∙ La iniciativa fue presentada por el senador Manuel Cota Jiménez,
líder de la CNC
∙ La ley fue el detonante para la distribución de la tierra
En
su calidad de legislador presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería
del Senado de la República, y líder de la Confederación Nacional Campesina,
Manuel Cota Jiménez presentó una iniciativa con
proyecto de Decreto para la emisión de
dos monedas conmemorativas del Centenario de la Ley Agraria de 1915, una de oro
y otra de plata, con valores nominativos de 100 y 20 pesos, respectivamente.
Lo
anterior, como parte de las celebraciones durante todo este año, que están a
cargo del diputado federal José Antonio Rojo García de Alba, en su calidad de
presidente del Comité Nacional para los Festejos del Centenario de la Promulgación
de la Ley Agraria del 6 de Enero de 1915 realizada en el gobierno de don
Venustiano Carranza y que fue el detonante para la distribución de más de la
mitad del territorio mexicano, a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades
rurales.
En
su exposición de motivos, el senador y dirigente de la Confederación Nacional
Campesina, precisó que la Ley Agraria de 1915 fue el primer ordenamiento
nacional que se estableció como rama autónoma y específica, empeñada en
rescatar los objetivos fundamentales de las luchas agrarias que dieron origen a
la Revolución Mexicana.
Sus
principales consignas convertidas en norma, fueron: la justa repartición de la
tierra mediante el expolio de las haciendas, y “la tierra es de quien la
trabaja”, que años antes había prohijado Emiliano Zapata en el Plan de
Ayala, promulgado en 1911.
La
base para la redacción a cargo del abogado Luis Cabrera, en ese tiempo
secretario de Hacienda, de lo que constituyó el primer documento jurídico en
materia agraria radicalmente avanzado para su época, rompió con esquemas
antiguos de la clasificación doctrinaria del derecho público y privado, como lo
fue el derecho social.
El
apartado de los derechos sociales fue consagrado en la Constitución de 1917,
promulgada por el Congreso Constituyente durante el gobierno de Carranza en
febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro.
La
Revolución Mexicana, que estalló en 1910 encabezada por Francisco I. Madero,
marcó el inicio de una etapa determinante que dio vida a la exigencia pública
por una mejor distribución de la tierra. Esta acción sentó las bases para lo
que después tomó forma a través de la más reconocida de las consignas de esa
revolución: “la tierra es de quien la trabaja”.
Fue
Francisco I Madero el primero que estampó en un documento revolucionario, como
lo fue el Plan de San Luis, no sólo para convocar al pueblo de México a
derrocar por medio de las armas al gobierno de Porfirio Díaz, sino además el
propósito de restituir las tierras a favor de los campesinos.
Ya
en 1911, ante las dificultades que enfrentaba el gobierno maderista,
encontramos en el Plan de Ayala de Emiliano Zapata, un documento renovador de
la causa agraria de la Revolución, que reafirmó la exigencia inmediata y
efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos.
Asimismo,
el Plan de Guadalupe propuesto por Venustiano Carranza, cuyo objetivo era
contrarrestar la pretensión de Victoriano Huerta para legitimarse, fue
determinante para restablecer el orden político y jurídico en el país, al
encontrar el respaldo de las principales figuras revolucionarias como Francisco
Villa, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata.
Todos
estos documentos son claros antecedentes que hicieron posible que se expidiera
la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.
Gracias
a esta Ley y a través de sus cien años de vigencia, hoy en día existen casi 32
mil núcleos agrarios con alrededor de
100 millones de hectáreas –la mitad del
territorio nacional--formados por campesinos, comuneros, ejidatarios y
propietarios rurales quienes contribuyen día con día al sustento alimenticio de
la población del país y, con su esfuerzo y trabajo, son factores fundamentales
para el desarrollo agropecuario, forestal y pesquero del país.

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