PEÑA VA CONTRA GOBERNADORES
Ricardo Alemán
En el Itinerario
Político del pasado 9 de abril, titulado “Engañan a Peña Nieto y Matan Ley
Educativa”, dimos cuenta de un puñado de congresos locales y gobiernos
estatales “que engañan no solo a sus ciudadanos sino a todo el país; engañan al
Congreso de la Unión y al mismísimo Enrique Peña Nieto”.
¿Y por qué el
engaño? Porque al momento de armonizar sus leyes educativas estatales con la
reforma constitucional en materia educativa, diputados locales de todos los
partidos no sólo hicieron trampa al interpretar a su antojo y conveniencia la
reforma constitucional, sino que violentaron la propia Carta Magna.
Y con ese engaño
a los ciudadanos que votaron por ellos —y con la violación constitucional—, los
legisladores de una veintena de congresos locales convirtieron en letra muerta
la cacareada reforma educativa; esa que presume por el mundo el presidente Peña
y que ha ganado el aplauso general.
En el fondo, los
congresos locales —y sobre todo los gobiernos estatales que manipulan a dichos
congresos— se burlaron de las instituciones del Estado mexicano; intentan
engañar al Congreso de la Unión, a los partidos políticos, a los votantes que
son los mandantes de esos diputados y se burlan de la Constitución y del propio
presidente.
Por eso, ese 9
de abril preguntamos: “¿Dónde está la voz del secretario de Educación, Emilio
Chuayffet, que no aparece por ningún lado? ¿Dónde están los líderes del
Congreso, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa; Jorge Luis Preciado y Luis
Alberto Villarreal; además de Miguel Barbosa y Silvano Aureoles, que
presumieron una reforma educativa que nació muerta? ¿Dónde está el llamado
Congreso Permanente, al que tomaron el pelo los diputados de los congresos
locales? ¿Dónde están los presidentes de los partidos; César Camacho, Gustavo
Madero y Jesús Zambrano? ¿Y dónde está el presidente, Peña Nieto, que parece no
estar enterado del engaño?”.
Pues resulta que
Peña Nieto no sólo sabía del intento de engaño de los congresos locales sino
que —de inmediato— respondió con una contundente acción política. En un inédito
del Estado mexicano, la oficina jurídica de Los Pinos promovió ante la Suprema
Corte una controversia constitucional contra los congresos locales de
Michoacán, Chiapas y Sonora, además de una controversia constitucional contra
el gobierno y el congreso de Oaxaca. ¿Y cuál fue la razón de esa controversia?
Casi nada, que
esos congresos y sus gobiernos violaron la Constitución en sus artículos en
materia educativa, recientemente reformados. Y es previsible que la Corte
obligue a los congresos en rebeldía y al gobierno en desacato constitucional a
reponer el procedimiento legislativo y ajustarse al texto constitucional. El
caso de Oaxaca, sin embargo, podría llegar incluso a la desaparición de
poderes. ¿Por qué? Porque el gobernador Gabino Cué es el incitador de la
violación constitucional.
Sin embargo, la
histórica controversia es apenas el principio. O debiera ser el principio. ¿Por
qué? Porque según Mexicanos Primero, “sólo los estados de Jalisco, Puebla y
Tamaulipas cumplieron con excelencia” la armonización de la reforma
constitucional en materia educativa. ¿Y eso qué quiere decir?
Simple, que el
resto de los congresos locales están en falta. Algunos en falta grave, como
Baja California, Coahuila, México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Querétaro y
San Luís Potosí, Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Y
peor, otros congresos llegaron al extremo de ocultar la reforma e impedir que
se haga pública, para no exhibir el grado de violación constitucional. El caso
más escandaloso es el de Quintana Roo.
En rigor, el
asunto no es exclusivo de los congresos locales. No, en realidad esos congresos
son una suerte de títeres de los gobiernos estatales. Lo curioso del caso es
que los mismos congresos que hoy violaron la Constitución en materia educativa,
son los que en tiempo récord aprobaron reformas constitucionales como la
educativa y la energética.
Es decir, los
congresos están en manos de los gobiernos en turno. Por eso, no es descabellado
suponer que las controversias constitucionales iniciadas por la Presidencia de
la República —y las que se pudieran iniciar en los próximos días y semanas—
contra los congresos locales, en realidad es una disputa del presidente Peña
Nieto con los gobernadores; los mismos que por la puerta de atrás pretenden
derribar las reformas de Peña Nieto. ¿Lo permitirá el presidente? Al tiempo.
