‣Los
migrantes duermen sobre camas improvisadas con cartón mientras esperan que se
les otorgue un permiso para transitar por el país como, aseguran, se les dio en
otras naciones centroamericanas.
Redacción
/ AG
Agosto
25, 2019
El Servicio
Jesuita a Refugiados México consideró que la situación que enfrentan los
migrantes africanos varados afuera de la estación migratoria Siglo XXI
debe ser considerada una crisis humanitaria y, por ende, ser atendida por
autoridades migratorias, independientemente del estatus jurídico en que se
encuentren esas personas.
“Qué
esperan las autoridades migratorias ¿que muera alguien?”, cuestiona la
activista Claudia León, cuya organización otorga acompañamiento de tipo legal y
psicosocial a las personas migrantes que solicitan refugio o algún tipo de
protección.
“La
situación que vemos con la población que viene de África, Asia o del
Caribe, como Cuba o Haití, es más visible, pues a la condición de precariedad
en que se encuentra desde que abandonaron su país se suma el hecho de que el
gobierno les ha obligado a permanecer en Tapachula”, añadió.
La
situación de las personas de África “es ya de desesperación, de frustración y
enojo. Ellos protestan por la nula respuesta”.
Afuera
de la referida estación migratoria decenas de personas platican, duermen
sobre camas improvisadas con cartón mientras esperan que se les otorgue un
salvoconducto para transitar por el país como, aseguran, se les otorgó en
otras naciones centroamericanas.
Un
hombre que se identifica como Diddy, que dice ser originario del Congo y
se esfuerza por hablar español, asegura que “migración no debe dejar
solos”.
A
su camiseta, pantalones cortos y tenis que asegura, le fueron obsequiados por
los países donde ha estado, se suma su cabello crespo desaliñado y una barba,
que da cuenta de cortes irregulares. Pero eso es lo de menos, la mayor
preocupación es obtener algún pedazo de pan.
Desde
hace más de tres meses “como lo que puedo”, asegura, lo que le regalan, lo que
dejan otros. Tras pernoctar en el campamento, sale muy temprano para deambular
por las calles de la ciudad en busca de ayuda o de algo para comer. Ese mismo
patrón se ha repetido los últimos tres meses.
En
el lugar, la temperatura supera los 36 grados centígrados, para lo cual se
colocan lonas que los protegen del sol y de la lluvia. No hay sanitarios
portátiles ni agua potable a la que tengan acceso de forma directa.
Del
otro lado del improvisado campamento, instalado afuera de las instalaciones
migratorias, con apenas una docena de casas de campaña, cartones, lonas y
mecates, están los elementos de la Policía Federal quienes, a decir de los
migrantes, se han ganado su respeto porque “ellos sí nos apoyan”.
Ellos
observan pacientemente todo los movimientos de africanos que este fin de semana
dieron tregua a las protestas que por más de cuatro días seguidos protagonizaron
la semana pasada.
Algo
que sí tienen claro es que no desean acudir a la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (Comar), ubicada a casi cinco kilómetros de la estación
migratoria, porque su intención no es solicitar asilo en México. Su
destino final es Estados Unidos.
Y
sobre la segunda opción, que es la de regularizar su situación migratoria,
consideró que es un engaño.
Claudia
León agrega que los obligan a salir por la frontera sur, cuando las leyes
migratorias no establecen por qué frontera deben salir.
Refirió
que de enero a junio de 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a
más de 108 mil personas extranjeras que fueron a parar a centros de detención
de migrantes.
De
ellas, más de 45 por ciento son personas detenidas en Chiapas “y, curiosamente,
en esta entidad se detuvo a casi 47 por ciento de personas provenientes de
África y de Haití”, añadió la activista.
“El gobierno
actual en solo seis meses ha detenido muchas más personas que los gobiernos
anteriores. Es la misma política de detención, persecución violatoria de
derechos humanos que en los gobiernos pasados, pero recrudecida porque ahora
tenemos una crisis humanitaria”, refiere León.
Además,
lejos del discurso oficial, en la frontera sur se mantiene una política
migratoria reactiva. “No hay una política de movilidad social que sea
respetuosa de los derechos humanos centroamericanos o extracontinentales. Es
simplemente responder a lo que va pasando”.
En
el primer semestre del año, el INM detuvo a 104 mil 439 migrantes
irregulares, en enero fueron detenidos ocho mil 248, en febrero, 10 mil 39; en
marzo, 12 mil 756; en abril, 20 mil 564; en mayo, 23 mil 679; en junio sumaron
29 mil 153.
La
defensora de derechos humanos considera que desde la llegada de las primeras
caravanas centroamericanas en enero se debió fortalecer el sistema de asilo en
México, pues al menos 60 por ciento de las personas que viajaban en esos grupos
eran sujetas a protección con necesidades muy particulares.
“En
su momento se acercaron a la Comar para solicitar refugio, sin embargo
actualmente esa instancia está totalmente colapsada porque no tiene presupuesto
para operar”, puntualizó. (Ntx.)
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