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Dulce Olvera
Un miembro del
Gobierno canadiense declaró la semana pasada, en el marco del roce por el
llamado del Presidente Donald Trump a la renegociación del TLCAN: “amamos a
nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y
la amistad viene después”.
De acuerdo con
un informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para
exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio
de Conflictos Mineros de América Latina, de norte a sur del país, al menos 17
mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas. Además de afectar su
medio ambiente contaminando sus aguas, hay casos de tres asesinatos y diversas
amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios relacionados con estas firmas.
¿Cuál amistad? Los canadienses suelen venderse en el mundo como una nación
defensora de los derechos de los más débiles, de una supuesta convicción
igualitaria, de solidaridad con los pueblos. pero apenas tiene oportunidad o le
llega alguna presión, y esos principios se los guarda para después.
Ciudad de México,
30 de enero (SinEmbargo).– Alrededor de cien elementos de la Policía
Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos
de la policía del municipio de Mapimí, en agosto de 2012 intentaron disolver un
campamento establecido frente a la mina La Platosa, de la empresa canadiense
Excellon, la cual violó un contrato de renta de mil 100 hectáreas con la
comunidad La Sierrita de Galeana. Dos meses después, un grupo de sujetos con
palos y piedras desalojó la protesta a golpes.
“No hubo heridos, pero
sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”,
afirmó el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel Pacheco. “Cualquier
movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el Ejército nos tenía
rodeados”.
Un informe de las
organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers concluyó que
aquella ocasión “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad
y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de
los intereses de Excellon”.
Daniel Pacheco contó a SinEmbargo que
cuatro años después sigue recibiendo amenazas e intimidación. Le llegan
mensajes de texto a su celular de ladas de Nayarit, Chihuahua y Nuevo León. “Ya
déjense de chingaderas”, “dejen de estar molestando a Excellon, de todas formas
van a perder”, dicen los textos.
El domingo pasado una
patrulla de la Policía se estacionó frente a su casa durante la madrugada.
“No hay una mina en
toda Latinoamérica que se haya retirado por daños a las comunidades. Se retiran
cuando se acaba el mineral porque son empresarios. El gobierno de Canadá
lo que quiere es seguir sangrando a México llevándose los minerales”, aseguró.
Además de la violación
a derechos humanos, la empresa canadiense ha contaminado con arsénico las aguas
de La Sierrita, una zona desértica.
En La Sierrita,
Durango, la mina La Platosa desperdicia y contamina el agua. Foto: prodesc.org
“Un estudio de la UNAM
dice que hay arsénico en el agua y [que] está al límite para usarse en la
agricultura. Para consumo humano está cinco veces arriba de la norma”, afirmó
Pacheco. Para abastecerse, la comunidad recurre a un pozo establecido a unos 5
kilómetros de la mina.
Tras varios años de
juicio por pisotear el contrato que disponía que a cambio del arrendamiento de
los terrenos la empresa tenía que pagar y dar diversos apoyos económicos a la
comunidad, en noviembre el Tribunal Unitario Agrario determinó cancelarlo.
La autoridad ordenó a
la minera la devolución de las mil 100 hectáreas a los ejidatarios. Sin
embargo, detalló el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la
organización ProDESC, Juan Antonio López, esto sólo puede llevarse a
cabo si la comunidad paga a la empresa 5 millones 612 mil pesos por
haberle causado pérdidas de 90 millones de dólares al establecer el campamento
durante tres meses. El abogado lo interpreta como una condicionante y un
embargo a las tierras.
A su vez, ordenó el
Tribunal, Excellon debe pagar a la Sierrita 5 millones 500 mil pesos por no
haber cumplido con la construcción de una planta tratadora de agua como
indicaba el contrato. Pero de acuerdo con López fueron también otras
cláusulas las que la empresa violó. Esa cantidad de dinero no representa una
compensación total si se toman en cuenta los daños a la comunidad y la falta
del pago de becas, fondo social y renta por las tierras que han seguido
utilizando durante tres años más sin pagar, dijo. Por cada año, la
canadiense les debe 7 millones de pesos.
No es un caso aislado.
De acuerdo con el informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las
concesiones para exploración minera en México son canadienses. Mientras, el
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado, de norte a
sur del país, que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas,
algunas de ellas con usos y costumbres propias.
Además de afectar su
medio ambiente, se han documentado tres asesinatos, y diversas amenazas e
intimidaciones contra los ejidatarios.
En México, el
Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 casos, de los cuales la hoja
de maple destaca en varios.
Estas son las mineras
“amigas” señaladas por los comuneros de dañar su comunidad y cometer otros
actos de agresión en su contra: Metallica Resources en San Luis Potosí;
Minefinders en Chihuahua; Great Panther en Guanajuato; BlackFire en Chiapas;
Torex Gold en Guerrero; Alamos Gold en Sonora; Vista Gold en Baja California
Sur; Continnum Resosurces en Oaxaca, Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold
Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Fortuna Silver en Oaxaca;
Araganout Gold en Baja California; Excellon en Durango; First Majestic Silver
Corp en Coahuila y Zacatecas; Gabfer en Colima y Samalayuca en Chihuahua.
De acuerdo con Juan
Antonio López, para que una empresa minera pierda la concesión –otorgada por la
Secretaría de Economía– debe haber incumplimientos a la Ley Minera: no haber
cumplido con las labores de exploración o extracción; no pagar impuestos con
base en sus ganancias; o emprender acciones contra la soberanía nacional, por
ejemplo.
CANADÁ LE DA LA
ESPALDA A MÉXICO
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El Presidente Enrique
Peña Nieto, con playera verde fosforescente y short negro, corrió “casi 5
kilómetros” en Canadá durante una mañana a finales de junio del año pasado
junto al Primer Ministro de ese país, Justin Tradeau. Siete meses después, ya
con Donald Trump como Presidente de Estados Unidos y la inminente desaparición
del TLC, un miembro del gobierno canadiense declaró que sus intereses
nacionales están primero y la amistad con México es secundaria.
“Amamos a nuestros
amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad
viene después”, dijo desde el anonimato.
Canadá le ha
dado la espalda a México durante el tenso debate sobre el TLC iniciado por
el republicano Donald Trump.
Desde la cancelación
de la visa que había sido impuesta a los mexicanos para ingresar a ese país,
ambas naciones no habían tenido roces.
Con un intercambio
comercial bilateral que en 2015 alcanzó los 34 mil millones de dólares, Canadá
y México se mantienen como el tercer socio comercial uno del otro. El país de la
hoja de maple es el cuarto mayor inversionista de aquí. Entre el 200 y el 2014
inyectó más de 22 mil 780 millones de dólares, según cifras oficiales.
Pero no toda la
inversión canadiense ha dejado a México un buen sabor de boca: el Observatorio
de Conflictos Mineros ha detectado 37 disputas en territorio
nacional, de las cuales, 17 empresas de Canadá destacan en 19 de ellos.
A continuación los
casos:
1 El cerro San
Pedro ubicado en San Luis Potosí históricamente fue un lugar donde se
realizaban actividades mineras artesanales y ahora es atracción para la minería
trasnacional. Es una zona que no dispone de grandes cantidades de agua lo que
hace más riesgosa la actividad minera.
Desde la década de los
90 la empresa San Xavier –subsidiaria de Metallica Resources de procedencia
canadiense– opera fuera de la ley y “terminará comiéndose” al cerro para
la extracción de oro, de acuerdo con el Frente Amplio Opositor.
La organización ha
desarrollado la mayor oposición a la actividad minera de esa firma por sus
impactos en el agua, en el ambiente, en la salud de la población y el efecto
negativo en actividades alternativas que pueden desarrollarse en la zona.
2 Campesinos del
Ejido Huizopa, en Chihuahua, protestaron ante la Mina de Oro Dolores de la
empresa canadiense Minefinders. El proyecto de extracción a cielo abierto ha
sido ilegalmente desarrollado en sus tierras porque, argumentan ejidatarios, la
Secretaría de Medio Ambiente solo dio el permiso de uso de suelo para 500
hectáreas, pero la firma ocupa 3 mil 458 hectáreas para sus labores.
La Asamblea Permanente
de Huizopa exige que la empresa deje de estar “enriqueciéndose a costa de la
pobreza de los ejidatarios y devastando los recursos naturales”.
3 La actividad
de la empresa minera canadiense Great Panther contamina el agua de las presas
La Soledad y La Esperanza en Guanajuato al arrojar fierro, manganeso, arsénico
y selenio.
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4 Desde el año
2008 la empresa canadiense BlackFire intentó explotar en el municipio de
Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita del mundo, que prometía alcanzar
un ritmo de producción de 360 mil toneladas anuales de esa piedra utilizada
para la perforación petrolífera.
Pero los campesinos de
los ejidos Grecia y Nueva Morelia se oponían con manifestaciones. En noviembre
de 2009 fue asesinado Mariano Abarca Roblero, miembro de la organización de
derechos humanos “Dos Valles Valientes”. La mina fue cerrada. El activista
había presentado una denuncia contra la minera por amenazas de muerte.
Además, también han
sido amenazados de muerte miembros del Comité de Derechos Humanos Oralia
Morales en Frontera Comalapa, y del Comité de Derechos Humanos 10 de enero en
Chicomuselo.
La firma canadiense no
puede operar hasta que cumpla las regulaciones ambientales exigidas. El
yacimiento se encuentra clausurado.
5 Un estudio de
la Secretaría de Salud (Ss) y de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaeg) determinó en 2007 que existe
contaminación grave en cuerpos de agua de Cocula, Guerrero, debido a derrames
de arsénico de la empresa minera canadiense Media Luna, subsidiaria de Tex
Gold.
Además, un dirigente
de la coalición de Ejidos de Real de Limón denunció intimidación hacia la
protesta. En general han habido hostigamiento contra ejidatarios por parte de
la empresa.
6 La Mina de Oro
Nacional, de la canadiense Alamos Gold, en la sierra alta de Sonora, está
acabando con el pueblo de Mulatos. Su actividad de extracción ha dañado la
salud de sus habitantes y compra las casas a precios muy baratos.
7 La Sierra de la
Laguna, cadena montañosa en Baja California Sur, es una reserva ecológica
protegida por su enorme variedad de especies endémicas. Sin embargo, desde
el año 2010 la empresa canadiense Vista Gold intenta explotarla.
Hasta el momento la
Semarnat ha negado el permiso a la trasnacional para implementar el proyecto
Paredones Amarillos también llamado Minera Concordia y posteriormente Los
Cardones, cuando Vista Gold se asoció con el Grupo Invecture, otro canadiense.
La Secretaría realizó
una consulta a los habitantes del estado sobre el proyecto y la mayoría lo
rechazó.
8 Mediante
engaños a la población campesina del ejido Carrizal, en Chiapas, funcionarios
de la canadiense Linear Gold Corp obtuvieron un permiso de exploración que
intentaron convertirlo en luz verde para la explotación.
Han habido un detenido
(ya liberado), hostigamiento policial y amenazas de muerte ante la resistencia
de la población local y del Frente Regional Contra las Privatizaciones
(FRCP-FNLS).
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9 Las comunidades
de San José del Progreso, Magdalena y otras localidades del municipio de
Ocotlán, Oaxaca, acusaron que ilegalmente se entregaron concesiones a la
empresa Natividad, de la canadiense Continnum Resosurces.
Tan solo en las
actividades de exploración secaron manantiales y acuíferos de la zona de manera
irreversible.
Los comuneros han
tomado campamentos de la minera y cortado rutas de acceso, pero han sido
reprimidos violentamente por la policía. Exigen la indemnización por los daños
ecológicos.
10 El proyecto
Caballo Blanco de la empresa canadiense Gold Group se encuentra en Alto Lucero,
Veracruz, a tres kilómetros de la central nuclear Laguna Verde, con la
autorización ambiental de Semarnat y Profepa.
Ha despertado fuerte
oposición porque amenaza el medio ambiente y aumenta el riesgo de un accidente
nuclear con consecuencias mortales. Además el área de actividad minera abarca
manglares y vegetación.
De acuerdo con las
imágenes publicadas por la propia empresa, se colocarán miles de toneladas de material
removido en la cabeza de cuenca, las cuales serán objeto de deslaves severos
cuyos sedimentos afectarán ríos, lagunas costeras y la ribera del mar de donde
se extrae agua para el enfriamiento de los reactores de la nucleoeléctrica.
11 La empresa Almaden
Minerals de Canadá efectúa dos trabajos tendientes a explotar yacimientos de
oro, plata y cobre en la región de Ixtacamaxtitlán y uno más cerca de Tetela en
Puebla.
Las poblaciones se
oponen, pero en 2010 se inició la instalación de barrenos para la exploración
del subsuelo.
12 La oposición a
la mina La Trinidad en Oaxaca de la canadiense Fortuna Silver tiene registros
desde 2009. El activista Bernardo Méndez fue asesinado en 2012 durante un
enfrentamiento con la policía municipal. Otro activista fue herido a balazos.
Meses después el
activista Bernardo Vásquez también fue asesinado a tiros. Su hermano y amiga
resultaron heridos en el ataque. Nadie fue detenido.
13 La empresa
canadiense Araganout Gold planea instalar la mina San Antonio en la zona
turística entre La Paz y Cabo San Lucas en el Golfo de California, pero su
proyecto representa un riesgo para los acuíferos, riesgos a la salud por la
contaminación del arsénico.
Los ejidatarios de la
zona de Los Planes, San Antonio y San Luis han vendido o rentando sus terrenos
y viven con la promesa de la generación de 350 empleos directos. Sin embargo,
ciudadanos, investigadores, médicos y diversas organizaciones civiles, entre
ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Niparajá, Medio Ambiente y
Sociedad, y Agua vale más que oro, han emprendido una campaña contra las
compañías mineras por el daño a los mantos acuíferos.
14 Habitantes del
pueblo zapoteco Magdalena Teitipac “lugar sobre las piedras”, al centro de
Oaxaca, decidieron en Asamblea General expulsar a la compañía minera Plata
Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por la contaminación
generada en sus mantos durante los trabajos de exploración en su territorio.
De acuerdo con la
Secretaría de Economía, la concesión otorgada para explotar oro y plata era
para mil 653 hectáreas a cambio de entregar a los comuneros una
contraprestación de 15 mil dólares durante los dos primeros años y luego 20 mil
hasta 2057. Pero los habitantes no desean que siga operando por los graves
daños a sus ríos y mantos.
15 El conflicto
entre la empresa canadiense Excellon Resources y el ejido La Sierrita en
Durango se originó por una serie de violaciones al derecho a la tierra,
territorio y bienes naturales de los ejidatarios, luego de una violación al
contrato por parte de la minera.
En 2008 los comuneros
aceptaron rentarles mil 100 hectáreas, pero desde 2011 comenzó a operar fuera
del territorio acordado. Ejidatarios realizaron protestas frente a la minera,
pero el 29 de agosto del 2012 el Gobierno Federal de Durango y del municipio de
Mapimí llevaron a cabo un operativo con más de 100 elementos del Ejército,
Policía Federal, estatal y municipal, apuntando con armas y exigiendo terminar
con la protesta.
Las protestas
continuaron, y se interpuso una demanda para anular el contrato ante el
Tribunal Agrario para recuperar las tierras. El proceso judicial continúa.
16 La minera La
Encantada, de la canadiense First Majestic Silver Corp, opera en el ejido
Tenochtitlán en Ocampo, Coahuila, a pesar de que las tierras pertenecen a la
comunidad desde 1973.
La Secretaría de la
Reforma Agraria giró una orden para que se les entregaran los terrenos. Aún así
no se ha ejecutado la acción de desalojo contra la empresa que sigue explotando
el predio del que se saca plata y allí mismo la procesan, contaminando los
terrenos ejidales con metales pesados.
La Encantada es la
principal explotación de First Majestic en México, que en 2012 reportó una
utilidad bruta de mil 464 millones 679 mil pesos, pero sólo pagó 0.004% (68 mil
160 pesos) por derechos mineros.
Cansados de tanto
abuso y de no tener respuesta ni ayuda de las autoridades, los ejidatarios
irrumpieron cortando el camino de la mina durante el mes de junio del año 2013,
a los pocos días fueron criminalizados y hubo un saldo de 16 detenidos.
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17 La empresa con
capital canadiense Gabfer planea emprender un proyecto minero en la comunidad
nahua de Zacualpan, Colima, pero sus habitantes se han resistido.
Consignas como
“Zacualpan libre de Minería” se han gritado en las calles de esta comunidad.
Han exigido a las autoridades municipales la cancelación de las concesiones.
Durante febrero y
marzo de 2014 realizaron cacerolazos y plantones fuera de la empresa.
18 El proyecto
minero Del Toro, de la empresa multinacional First Majestic Gold Corp, ha
contaminado el río San Rafael del municipio Chalchihuites, Zacatecas, lo cual
ha provocado en sus habitantes alergias, infecciones en los ojos, malestares
estomacales e incluso plomo en la sangre.
Asimismo, el ganado
que ha tomado agua de ese río ha muerto. Dentro de la minera solo el 10 por
ciento del personal es originario del lugar.
19 La empresa de
capitales mexicanos y canadienses, Samalayuca Cobre, desde el 2012 busca
desarrollar un proyecto en la Sierra de Samalayuca, Chihuahua, ofreciendo una
inversión por 4 mil millones de dolares.
Sin embargo, las
comunidades están preocupadas debido a que el proyecto se encuentra en el
polígono de los Médanos, un área natural donde se encuentra la fuente de
abastecimiento de agua más importante de la ciudad.
Académicos y
habitantes han exigido una investigación sobre el riesgo de contaminación y las
estrategias ante la posible escasez de agua.
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