‣En
los primeros ocho años del TLCAN, el sector manufacturero mexicano ligado al
ciclo económico de Estados Unidos generó 500 mil puestos de trabajo, mientras
que el sector agropecuario de México perdió 1.3 millones en el mismo lapso.
La entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría afectar a los campesinos mexicanos más que su antecesor, el TLCAN.
Hace poco más de una década, las importaciones incrementaron 50 por ciento, condenando a los productores nacionales a la pobreza, dos millones abandonaron sus actividades después de que inició el acuerdo, desencadenando una serie de problemas de las que nuestro país todavía no se recupera.En el arranque del nuevo tratado, más de
80 organizaciones campesinas expresaron su preocupación, especialmente ante los
transgénicos, por lo que solicitaron desde el año pasado, y sin tener respuesta
todavía, que se emita un decreto para prohibir los Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) en todo el país, como se comprometió el presidente Andrés
Manuel López Obrador, desde su campaña a la presidencia.
El temor frente al nuevo acuerdo es que
grandes empresas con las que los pequeños no pueden competir acaben por
eliminar las pocas oportunidades que les ofrecen, mediante la apropiación de
las semillas.
Organizaciones campesinas como
Agricultura Regenerativa, Campaña Nacional sin Maíz no hay País, Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (Anec), Carnaval
del Maíz y el Sindicato de Trabajadores del Inca Rural piden al gobierno de
AMLO que se emita un decreto para proteger los granos mexicanos y se actúe en
contra de los OGM en todo el país.
Recuerdan que el poder judicial otorgó
una “medida cautelar que prohíbe a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (Sader) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
emitir permiso de siembra de OGM de maíz en todo el territorio nacional desde
septiembre de 2013.
El T-MEC obligaría a México a adherirse
al Convenio UPOV 91, que considera patentar las variedades y genes y de esta
manera se asegurarían los derechos de propiedad intelectual de las empresas
sobre este bien común de la humanidad que ha sido preservado por los
campesinos.
México firmó el 9 de agosto de 1997 el
Acta 1978 de UPOV que mantiene el "Privilegio del Agricultor de usar su
semilla propia y el Derecho del Fitomejorador", permite el intercambio
milenario de semillas y la derivación esencial.
Sumarse ahora al Acta de 1991 implicaría
ir en contra de derechos reconocidos en la Constitución mexicana y en los
tratados internacionales en derechos humanos, en lo que tiene que ver con el uso
y acceso a recursos fitogenéticos y los derechos de los agricultores.
Por eso, estas organizaciones piden que
se prohíban permisos de liberación de OGM, ya sea para cuestiones experimentales,
piloto o comercial en territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas
técnicas como edición genética o mutagénesis. Asimismo, solicitan que a fin de
evitar la liberación y distribución de granos viables de OGM de maíz y de otras
especies de las que México es centro de origen, “sólo se permitirá la
importación de granos y semillas de países que no siembren OGM, y en caso de
que eso no sea posible en el corto plazo, sólo se autorizará importar granos
con un certificado de que han sido esterilizados en el país de origen y
semillas certificadas sin OGM.
También exigen “implementar el
compromiso de Diconsa de no granos de maíz importados en sus más de 25 mil
tiendas y almacenes” y la publicación mensual por la Sader- Senasica y
Semarnat-Inecc de los resultados de sus análisis de detección de OGM en México
y de los obtenidos en centros públicos de investigación sobre presencia de ADN
genéticamente modificado y sus efectos en la salud humana y ambiental”.
El ejemplo del maíz es el que más
ilustra cómo y cuánto perdió México con el TLCAN. Los productores salieron muy
afectados por las políticas que permitieron la importación desmesurada. Hace
poco más de 10 años este grano representaba más de 60 por ciento de la
producción agrícola nacional en términos de volumen y valor y ocupaba alrededor
de 62 por ciento de la superficie cultivada. Cuando inició el TLCAN, en 1994,
el gobierno acordó el ingreso de 2.5 millones de toneladas métricas de maíz
libre de aranceles. Estas importaciones se ampliarían a un interés compuesto de
3 por ciento anual hasta llegar a la liberalización total del mercado, en 2008.
La cuota de importación fue rebasada y
millones de toneladas de este grano ingresaron a México sin cubrir aranceles.
Entre 1993 y 1999, las importaciones de maíz crecieron 3 mil por ciento al
pasar de 152 mil toneladas a 5.4 millones de toneladas; en ese periodo se
adquirieron en total 29 millones, de las cuales 12.9 millones estuvieron por
encima de las cuotas de importación.
El presidente López Obrador asegura que
el nuevo Tratado “va a significar inversión, es decir, va a seguir llegando
inversión foránea, extranjera. Es muy importante que entre en vigor el tratado
y muy oportuno, porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar
la economía salir de la recesión económica, de la caída que produjo el
coronavirus en la economía mundial”.
El T-MEC promete impulsar el comercio en
beneficio de todas las partes y mayor libertad en los mercados, un comercio más
justo y un sólido crecimiento económico en América del Norte.
Sin embargo, para muchos campesinos este
nuevo acuerdo sólo beneficiará a grandes productores. Cuando arrancó el TLCAN
se prometió modernizar al sector agrícola paulatinamente y brindar al productor
un horizonte de planeación de largo plazo. Con el tratado que inicia se promete
lo mismo. Pero los pequeños productores temen que se siga beneficiando a las
empresas que pueden producir en grandes volúmenes por lo que ellos quedarán
relegados nuevamente.
El Fondo Carnegie para la Paz
Internacional, con sede en Washington, expuso en un estudio que, en los primeros ocho años de operación del TLCAN, el sector
manufacturero mexicano ligado al ciclo económico de Estados Unidos generó 500
mil puestos de trabajo, mientras que el sector agropecuario de México perdió
1.3 millones en el mismo lapso.
México pasó de ser el país del maíz al
que más lo compra al extranjero. El exceso de las importaciones hizo que
cayeran los precios del grano lo cual perjudicó a pequeños y grandes
productores. El costo de las importaciones es menor que el del producto
nacional, por lo que finalmente los consumidores lo prefieren.
El gobierno mexicano debe responder ante
la amenaza de los OGM, pese a que el presidente López Obrador ha prometido
varias veces que en su mandato están prohibidos. En las negociaciones respecto
al capítulo agrícola se debe dejar en claro que México no se sumará a acuerdos
que atenten en contra de los derechos humanos. Aceptar un acuerdo en el marco
de UPOV 91 es abrir la puerta a empresas monopólicas para dominar el mercado de
semillas y esto significaría el olvido de una soberanía alimentaria.
DESDE EL CENTRO
Las cuentas pendientes de Emilio Ricardo
Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no sólo son
por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de la compañía Altos
Hornos de México (AHMSA), también robó millones de dólares al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en el que militaba, según documentos de la
Audiencia Nacional de España…Mientras tanto, en Michoacán, Eduardo Orihuela
Estefan, sigue soñando con una diputación federal o en su defecto la
presidencia Municipal de Zitácuaro.
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