” se realizarán en todas las entidades del Sur-Sureste
mexicano, codiciado desde hace décadas por los grupos empresariales nacionales
y trasnacionales. Con otros nombres, se han lanzado proyectos para “detonar la
inversión” en estas entidades sin que hasta el momento hayan tenido éxito: Plan
Puebla-Panamá y Proyecto Mesoamérica, las denominaciones durante los sexenios
de Vicente Fox y Felipe Calderón.
De manera clara, en la
página de la AFDZEE, se señala que “el sector privado será el protagonista
fundamental del éxito de las Zonas Económicas Especiales”.
Las “oportunidades”
para los empresarios aparecerán a lo largo de todo el proceso. Antes de la
operación de las ZEE podrán participar “como Administradores Integrales, como
socios o subcontratistas de éste y realizando los estudios necesarios para que
se establezcan”. Durante la operación de la Zona: “como empresa ancla o
socio de ella, como inversionista, proveedor de sectores estratégicos, como
generador de nuevas líneas de negocio, dentro de las cadenas de valor y a
través de alianzas estratégicas”.
También en el “Área de
Influencia: aprovechando las derramas económicas en sectores productivos
sociales y como proveedor de servicios de apoyo a los negocios”. Finalmente,
podrán sacar ventaja en un “Clúster Regional de Servicios: ofreciendo a los
inversionistas servicios profesionales, de consultoría especializada, servicios
de capacitación, traducción, servicios financieros, entre otros”.
De acuerdo con el
documento Mirada legislativa. Seguimiento a la instrumentalización de las
Zonas Económicas Especiales, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del
Senado de la República, el marco jurídico nacional en el que se basará todo el
proyecto ya ha sido aprobado y promulgado: la Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
junio de 2016), su Reglamento y una reforma a la Ley General de Bienes
Nacionales. También, a nivel local, cinco entidades federativas ya cuentan con
respectivas leyes estatales: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz,
Tabasco y Yucatán.
Estos siete estados de
la República, junto con Michoacán, ya entregaron, durante 2016, Cartas de
Intención al Poder Ejecutivo federal para la declaración de zonas especiales en
sus territorios. El gobierno de Enrique Peña Nieto creó un organismo
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ex
profeso: la AFDZEE, la cual está encabezada por el empresario Gerardo Gutiérrez
Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Precisamente estos
organismos cúpula del alto empresariado mexicano festejaron esta iniciativa y
han celebrado reuniones y mesas de trabajo con la AFDZEE para “dar seguimiento”
a la instrumentación de las zonas. La Autoridad ha señalado que cuenta con 135
empresas nacionales y trasnacionales listas para “invertir” en las ZEE. Por el
contrario, organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de protección al
medio ambiente se ha manifestado en contra porque, señalan, estas grandes
inversiones y megaproyectos no consideran la opinión ni la perspectiva de las
poblaciones afectadas.
El CCE y la Coparmex
no son las únicas organizaciones empresariales que se han involucrado en el
plan general de las ZEE. Entre otras, también se encuentran la Asociación de
Navieros de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco Servitur).
El Poder Legislativo
federal, además, ha creado una instancia de seguimiento a la declaratoria de
las ZEE. En la Cámara de Diputados se instaló la Comisión Especial para el
Establecimiento de Zonas Económicas Especiales. En 2017 cuenta con 2 millones
de pesos para realizar actividades de promoción y seguimiento: mesas de trabajo
con gobernadores y presidentes municipales, foros, entrevistas, ruedas de
prensa y spots en el Canal del Congreso.
De manera formal, con
el establecimiento de las ZEE se busca la “generación de empleos bien pagados,
atracción de inversión, generación y fortalecimiento de cadenas de valor
locales, fomento a las exportaciones y aumentos en la productividad”, como se
señala en la página de internet de las AFDZEE.
“Se trata de una
política transversal –señala Gutiérrez Candiani en entrevista– donde se generan
las condiciones necesarias y suficientes para que haya oportunidades para la
gente (…). Se trata de generar círculos virtuosos de riqueza y de oportunidades
para que las gentes actuales y, sobre todo, las generaciones futuras tengan
mejores condiciones de vida.”
Sin embargo, para
Mayra Monserrat Eslava Galicia, las ZEE no están diseñadas para acabar la
pobreza. No se trata de beneficiar a los que menos tienen. Se trata de “zonas
delimitadas dentro de un estado donde las reglas de negocios son distintas,
sobre todo para las empresas son zonas importantes para las exportaciones”.
La investigadora y
coautora del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México señala
que las ZEE son un modelo diseñado por el Banco Mundial que ya ha fracasado en
países de América Latina y, en otros, “no ha tenido el éxito que esperaba”.
Ejemplifica con los casos de América Central, donde la mayoría de las zonas
están dirigidas a la exportación de textiles manufacturados sin que hayan
disminuido la desigualdad ni la pobreza en la región.
En las zonas que se
declaren, los empresarios tendrán beneficios fiscales (pagarán menos impuestos)
y gozarán de incentivos administrativos para que se les apruebe inmediatamente
sus proyectos.
La AFDZEE, bajo
control del empresariado, será también la responsable de “realizar
procedimientos de consulta previa, libre e informada a las comunidades y
pueblos indígenas, con el fin de tomar en cuenta sus intereses y derechos”,
como señala la Autoridad en su página electrónica.
El documento del
Instituto Belisario Domínguez, por su parte, muestra el entusiasmo del
empresariado pero también la oposición del “sector social”. Señala que
organizaciones sociales, “lejos de apoyar el proyecto están en contra del
mismo. Argumentan que la instrumentalización de las ZEE es otra forma de
explotar la tierra, contaminar el ambiente y marginar, aún más, a los indígenas
que habitan los municipios que se pretenden declarar como zonas económicas
especiales”.
En marzo pasado, más
de 1 mil 800 personas de distintos municipios del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca)
presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas con el objetivo de
proteger sus derechos “respecto de la infraestructura que se pretende construir
en sus territorios sin una consulta previa y sin el consentimiento libre e
informado”, se asienta en el documento.
De hecho, se reconoce
que “aunque [el plan general de las ZEE] busca el desarrollo económico, no está
considerando el contexto particular de cada municipio y la existencia de pueblos
indígenas que, según algunas organizaciones sociales, no han sido considerados
para el propio desarrollo del territorio”.
Así, parte de los
actores involucrados en las ZEE no están favor de las declaratorias, “ya que
están seguros de que lejos de lograr un desarrollo equilibrado entre las
distintas regiones del país, se logrará que los territorios y el medio ambiente
se vean fuertemente afectados y los indígenas y los grupos vulnerables,
desplazados”.
En este sentido, la
investigadora Mayra Eslava señala que las consecuencias sociales no serán
distintas a las que ya se han observado con cada megaproyecto de la iniciativa
privada: “desplazamiento de la población; cambios en la educación, pues las ZEE
necesitan personal capacitado para las manufacturas”, y concentración de
recursos públicos, humanos y materiales en las zonas en detrimento de todo lo
demás.
Por su parte,
Francisco Jiménez Pablo, dirigente nacional de la Coordinadora Plan de Ayala
Movimiento Nacional, considera que las ZEE sólo beneficiarán a las grandes
empresas y terminarán por despojar a los pueblos y a sus comunidades de sus
tierras comunales, ejidales y recursos naturales.
“No vemos que sean
zonas de desarrollo, sino más bien polos donde se entregarán las riquezas
nacionales y turísticas a las grandes empresas trasnacionales.”
Gerardo Gutiérrez
Candiani rechaza que existirá afectación alguna a los territorios indígenas.
“Son proyectos productivos del alto valor agregado; no hay afectación de
tierras sociales, no hay sector primario, no hay extracción. Entonces no hay
afectación a los grupos… Hay luego también mucho grupo que se dedica luego
sistemáticamente a tratar de parar cualquier proyecto que lleve generación de
empleos y bienestar. Las verdad [estos grupos] no tienen en qué ampararse
porque no hay ninguna afectación”.
La primera etapa
Para las tres ZEE
próximas a declararse, ya se han estado realizando estudios de prefactbilidad y
evaluaciones estratégicas de impacto social y ambiental. No se conocen aún los
dictámenes. Ya se han establecido algunos de los “incentivos” con los que
contarán las ZEE de Lázaro Cárdenas (Michoacán y Guerrero), Salina
Cruz-Coatzacoalcos (Oaxaca y Veracruz) y Puerto Chiapas.
Entre las ventajas
aprobadas por la AFDZEE se encuentran descuentos del ciento por ciento en el
pago del impuesto sobre la renta (ISR) para empresas y personas físicas con
actividad empresarial durante los próximos 10 años. Posteriormente habrá otro
periodo de 5 años más en el que los empresarios podrán disfrutar de un
descuento del 50 por ciento en el pago de este impuesto.
Además tendrán acceso
a créditos fiscales por las cuotas patronales del componente de salud del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 50 por ciento en los primeros
10 años y de 25 por ciento en el siguiente quinquenio. Asimismo, gozarán de un
régimen aduanero específico, que incluye reducciones de cuotas de derechos y
exención de impuestos al comercio exterior.
Otros estímulos para
los empresarios serán las reducciones o exenciones en los impuestos predial,
sobre nómina, de traslado de dominio, por adquisición de bienes inmuebles,
hospedaje y compras de gobierno.
La primera Zona
Económica Especial que se declarará es la del Puerto Lázaro Cárdenas, en la
costa mexicana del Pacífico Sur. De acuerdo con el documento del Instituto
Belisario Domínguez, ya hay cuatro empresas interesadas en “invertir”, aunque
no proporciona sus nombres. La “ventaja competitiva reconocida” se ubica en la
industria siderúrgica.
Una “ventaja para los
negocios” adicional es que a 45 minutos se encuentra Ixtapa Zihuatanejo. De
hecho, esta Zona Económica Especial abarcará regiones de dos entidades de la
República: los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Unión, Guerrero.
En toda la zona se instalarían parques industriales.
El gobierno
guerrerense, encabezado por Héctor Astudillo, y el michoacano, por Silvano
Aureoles, ya han firmado sendas cartas de intención para instalar las ZEE y las
ha entregado al gobierno federal. Guerrero, incluso, ya cuenta con legislación
local al respecto: la Ley 427 de Zonas de Económicas Especiales.
El monto aproximado de
la inversión en los próximos 10 años es de 12 mil 921 millones de dólares,
según el documento Mirada legislativa. Seguimiento a la
instrumentalización de las Zonas Económicas Especiales.
La segunda ZEE que se
prevé declarar en esta primera etapa es la de Puerto Chiapas, para la cual
también “ya hay cinco empresas interesadas en invertir”. Ahí buscará
aprovecharse el litoral del Océano Pacífico. La carta de intención para la
declaratoria ya fue entregada al gobierno federal de parte del propio
gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello. Se espera que en la zona se
pongan en marcha, durante las próximas semanas, 16 proyectos de energía,
transporte y logística. De acuerdo con el reporte del Instituto Belisario
Domínguez, “los proyectos se relacionan con dos centros logísticos, tres del
sector carretero, uno ferroviario y nueve portuarios”.
La inversión
proyectada es de 11 mil 600 millones de dólares. El gobernador ha destacado que
se construirán “hospitales, libramientos y caminos carreteros, lo que conectará
de mejor manera a los habitantes y visitantes”.
Chiapas cuenta con
legislación local: la Ley de Coordinación para el Establecimiento y
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Las “ventajas competitivas
reconocidas” son el comercio exterior y el turismo. La inversión para los
próximos 10 años serán del orden de los 11 mil 300 millones de dólares.
La tercera ZEE de esta
primera etapa se ubicará en dos estados de la República. Dos semanas antes de
dejar el gobierno de Oaxaca, Gabino Cué firmó y entregó una carta de intención
al gobierno federal para que se declare una ZEE en el municipio de Salina Cruz.
Miguel Ángel Yunes Linares, apenas tomó protesta como gobernador de Veracruz,
suscribió la carta de intención para que se declare una ZEE en Coatzacoalcos.
Así, esta zona
abarcará prácticamente el codiciado istmo, un corredor de Salina Cruz, puerto
del Pacífico, a Coatzacoalcos, puerto del Golfo de México.
Antes de dejar el
cargo, Cué también aprobó la utilización de 780 hectáreas de la zona de Salina,
ubicadas en el Istmo de Tehuantepec.
Por su parte, el
gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha dicho que espera la
inversión de 12 mil millones de dólares. En un lapso de 10 años se generarían
entre 27 mil y 57 mil empleos. La inversión inicial en conjunto para ambos
estados será de 6 mil millones de dólares.
Cada una de las dos
entidades federativas ya cuentan leyes locales específicas para las zonas
económicas especiales. Las “ventajas competitivas reconocidas” de la región son
la industria textil, los gasoductos, los proyectos eléctricos y las autopistas.
Segunda y tercera etapas
El gobierno de
Yucatán, encabezado por Rolando Zapata Bello, ha “donado” 330 hectáreas para la
ZEE que se establecerá en la entidad, en específico en el municipio de
Progreso. El entusiasmo de Zapata Bello es tal que se adelantó a firmar la
carta de intención para la declaratoria a los estados en que se establecerán
primero las ZEE. Yucatán está contemplado en una segunda etapa.
Según las promesas de
la AFDZEE y el gobierno estatal, se estarían creando, en un lapso de 20 años,
más de 30 mil empleos. Ya se trabaja en un calendario para concretar la
declaratoria.
Por su parte, la zona
económica especial de Campeche se ubicará en los municipios de Carmen y
Champotón. Según la Mirada Legislativa, el modelo de esta entidad “se basa
en ciclos de valor, disposición de infraestructura logística, desarrollo humano
y aplicación de incentivos fiscales”. Pero también involucrará a Tabasco, donde
la actividad principal será la explotación de hidrocarburos.
La ZEE de Tabasco se
establecerá en el puerto de Dos Bocas. Se busca que las empresas se beneficien
de la transformación de materia prima para el sector energético,
aprovechamiento de biomasa, aceite de origen vegetal para la producción de
energía. Otro de los sectores en los que se busca inversión el agroindustrial,
el manufacturero y el automotriz.
Con respecto de la
tercera etapa, hasta el momento se han proyectado la instauración de dos ZEE en
Hidalgo y Puebla. En Hidalgo se ha considerado su “potencial textil”, mientras
que en Puebla el “potencial” es el de las autopartes.
La pobreza, el pretexto
Las Zonas Económicas
Especiales se delimitan geográficamente. El territorio que abarcan cuenta con
“ventajas tanto logísticas como naturales con potencial para convertirse en
regiones altamente productivas”, señala el documento elaborado por Instituto
Belisario Domínguez del Senado de la República.
Y, de acuerdo con la
página electrónica de la AFDZEE, cada zona será “un área delimitada
geográficamente donde se ofrece un entorno de negocios excepcional”. Los
privilegios son de cuatro tipos: beneficios fiscales, un régimen aduanero
especial, marco regulatorio “ágil”, infraestructura “competitiva” y programas
de apoyo.
Gutiérrez Candiani
explica que la instauración de las ZEE se decidió por estado de la república:
los 10 más pobres. “Después de esto, lo que se identificó fueron los lugares
con una infraestructura básica que se pudiera potencializar. Por eso se decidió
mucho en puertos con accesos ferrocarrileros, carreteros…”.
La investigadora Mayra
Eslava pone en duda el objetivo formal de las ZEE. Señala que, a pesar de que
la pobreza se encuentra en todo el país, en lo que se han empeñado es en la
región Sur-Sureste. Señala que en realidad se busca disminuir la resistencia de
las comunidades o pueblos a la entrada de los megaproyectos y la iniciativa
privada en zonas donde no han podido hacerlo. Ahora, los grandes empresarios
llegan disfrazados de Estado para hacer los negocios que siempre han querido
hacer.
El dirigente campesino
Francisco Jiménez Pablo rechaza la instauración de Zonas Económicas Especiales
porque, considera, “no son más que el aprovechamiento de la mano de obra
indígena y campesina para los megaproyectos de las empresas trasnacionales”.
Asegura que a los pobladores sólo les dejarán salarios miserables a cambio de
sus tierras. “Será un gran despojo”, considera.
Gerardo Gutiérrez
Candiani, titular de la AFDZEE, rechaza que los empresarios busquen mano de
obra barata y anuncia que se desarrollará un programa integral de capacitación
para que los pobladores ocupen los nuevos empleos que se generarán. “Estamos
trabajando con la Secretaría de Educación Pública y con la del Trabajo para
capacitaciones, certificaciones. Pero sobre todo, lo que vamos a hacer es
trabajar de la mano con universidades, centros tecnológicos, para ir, de
acuerdo con las vocaciones ya identificadas de cada zona, que los planes de
estudio, los planes de capacitación vayan n ese sentido”.
Zósimo Camacho
No hay comentarios.:
Publicar un comentario