Mary
Jose Díaz Flores
Lo que
se estaba pidiendo a gritos es que las corporaciones policiacas aplicaran la
Ley en la capital del estado, tal como lo hicieron para dispersar a maestros
que ayer miércoles pretendían bloquear las entradas y salidas a la capital
chiapaneca; además de apoderarse de algunas oficinas públicas. Estas acciones,
las exigimos los ciudadanos que estamos hartos de bloqueos carreteros, de tomas
de edificios públicos y daños a empresas particulares y se debieron haber
realizado desde hace tiempo pues precisamente por permitir que se viole la Ley
por parte de diversos grupos y organizaciones, ahora hasta la iglesia católica
participa de cuestiones políticas, pues fue precisamente en la diócesis de San
Cristóbal y frente al sacerdote Gonzalo Ituarte, donde el presidente del
Congreso del Estado, Eduardo Ramírez fue retenido de manera violenta y es que
en la curia, acompañado de los legisladores; Carlos Penagos, que también
fue retenido; y las diputadas, patricia Conde y Judith Torres que
pudieron escapar, encabezaban una reunión para atender el conflicto del
municipio de Chenalhó donde inconformes piden la destitución de la alcaldesa
Rosa Pérez Pérez.
En
este sentido, la Secretaría de Gobernación, debería investigar por qué la
iglesia católica tiene tanta injerencia en conflictos políticos que se han
desatado en municipios indígenas como Oxchuc, donde fue destituida María Gloria
Sánchez Gómez hace algunas semanas y ahora en Chenalhó, donde exigen la
destitución de Rosa Pérez Pérez, pero no solo a los sacerdotes que no deberían
estar involucrados en asuntos políticos y que se prestaron a que en la misma
diócesis retuvieran al legislador, autoridades de justicia deben también
indagar, por qué; Edgar Rosales, quien cuando fungió como subsecretario de
gobierno junto con el síndico municipal de Chenalhó; Miguel Santis al parecer
pedían 57 millones de pesos en obras en ese municipio, ya que el primero es
dueño de una constructora, y lo cual presuntamente es el origen del conflicto
político, de acuerdo a declaraciones de la propia alcaldesa, que asegura
tenerlos en su contra por que se negó a cumplirles la exigencia.
Finalmente,
en esta como en otras zonas de Chiapas los subsecretarios de gobierno,
directores de gobierno, informantes y diputados de los distritos tienen
responsabilidad en la desestabilización social, ya que la falta de respuesta
lleva precisamente a la inconformidad y en cuanto a la aplicación de la ley,
que se haga parejo, pues todos hijos o todos entenados, además de que la
atención de las normas legales es una facultad del estado que debe hacerse sin
contemplaciones. En fin, esperamos que los legisladores retenidos y expuestos a
la multitud como se observa en las redes sociales salgan bien librados en este
asunto político; pero también que los responsables de que las inconformidades
se hayan salido de control paguen la cuota que les corresponde legalmente.
CON
FILO
Ahora
resulta que el PRD, exige a través de su presidente; César Espinosa
Morales, que se detenga la campaña de hostigamiento y represión que desde
hace varios días implementa en contra del legítimo movimiento magisterial de la
CNTE en la entidad, con lo cual lo único que quiere es llevar agua a su molino,
ya que realmente es necesario hacer que se respete el derecho al libre
tránsito, no se les impide la libertad de manifestación pero respetando los
derechos de terceros y que regresen a cumplir con sus labores que al fin, si
son buenos trabajadores tampoco tendría que afectarles la Reforma Educativa
enfocada a regular lo laboral, el que cumple no debería tener temor de ser
despedido y muchos honorables formadores de generaciones están dispuestos a
seguir dando clases, de tal forma que el discurso perredista solo es
oportunista y para que el magisterio crea que está de su lado, cuando en
realidad es todo lo contrario; este líder sirve solo a intereses personales y
políticos.
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