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| Jacob García / Cuartoscuro.com |
Andrea
Vega (@EAndreaVega) / ANIMAL POLÍTICO
Mayo 3 2018 07:51
Familias
enteras de nueve estados del país han sido desplazadas de sus comunidades en
hechos de violencia causados por grupos armados, por violencia política o
conflictos territoriales, y por proyectos empresariales registrados en el
último año.
En
Chihuahua, por ejemplo, alrededor de 30 familias ódami (o tepehuanes del
norte) han sido desplazadas o amenazadas para abandonar sus hogares en las
localidades de Cordón de la Cruz, Mesa Colorada, El Tepozán y Tuáripa, en el
municipio de Guadalupe y Calvo, de acuerdo con la denuncia de la Red de
la Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara.
Estos
hechos se registraron luego que los hermanos Cornelio y Aurelio Alderete
Arciniega solicitaran a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU) la enajenación de los terrenos asegurando que son de ellos y no
de las comunidades indígenas. Los Alderete Arciniega han movilizado a
familiares, trabajadores y gente armada para agredir y desplazar a los
ódami, según han documentado la Red.
Mientas
tanto en Zacatecas, el 13 de enero de 2017 personal armado de la empresa minera
canadiense Panamerican Silver amenazó y desplazó a
47 familiasde la localidad La Colorada, municipio de Chalchihuites.
A las víctimas se les obligó a mudarse a casas de lámina, mientras que las
suyas quedaron destruidas. El argumento de la empresa es que cuenta con un
título de propiedad de los predios. Las familias desplazadas dicen que ellos
han vivido ahí por casi 100 años y que el título de la compañía es apócrifo.
Los
pobladores denuncian que en las viviendas de lámina no pueden vender comida,
realizar fiestas o mover mueble alguno. Si lo hacen, reciben multas. También
denunciaron que les roban sus animales y que sufren violencia psicológica: las
autoridades les quieren hacer creer que su pueblo nunca existió.
En
Guerrero, decenas de familias nahuas fueron desplazadas de las localidades
de Tetitlán de las Limas, Ahuihuiyuco y
Tepozcuautla, en el municipio de Chilapa, de acuerdo con el
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
En
Ahuihuiyuco, un grupo irrumpió en la comunidad, quemó viviendas y dejó dos
cuerpos desmembrados. El grupo criminal amenazó, a través de hojas pegadas en
casas, escuelas e iglesias, a las otras localidades y les exigió abandonar sus
casas.
A
estos tres casos de desplazamiento interno se suman otros 22 registrados en
México durante el último año, en los que comunidades enteras han tenido que
dejar sus hogares, para un total de 25 eventos documentados en el informe Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, cifras 2017,
de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
(CMDPDH).
José
Antonio Guevara, director de la CMDPDH, explicó durante la presentación del
documento que de enero a diciembre de 2017 hubo 25 episodios que afectaron a 20
mil 390 personas en el país, en nueve estados, 29 municipios y 79 localidades.
En todos hubo uso directo de la violencia. 17 de los 25 episodios fueron
causados por grupos armados, tanto criminales como de autodefensas; 7 fueron
causados por violencia política o conflictividad social y conflictos
territoriales, y uno por un proyecto extractivo minero.
La
cifra es ligeramente menor que la de 2016, cuando la comisión documentó al
menos 29 episodios que impactaron a 23,169 personas en 12 entidades del país.
La mayoría de esos eventos, 20, fueron causados de manera directa por la
violencia de los grupos criminales, a diferencia de este año cuando las causas
se han diversificado, dejando un panorama más complejo.
Con
el dato acumulado de 2017, el registro histórico-acumulativo de la CMDPDH
indica que el total de personas internamente desplazadas por la fuerza en
México, hasta diciembre de ese año, es de al menos 329,917.
El
perfil de las víctimas
Los
estados con más episodios de desplazamiento interno masivo fueron Guerrero con
7; Sinaloa, 5; Chihuahua, Chiapas y Oaxaca con 3. La entidad con más personas
desplazadas fue Chiapas, con 6,090, lo que corresponde a 29.87% del total. En
segundo lugar está Guerrero, con 5,948 personas, y en tercero está Sinaloa, con
2,967.
El
episodio con el mayor número de víctimas registradas, que desplazó a 5,323
indígenas tzotziles, ocurrió en Chiapas, en los municipios de Chalchihuitán y
Chenalhó, y se produjo por disputas de tierras y la actuación de grupos,
ligados al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quienes los afectados
acusan de ser paramilitares.
Brenda
Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Interno de la CMDPDH, indicó que
la población indígena fue la más afectada durante el año pasado, a diferencia
de 2016 y los anteriores cuando no se reportó esa incidencia en estos grupos.
“De los 20,390 desplazados, 12,323 pertenecen a grupos indígenas. Eso
representa 60.44% del total”.
Por
lo menos seis pueblos resultaron afectados: nahuas, tzotziles, mixes, rarámuris
(o tarahumaras), purépechas y tepehuanes (u ódami). Los que tuvieron mayor
impacto fueron los tzotziles (5,890 personas) y los nahuas (3,640). Los datos
recabados por la Comisión muestran la vulnerabilidad de esta población: de las
14 personas que han fallecido por huir de su casa en estos hechos, 12 eran
indígenas. En Chiapas, por ejemplo, han muerto tres menores y un bebé.
Solo
en 19 de los 25 episodios se pudo identificar el destino de las víctimas. En la
mayoría de los casos los afectados se mantuvieron en el mismo municipio o en la
misma entidad, solo en cuatro casos huyeron a otro estado.
“La
mayoría de las personas desplazadas no han podido y no podrán regresar a sus
casas”, puntualiza Brenda Pérez. La CMDPDH estima que solo 4,842 de los
afectados han vuelto a sus hogares hasta enero de 2018. Eso representa 23.75 %
del total, lo que quiere decir que 15,548 continúan en situación de
desplazamiento.
Frente
a lo anterior, la CMDPDH exhorta al Estado mexicano a reconocer el
desplazamiento interno como una violación continua de múltiples derechos
humanos. De manera urgente debe crearse una Ley General para la Prevención y
Atención al Desplazamiento Interno Forzado que brinde protección a las personas
durante todas las fases del ciclo del traslado, indicó José Antonio Guevara.
Tal marco jurídico debe garantizar que no haya ningún obstáculo para que las
víctimas puedan ser registradas y logren acceder a todos los beneficios que la
Ley prevea para su protección y reparación integral del daño.
Esta
publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.
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