∙ Gerardo Sánchez García, líder de la
CNC, pide a los productores no dejarse engañar
∙ En mensaje a los cenecistas
sostiene que la propiedad social en el campo se encuentra garantizada
México
D. F., a 20 de julio de 2014.- El líder de la Confederación Nacional Campesina,
Gerardo Sánchez García, aseguró hoy que con la Reforma Energética habrá
beneficios para el sector rural del país, sostuvo que la propiedad social de la
tierra queda garantizada y pidió a los productores del campo no dejarse engañar
por agoreros del desastre que sólo buscan sacar ventajas políticas al
profetizar, de manera tendenciosa, el desmantelamiento y la expropiación de
predios.
El
senador guanajuatense se refirió a quienes insisten en infundir terror a los
propietarios de la tierra con historias de despojo y desolación para hacer cree
que es una maldición ser dueños de terrenos con recursos de hidrocarburos y en
un mensaje enviado a los más de 5 millones de campesinos que representa la CNC
dejó en claro que “ni maldición ni despojo, al contrario, la Reforma Energética
permite a los propietarios asociarse y tener beneficios económicos”.
El
dirigente aludió a la pobreza que impera en el campo mexicano, manifestó que la
reforma constituye una esperanza para los productores y destacó que por eso le
apuestan al proyecto cuyas leyes secundarias se debaten en el Congreso de la
Unión, porque no se puede desaprovechar la oportunidad de que haya alternativas
que capitalicen al campo y a sus familias.
Por
eso, afirmó, la tenencia de la tierra es un tema que de manera seria y
responsable defiende la CNC para dar certidumbre a los productores, involucrarlos
al desarrollo y hacerlos partícipes de la reforma que, en lo que respecta a la Ley
de Hidrocarburos, establece acuerdos de protección a indígenas, ejidatarios,
comuneros y pequeños propietarios.
Gerardo
Sánchez García se refirió al desempeño de los legisladores cenecistas en el
Senado de la República dónde se determinó que la Procuraduría Agraria sea
mediadora en los contratos que vayan a celebrarse entre los dueños de la tierra
y los futuros inversionistas en materia energética, para no dejarlos a su
arbitrio y permitan garantizar los derechos de quienes como campesinos van a
ser socios, comprometiendo al Estado en esta responsabilidad de respetar el
mandato de los ejidatarios y de sus asambleas.
Porque,
enfatizó en su mensaje, no se puede poner en riesgo a los campesinos, por lo
que se requiere de un entendimiento entre las partes, que haya ganancias mutuas,
coparticipación y, por supuesto, que la tenencia de la tierra no sea un
obstáculo para buscar alternativas que potencialicen a las familias del campo
con el desarrollo de los energéticos como alternativa.
Para
el senador Gerardo Sánchez García la Reforma Energética es una de las más ambiciosas
e importantes de los últimos 50 años porque los beneficios para los mexicanos
son muchos y sustanciales, pues, entre otros, abrirá nuevas perspectivas con el
fin de detonar el crecimiento económico con un efecto multiplicador en la
inversión y el empleo.
Por su
parte, el también cenecista y senador Manuel Humberto Cota Jiménez sostuvo que
las leyes secundarias de la reforma energética son buenas para los campesinos,
de lo contrario, advirtió, no estaríamos de acuerdo.
El presidente de la
Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado indicó que la
legislación garantiza mecanismos que privilegian e incentivan la
negociación y los acuerdos entre las partes, dueños de la tierra e
inversionistas, basados en principios de transparencia, de legalidad y de equidad.
“Los mecanismos
establecidos en la reforma son acordes a las mejores prácticas internacionales,
incorpora mecanismos y esquemas novedosos, como la mediación y prevé que los
valores de la tierra deban considerar posibles plusvalías por virtud de los proyectos,
el lucro cesante y la indemnización por cualquier afectación que se llegara a
sufrir, factores que hasta ahora nunca se han tomado en cuenta”, enfatizó.
El senador nayarita
resaltó que la reforma privilegia la generación de beneficios equitativos para
los propietarios y posesionarios de terrenos, y contempla mecanismos
institucionales que protegen sus derechos en el contexto de las negociaciones,
que se llevarán a cabo con los desarrolladores.
