Animal Político y
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
La Secretaría de
Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un
presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de
alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el
Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza
extrema.
Los apoyos debían
llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se
unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11
estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.
Sin embargo, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de
las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de
que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.
Únicamente hay pruebas
de que la Sedesol pagó por los servicios.
Este desvío se
concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las
universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de
intermediarias.
En la Cuenta Pública
de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un
monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de
programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o
combatir la pobreza.
Las universidades, que
no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, “solo”
se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.
Pero el resto del
dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas,
19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar
inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.
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Durante varios meses, Animal
Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas
en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y
recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.
La investigación
arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que
están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a
seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro
ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se
recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no
corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe
registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable
sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es
completamente distinto al servicio que debían dar.
Solo una es legal.
La Sedesol, sin
embargo, se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil
224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el
cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada.
ESGER: El sospechoso
mayor
Si bien en este
proceso participaron 20 empresas, hay una que destaca: ESGER Servicios y
Construcciones S.A. de C.V., que solo cuenta con un pequeño despacho contable
ubicado en la Ciudad de México, y que recibió los recursos destinados a
combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.
ESGER fue creada en
2011 para ofrecer servicios de construcción, según el acta constitutiva con
folio 438926-1. Sus oficinas están en un edificio oscuro de la colonia Nápoles,
en la Ciudad de México, cuya entrada es fácil de franquear, porque no hay
recepcionista ni señal de que sea la sede de una empresa con contratos
millonarios.
Los accionistas son
Esteban Cervantes, que tenía 25 años cuando fundó la empresa, y el contador
público Gerardo Casas. Ninguno fue localizado en las tres visitas realizadas a
la empresa. Tampoco atendieron las llamadas telefónicas que se hicieron a lo largo
de dos semanas.
También se les buscó
en sus domicilios particulares. Esteban Cervantes registró como su casa el
domicilio de una empresa llamada RAGER, en la colonia Navidad, en la que en
realidad fue empleado en 2013. Ahí declararon que no han vuelto a saber de él
desde entonces. Gerardo Casas asentó como domicilio un edificio en Cuajimalpa,
donde los vecinos dijeron que no lo conocían.
De acuerdo con la
declaración de impuestos que la empresa realizó ante el SAT en 2013, de la que
Animal Político y MCCI tienen copia, ESGER solo declaró ese año ingresos por
408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos. Pero “olvidó”
declarar el dinero que recibió de la Sedesol: 698 millones.
El mecanismo que
involucra a ESGER es enredado: el primer paso fue la firma de tres convenios
entre Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México
por mil 385 millones de pesos, en 2013. El objetivo de estos convenios era
“sensibilizar” a las comunidades sobre la alimentación sana, instalar ventanillas
de atención para jornaleros, distribuir material en zonas marginadas y
“eficientar la operación a través de la automatización de procesos”.
Las universidades se
quedaron con 102 millones 745 mil pesos de comisión y se desentendieron de los
convenios. Subcontrataron a 11 empresas para supuestamente dar los servicios.
Las empresas
contratadas fueron Servicios Administrativos Zulma, Inteligencia y Tecnología
Informática, Symmetrix Architecture, Grupo Comercializador Cónclave, Advanced
Computer Knowledge, Prodasa, Dumago Systems, Meve Soluciones, Evyena Servicios,
S&C Constructores de Sistemas y Asesorías Nacionales Expanders.
Las 11 empresas están
entre las que tienen irregularidades: tres fueron catalogadas como fantasma por
el SAT en 2015, seis no tienen antecedentes ante la Secretaría de Economía y
dos más ya fueron desmanteladas.
No todo el dinero se
quedó en estas empresas. Cinco se quedaron con una comisión y, a su vez,
“contrataron” a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V. Sin embargo, la
Auditoría Superior de la Federación confirmó que esta última empresa no dio
ningún servicio y solo se quedó con el dinero.
En otro caso, una
empresa más, llamada Evyena, también le dio el dinero a ESGER, pero antes se lo
envió a otra empresa intermediaria, que también se quedó con una comisión:
Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, que a su vez se lo
entregó a ESGER.
Es decir, el dinero
dio tres y cuatro vueltas hasta que quedó en manos de ESGER Servicios y
Construcciones S.A. de C.V.
Al ser consultada por
estas irregularidades ocurridas entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo
Social se deslindó de las contrataciones e informó el pasado 30 de agosto que,
al firmar convenios con las Universidades, éstas declararon que contaban “con la
capacidad para colaborar en los tres proyectos en los términos y porcentajes
señalados en cada uno de los anexos técnicos recibidos”.
La Sedesol añadió que
“los actos celebrados con la administración pública se presumen de buena fe,
sin que puedan exigirse mayores requisitos de los que marque la ley”.
Es decir, según la
dependencia, la carta del rector de la universidad afirmando por escrito que la
institución educativa contaba con la capacidad para cumplir con los contratos
es suficiente para deslindarse de las irregularidades que derivaron de los
convenios firmados: la violación a la Ley de Adquisiciones con la
subcontratación de empresas que realizaron el 92% de los servicios, el hecho de
que no hayan dado los servicios para las que fueron contratadas y que, además,
resultaran fantasma e ilegales.
En ningún caso las
firmas de los convenios involucran a funcionarios de primer nivel. La
“contratación” de las universidades se la dejan a cargo de mandos medios. Por
ejemplo, los convenios de Sedesol para servicios al programa de Adultos
mayores, fueron firmados por el director general de Atención a grupos
prioritarios. En 2013 el puesto era ocupado por Ramiro E. Ornelas Hall y en
2014 por Héctor Eduardo Zelonka Valdés.
Pero en palabras del
auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias son los
responsables. En ese periodo, la secretaria de Desarrollo Social era Rosario
Robles y el Oficial Mayor, Emilio Zedabúa.
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Un concierto de 75
millones
Otro ejemplo: en abril
de 2013, Sedesol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un
primer convenio de 159 millones de pesos con tres objetivos: organizar un
concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la
sociedad civil.
La institución
educativa contrató a S&C Constructores de Sistemas por 75 millones de
pesos. Esa empresa organizó en abril de 2013, en la Ciudad de México, el
concierto “Compartamos música, erradiquemos el hambre” de la Cruzada contra el
Hambre.
S&C Constructores
de Sistemas se quedó con 61 millones y le entregó 14 millones a ESGER, aunque
la Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que
ésta última haya participado en la organización del evento.
Un caso similar
ocurrió con las empresas Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems
Solutions, que fueron contratadas por las universidades para un servicio de
“redes nutricionales”, es decir, reparto de despensas.
Estas dos firmas
comparten oficina en un edificio con número 162 de la calle de Liverpool,
localizado entre un restaurante coreano y una tienda de helados en la Zona
Rosa.
Entre las dos, en un
año firmaron contratos por 101 millones de pesos.
De esos contratos
transfirieron 52 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de
C.V., aunque no existe constancia documental de los servicios que esta empresa
prestó ni la razón de la transferencia.
Cuando se solicitó a
la Sedesol constancias de que se dieron los servicios contratados, solo entregó
las facturas pagadas a las empresas Advanced Computer y Dumago como “prueba”.
En la dirección de
estas dos empresas, Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, es
imposible hablar con una persona. Los accionistas, encargados de despacho o
representantes legales nunca están ahí, como se confirmó tras varias visitas al
domicilio. Los teléfonos están fuera de servicio. Las actas constitutivas de
éstas firmas no existen en la Secretaría de Economía.
Hasta Nuevo León
Más casos: cuatro
empresas regiomontanas —Evyena, Comercializadora Integral de Servicios
Villaregia, Femexport y Grupo Industrial y Servicios Yafed— participaron en
licitaciones o efectuaron trabajos con la Universidad Autónoma de Morelos por
un total de 276 millones de pesos.
Una quinta empresa
regiomontana, Icalma Servicios y Consultoría, recibió pagos de la Universidad
Autónoma del Estado de México por realizar trabajos para Fovissste.
La sede de estas cinco
firmas es el mismo despacho en la colonia Palo Alto en San Pedro Garza, Nuevo
León, en el número 305.
En una visita de
campo, un joven de unos 30 años que se presenta como el encargado de la oficina
confirmó que todas las empresas se encuentran en esa dirección. Aseguró que no
hay más empleados y los dueños únicamente se comunican por teléfono.
En esa dirección están
tres empresas más —Constructora Yapo, Comercializadora Rivercruz y Constructora
Bofil—, las cuales tienen investigaciones abiertas en Sinaloa, y en Monterrey,
Nuevo León, por incumplimiento de contrato.
La oficina que ocupan
las ocho empresas no es suficiente para colocar ni siquiera un escritorio
pequeño. En horario de oficina la puerta está cerrada y solo se ven cajas con
registros contables que se identifican con letreros de papel.
Las cuatro empresas
regiomontanas que recibieron recursos de Sedesol, vía la Universidad Autónoma
de Morelos, no solo comparten oficina. También tienen la constante de que le
entregaron dinero a ESGER: 81% de los 276 millones de pesos que recibieron en
contratos.
Todas esas
transferencias fueron detectadas por la ASF durante los peritajes que se
realizaron durante las auditorías forenses. Se revisaron las cuentas y las
transferencias de las empresas involucradas en las presuntas irregularidades.
De la última visita
que el equipo de investigación de Animal Político y MCCI realizó a las oficinas
de ESGER, solo se consiguió una negativa rotunda a dar cualquier tipo de
información tanto de la empresa como de los accionistas.
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Sin registros y sin
investigación
Todos los convenios
que firmó Sedesol con las universidades autónomas de Morelos y del Estado de
México derivaron en distintas operaciones para desviar los recursos.
Para un servicio de
evaluación de actividades, la Autónoma de Morelos lanzó en 2014 una licitación
para contratar proveedor. Solo concursaron dos empresas: Grupo Industrial Yafed
y Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos (Consersa). La primera
es una empresa fantasma y la segunda, que resultó ganadora, es investigada
desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones ilegales.
El 9 de octubre de
2014, la misma universidad entregó 158 millones de pesos a Consolidación de
Servicios. Un día después, ésta transfirió el 87% del dinero a otra empresa,
Comercializadora Integral de Productos Villaregia, que también es investigada
por el SAT desde septiembre 2016. Ésta última compañía, a su vez, le entregó
138 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., sin
siquiera firmar un contrato.
Se hacían las
transferencias, pero se incumplía con los servicios. Por ejemplo, la Sedesol
pagó 22 millones de pesos por “un sistema de administración y seguimiento a los
programas sociales con reglas de operación del gobierno federal” que, según el
convenio, debía tener un padrón de beneficiarios unificado.
Lo que se entregó fue
un sistema que incluyó solo el padrón del Programa de apoyo comunitario y no el
de los 70 programas sociales restantes del gobierno federal. Sin embargo, la
Sedesol argumentó que el sistema funcionó al momento de la entrega.
A pesar de que ESGER
obtuvo transferencias millonarias y que fue señalada dos años consecutivos por
la ASF, no ha sido investigada por el SAT ni por ninguna otra autoridad del
país.
Aunque los convenios
con las universidades fueron firmados por mandos medios, tanto la titular de la
dependencia como el oficial mayor debían conocer de prácticas de desvío, según
dice el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. “Ellos no
firman, pero son los responsables”.
En este esquema, el
oficial mayor es una figura clave: se trata del administrador de los recursos
públicos y quien avala cómo se usan. En el caso de la Sedesol, durante la
gestión de Rosario Robles, Emilio Zebadúa ocupó dicho cargo.
Ante el Órgano Interno
de control la Sedesol defendió en todos los expedientes el papel del oficial
mayor. Jurídicamente argumentaron que las universidades presentaron los
entregables suficientes para justificar el pago.
Así como lo hizo
Sedesol, en la estafa con universidades públicas también participó Pemex: 3 mil
576 millones de pesos. Lee la historia completa mañana.
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