∙ El dirigente Gerardo Sánchez García envía carta a Pedro
Joaquín Coldwell, titular de la SENER
∙ Asume defensa de la propiedad social de la tierra
∙ Se pronuncia porque el Gobierno negocie con las empresas contratistas
y no éstas con los dueños de los predios
∙ Demanda que se garantice el beneficio de los productores del
campo
México D. F., a 17 de julio 2014.- La
Confederación Nacional Campesina manifestó hoy que el caso de las tierras y la
reforma energética es un asunto de gran sensibilidad para el país y de justicia
social para los productores del campo, por lo que se debe garantizar el
beneficio de los campesinos, pequeños propietarios, comunidades indígenas y
núcleos agrarios, hasta lograr una distribución de la riqueza en términos de
igualdad por la explotación de los hidrocarburos y fuentes de generación de energía eléctrica.
En una carta enviada al secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el senador y dirigente de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez García, se pronunció por la defensa
de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de tierras que podrían
verse afectadas por la Reforma Energética y, aparte de defender la propiedad
social de los campesinos, pide que el Estado asuma la responsabilidad de crear
las bases para un trato directo entre las instituciones y éstos, quienes jamás
deben negociar con las empresas contratistas o asignatarias.
“Es bajo este precepto, que la CNC por
conducto de su Consejo Técnico Consultivo, ha considerado inadecuado que la
negociación para la afectación de tierras o negociación de una contraprestación
por el usufructo de las mismas, sea entre asignatarios o contratistas y
propietarios, ya que este tipo de tratos en razón de su naturaleza, deberán
realizarse en todo momento por las instituciones del Estado mexicano”, dice la
misiva recibida en la SENER el pasado 27 de junio.
Y para que no haya duda del
posicionamiento de la CNC, el dirigente sostiene que en los beneficios y rentas
obtenidos por concepto de la explotación de hidrocarburos deben participar
también los propietarios de las tierras y que en las negociaciones por la
contraprestación no se les deje en desigualdad; que sea la SENER u otra
institución del Estado la que asuma la negociación en su representación. De lo
contrario, las desventajas y asimetrías, además de injustas, podrán complicar
innecesariamente las negociaciones.
Sánchez García aclara que los
yacimientos de hidrocarburos son propiedad de la Nación, que la exploración y
extracción que de ellos se realice tanto por asignatarios como por contratistas
es y será, en cualquier caso, por cuenta y orden del Estado, recayendo en éste
la responsabilidad de la administración de dichos recursos y la renta por el
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo.
Adicionalmente, destaca el líder de la
CNC en su misiva, la servidumbre legal de hidrocarburos tendrá pleno sentido si
es un acto del Ejecutivo, que solicita una autoridad jurisdiccional, como
consecuencia de una negociación directa con el propietario, y no como se
plantea en el proyecto de dictamen, como un acto derivado de una incapacidad
negociadora, dolo o abuso en el mecanismo de contraprestación por parte de un
asignatario o contratista en perjuicio de un propietario.