¿MÁS PENAS, MENOS
DELINCUENCIA?
Los estudiosos del derecho han dicho hasta el
cansancio que el impacto disuasivo de elevar las penalidades no afecta los
índices delincuenciales, esto significa que aun cuando las penas sean más altas
la criminalidad no baja.
Esto lo menciono
ya que apenas hace unos días en el Senado de la República “endureció”, ese es
el término que utilizaron, las penalidades en materia de secuestro, el cual
puede alcanzar una sanción corporal de hasta 140 años de prisión y multa de
hasta 24 mil días de salario mínimo.
Uno de los que
defendió esta reforma fue el Legislador del “millón de votos”, Roberto Albores
Gleason, quien aseguró, en un boletín de prensa, que esta medida es para
proteger la libertad de todos los ciudadanos.
Y
desafortunadamente en nuestro país esta práctica delincuencial es una de las
más socorridas por la delincuencia organizada para hacerse de recursos
económicos, que solo en los estudios criminológicos del año 2012 los casos de
secuestro llegaron a la estratosférica cifra de 15 mil y que año con año esta
estadística sigue en aumento permanente de más del 30 por ciento.
Para lo que se
puede considerar como una sanción de cárcel perpetua, ya que sería imposible
que alguna persona alcanzara a cumplir los 140 años de prisión, esta medida
está rebasada por las experiencias a nivel mundial que indican que una mayor
penalidad no disminuye los índices de criminalidad en el delito a la que se le
señale.
Los
Legisladores, y sus supuestos asesores, no toman en cuenta para la evaluación
de sus reformas algo básico en la creación de nuevas reglamentaciones que es
las fuentes del derecho. Una de ellas son las fuentes reales, la que por hechos
sociales, políticos, culturales, etcétera, son las que se toman en cuenta para legislar.
Una fuente real
es esa experiencia y estudios a nivel internacional que nos indica claramente
que no afecta en nada, que no frena a que los delincuentes cometan un acto
ilícito.
En pocas
palabras, el criminal que su modus vivendi es el secuestro no se verá
perturbada su decisión de seguir privando de la libertad y de la vida a los
ciudadanos sí con ello puede obtener altas ganancias económicas.
Quiero ser claro
en esto, sin ser redundante, pero en este momento un secuestrador no va a dejar
en libertad a una víctima por saber que ahora lo pueden sancionar con 140 años
de cárcel y que tendrá que pagar una multa de más de un millón y medio de
pesos, cuando sabe perfectamente que la impunidad, la corrupción, el
burocratismo judicial y la falta de preparación, o pereza, de los agentes
investigadores están a su favor.
Pueden los
Diputados y Senadores aumentar todo lo que quieran las penas, es más, pueden
hasta llegar a castigar con la muerte a los delincuentes y eso no va a disuadir
a que se siga cometiendo estos ilícitos por las ventajas que el sistema penal
mexicano, en su operatividad real, les brinda.
La organización
de Amnistía Internacional, en su informe “Not Making Us Safer”, hace referencia
a que la pena de muerte debe ser abolida de las legislaciones penales
mundiales. Asegura: “no existe ni una sola prueba fehaciente de que sea un
factor disuasorio para delincuentes y criminales, y solamente se usa con fines
políticos”, es así que la solución a esta problemática no radica en elevar las
sanciones sino aplicar el irrestricto estado de derecho.
Pero que
significa tan rimbombante concepto. Primeramente que se cumpla lo que ordena la
ley, eso representaría que los funcionarios públicos que se encuentran a cargo
de la seguridad pública y procuración e impartición de justicia sean personas
preparadas eficientemente en la investigación de los ilícitos. Además que estos
servidores públicos sean honestos, que no busquen atajos a la ley y que no
permitan actos de corrupción. Sin olvidar que la ley se debe aplicar de manera
expedita, sin distinción económica y sin dilación.
Si lo anterior
se aplicara a la perfección, si estos funcionarios no buscaran su beneficio
personal económico, estoy seguro, que aun cuando la penalidad en un secuestro
fuera de 10 años, todos los secuestradores estuvieran purgando una pena y esa
haría que los ciudadanos creyeran en sus instituciones.
Estoy totalmente
de acuerdo con lo que marca los estudios de Amnistía Internacional, elevar las
penalidades, en ese caso la de muerte, solo es una cuestión de demagogia
política que en nada ayuda a la pasificación de la violencia criminal de los
pueblos.
COLUMNISTAS
Estoy muy
contento por la invitación que me hizo mi amiga Mary Jose Díaz Flores,
Presidenta de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, para ocupar la
Vicepresidencia de nuestra asociación civil.
Aun cuando
busqué ese peldaño, haciéndolo con propuestas, no existen rencores ni enojos
por haber perdido la elección, es más me siento orgulloso de tener compañeros
que sean de avanzada y que no tengan ningún complejo para que una mujer los
dirija.
La renovación de
la Mesa Directiva de Asociación de Columnistas está en marcha, a todo vapor,
con entusiasmo daré mi mayor esfuerzo para sacar adelante al gremio de
periodistas de opinión.
Mis propuestas y
metas seguirán en marcha, pero ahora acompañado de mi colega Mary Jose con la
cual me ligan lazos de cariño, respeto y admiración los cuales serán mi
estandarte para trabajar a favor de mis compañeros.
Reitero, que
trabajo que se hace desde el interior de la organización es de unión, que ahora
encabeza mi dirigente Mary Jose Díaz Flores.
PROTECCIÓN CIVIL
Orientar,
atender, auxiliar y proteger a los cientos de miles de personas que se
encuentran en regiones de alto riesgo por las lluvias generadas por el mal
clima, son algunas de las acciones que el gobierno de Chiapas está tomando para
la época de ciclones que ya arrancó en el Pacífico.
Manuel Velasco
Coello, ha estado pendiente del tema y encabeza constantemente, reuniones de
trabajo para coordinar los actos de prevención.
En ese sentido,
ha pedido a la ciudadanía sumarse a los trabajos y estar pendientes de las
indicaciones de los expertos para evitar desgracias personales
Terminé
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