NUEVA ORDEN DE APREHENSION CONTRA PABLO.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Al
analizar el cúmulo de pruebas incriminatorias, entre las que destacan las
declaraciones de servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones
de la CNDH y la Organización Panamericana de la Salud; el Juez Segundo del Ramo
Penal con sede en El Amate obsequió orden de aprehensión en contra de Pablo
Salazar Mendiguchía por el delito de Homicidio Doloso (Comisión por Omisión),
por la muerte de la menor Guadalupe Silvestre Vázquez.
La orden de aprehensión, ejecutada por
elementos de la Policía Especializada, responde al análisis exhaustivo de las
pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, donde se demuestra
fehacientemente cómo Pablo Salazar Mendiguchía contaba con los recursos
públicos suficientes para enviar al Hospital General K de Comitán de Domínguez,
pero omitió hacerlo.
Sin embargo, a consecuencia de la falta
de estos apoyos, se produjo la muerte de 35 menores como lo documentó la propia
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 24/2004
emitida al Gobierno que encabezaba en ese entonces Pablo Salazar Mendiguchía, y
que aceptara en todos sus términos.
En dicha recomendación se subraya que se
detectaron múltiples irregularidades como la falta de medicamentos,
instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría,
lo que contribuyó a la deficiente atención médica.
En este sentido, la Procuraduría General
de Justicia del Estado, en su carácter de representante social, ha cumplido en
todo momento al defender a quienes están desprotegidos, a los padres de
aquellos menores que no pudieron sobrevivir, y quienes por no contar con el
dinero para pagar un abogado les fue negado el acceso a la justicia.
Por lo que, en atención a las denuncias
presentadas el año pasado por los padres de los bebés muertos, la Procuraduría
de Chiapas reabrió las averiguaciones previas que habían sido enviadas al
archivo indebidamente por órdenes de Pablo Salazar Mendiguchía
En sus denuncias los padres expresaron
nunca haber sido notificados del archivo de las averiguaciones previas como lo
marca la Ley, por tanto la Procuraduría estatal inició el proceso de
investigación, obteniendo pruebas contundentes que demuestran la
responsabilidad penal de Pablo Salazar Mendiguchía.
Incluso en su declaración ministerial,
Mariano Herrán Salvatti, en ese entonces Procurador General de Justicia del
Estado, afirmó que “Pablo Salazar me recalcó que cesara inmediatamente las
investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de
acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como Gobernador no
autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos
y medicamentos que en ese entonces requería dicho hospital, ya que el recurso
público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por
tal motivo le podría resultar responsabilidad”.
Cabe resaltar que, actualmente Salazar
Mendiguchía se encuentra siendo procesado también por la muerte de tres menores
más, quienes perdieron la vida a consecuencia de la falta de condiciones
óptimas para su atención al interior del Hospital General K de Comitán de
Domínguez.
El expediente penal actual, que consta
de ocho tomos y 64 anexos, con un total de 42 mil 571 fojas útiles, integra
diversos informes emitidos en la época de los hechos por las Secretarías de
Hacienda y Salud, donde se constata que dentro del Presupuesto de Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2002, al Instituto de Salud le fue autorizado un monto de
mil 298 millones 835 mil 242 pesos.
A pesar de lo anterior, al Hospital
General K de Comitán de Domínguez sólo fueron enviados cuatro millones 713 mil
487 pesos, correspondientes a gasto corriente para el pago de servicios
básicos, apoyos extraordinarios y pago de sueldos, sin que se enviara un solo
peso para la inversión en infraestructura y equipamiento médico.
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