AP
La detención el domingo en Italia
del ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, ha planteado
preguntas sobre si va a ser extraditado a los Estados Unidos, donde está
acusado de lavado de dinero, o en México, donde vivió durante varios años como
fugitivo. Alonzo Peña, ex director adjunto de Inmigración y Aduanas de EU, dijo
en una entrevista con San Antonio Express News que los políticos en
México están temblando por la información que el ex priista pueda contar. “¿Va
a cooperar? ¿Va a contar todo y poner en peligro a otras personas?”, dijo.
Analistas consultados por la
agencia de noticias AP coinciden con este planteamiento. Para los expertos, la
captura de Yarrington es un ejemplo de la falta de voluntad de las autoridades
a la hora de detener a uno de los suyos, un ex mandatario que puede contar con
información delicada que podría involucrar a otros políticos corruptos. “El
Gobierno de Peña Nieto ha protegido a muchos gobernadores priístas”.
Oficios de asignación de escoltas
ministeriales confirmaron que durante el mandato de Egidio Torre Cantú se
brindó protección a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández con el despliegue de
agentes, que formaban una fuerza conjunta de 12 elementos –ocho para Yarrington
y cuatro para Hernández– significaron una erogación de 30 millones de pesos
durante seis años por concepto de sueldos y viáticos.
Por Mark Stevenson y María Verza,
AP
El febrero de 2012, el actual
Presidente Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la
Presidencia, salió en defensa de Tomás Yarrington. La DEA acababa de soltar la
bomba pero Peña lo consideraba una filtración. “Me parece que esta es una
filtración, una especulación que se viene haciendo. Lo único que ha pedido el
PRI es que no se pretenda aplicar la ley violando la ley. El PRI está a favor
de la ley y de la justicia. Pero también es cierto que este tipo de
declaraciones vienen a ocurrir cuando estamos en plena campaña del proceso
electoral. Me parece que esta es una filtración, una especulación que se viene
haciendo”.
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El ex Gobernador de Tamaulipas
Tomás Yarrington, prófugo de la justicia en Estados Unidos y México desde por
lo menos un lustro y acusado de lavado de dinero y vínculos con el crimen
organizado, fue detenido en Florencia, Italia, 12 años después de que dejara su
cargo como mandatario estatal.
La captura, anunciada por la
Procuraduría General de México el domingo por la noche, es a juicio de los
analistas un ejemplo de la falta de voluntad de las autoridades a la hora de
detener a uno de los suyos, un exmandatario que puede contar con información
delicada que podría involucrar a otros políticos corruptos.
Yarrington fue Gobernador de
Tamaulipas de 1999 a 2005 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el
mismo del Presidente Enrique Peña Nieto, y supuestamente aceptó sobornos tanto
del cártel del Golfo como de los Zetas, los dos grupos del crimen organizado
más poderosos en esa región, cuya lucha encarnizada ha dejado miles de muertos,
desaparecidos, a la sociedad totalmente atemorizada, los medios de comunicación
silenciados y la frontera noreste del país plagada de fosas clandestinas.
Según explicó el subprocurador
Jurídico y de Asuntos Internacionales de la fiscalía federal, Alberto Elías
Beltrán, el arresto se produjo por las autoridades italianas gracias a la
información de inteligencia proporcionada por México y Estados Unidos. Los dos
países aspiran a conseguir la extradición del exmandatario, dijo Beltrán, pero
será Italia el que decida a qué autoridades lo entregará una vez se formalicen
las peticiones.
La unidad especializada en
narcotráfico y delincuencia organizada de la fiscalía federal inició una investigación
en su contra el 13 de julio de 2012. Más de cuatro años después, en noviembre
de 2016, el gobierno ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (unos 730
mil dólares) por información que llevara a su captura porque pese al “amplio
despliegue” para intentar capturarlo no se había podido conocer su paradero,
decía el Boletín Oficial de la Federación al hacer pública la recompensa.
Sin embargo, aunque las autoridades
federales no daban con él, Yarrington contó hasta el otoño de 2016 con escoltas
asignados por la fiscalía de Tamaulipas, según dijo el lunes Francisco García
Cabeza de Vaca, actual Gobernador del estado y primer mandatario de esta región
que surgen del partido opositor PAN (o Partido de Acción Nacional), en
entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
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La recompensa tardía, casi 5 años
después. Imagen de PGR.
De forma paralela a las
investigaciones iniciadas en México, el FBI lo buscaba al menos desde diciembre
de 2013, por lavado de dinero y fraude, entre otros delitos, acusaciones que
sus abogados siempre negaron.
Según Estados Unidos, Yarrington
recibió pagos de narcotraficantes que operaban en el estado fronterizo con
Texas. Según un comunicado de prensa del FBI de diciembre de 2013,
supuestamente lo hacía a cambio de “dejarles operar a gran escala” en sus
actividades criminales.
Las autoridades estadounidenses
también lo vinculan con distintos crímenes después de ser Gobernador: en
concreto lo acusan del tráfico de “grandes cantidades de cocaína” de 2007 a
2009 desde el puerto de Veracruz al sur de Tamaulipas, y del uso de fondos
públicos robados.
Pese a todas las investigaciones en
su contra durante años, el PRI no lo expulsó sino hasta diciembre de 2016. En
un comunicado, el partido explicaba entonces que era por “vulnerar
sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética y cometer actos
de falta de probidad durante su gestión al ser señalado como autor de diversos
actos de corrupción y, en consecuencia, haber afectado la imagen del PRI”.
Expertos en crimen organizado
enfatizaron lo mucho que se tardó en llegar esta detención y coincidieron en
indicar que el arresto tiene connotaciones políticas, ya que este año habrá
votaciones en varios estados importantes y en 2018 se celebrarán elecciones
presidenciales, por lo que las autoridades quieren mostrar acciones contra la
corrupción.
De hecho, hay otros dos ex
mandatarios priístas prófugos: Javier Duarte, que gobernó el estado oriental de
Veracruz de 2010 a 2016, y César Duarte, mandatario del norteño estado de
Chihuahua en el mismo periodo. Ambos tienen a sus espaldas acusaciones de corrupción
y al veracruzano se le vincula, además, con el crimen organizado. Aunque
comparten apellido, no son familiares.
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La Fiscalía no ofreció detalles
sobre cómo se concretó la captura de Yarrington pero el analista Raúl Benítez,
indicó que se le pudo ubicar gracias a las comunicaciones telefónicas que tenía
con su familia, aunque había cambiado de identidad.
A juicio de Benítez, el gobierno de
Peña Nieto “ha protegido a muchos gobernadores priístas” durante mucho tiempo,
pero ahora, por “cuestiones políticas”, el Presidente ha considerado que era necesario
que cayeran algunos, sobre todo aquellos a los que se vincula con el crimen
organizado.
“La mezcla de corruptos con narcos
es explosiva, muy difícil de sostener para el gobierno”, añadió el analista en
declaraciones a The Associated Press. De ahí, añadió, que se optara por
“ir capturándolos aunque fueran del PRI”.
Hace menos de dos semanas fue
arrestado en Estados Unidos Edgar Veytia, fiscal general del estado de Nayarit,
también gobernado por el PRI, por asociación delictuosa para traficar con cocaína,
heroína y metanfetaminas desde enero de 2013 hasta el pasado mes de febrero.
Para Edgardo Buscaglia, consultor
internacional y experto en crimen organizado, la protección a los gobernadores
va más allá de los partidos políticos. “Son señores feudales, intocables, a
veces con más poder que el Presidente de la República”, dijo.
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En su opinión, son “los principales
arquitectos del financiamiento mafioso de las campañas electorales” porque
desvían dinero de fondos públicos y gestionan irregularmente dinero tanto de
empresas legales como del crimen organizado. “Cuando se vuelven impresentables
(para la opinión pública) y bajo presión internacional, la Procuraduría General
de la República actúa, pero estos gobernadores tienen mucha información con la
que caería la mitad de la clase política como sucedió en Italia o Colombia”,
añadió en declaraciones a la AP.
Precisamente por eso, Buscaglia
está convencido de que a los gobernadores no se les encarcela directamente
cuando hay una orden de aprehensión en su contra. “Comenzarían a revelar
información y comenzaría a generarse un efecto dominó”.
“Negocian su entrega, su
patrimonio”, agregó el experto. “Por eso milagrosamente no se encuentra a los
gobernadores prófugos”.
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