Por: Abigail Correa Cisneros
MÉXICO BUSCA MINIMIZAR LOS DAÑOS POR MINERÍA
‣AMLO mantiene vigentes las concesiones pactadas en
gobiernos anteriores que afecta al 30 por ciento del territorio mexicano
‣La extracción de minerales es unos de los
principales devastadores de ecosistemas y generador de problemas sociales
El presidente
de México decidió mantener las concesiones mineras que hay en el país, pero
dejó claro que su gobierno no dará más y que el 30 por ciento del territorio
nacional que se entregó en los sexenios pasados a esta actividad (que
corresponde a alrededor de 50 millones de hectáreas) serán explotaciones
limpias.
Según cifras de
la Secretaría de Economía, el sector minero-metalúrgico contribuye con el
cuatro por ciento del PIB, y la producción de plata ocupa el primer lugar a
nivel mundial. Además, México está en los 10 principales productores de 16
diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita,
cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y
cobre. Y es el primer destino en inversión en exploración minera en América
Latina y el cuarto en el mundo, de acuerdo con el reporte publicado por SNL
Metals & Mining 2015.
Es por esto que
Andrés Manuel López Obrador dice que mantendrá los compromisos que se
adquirieron con empresas mineras. Sin embargo, sigue preocupando a pobladores
que el presidente de México no frene a los dueños que durante décadas han
arrasado con los territorios que finalmente quedan inservibles, muertos.
Ante esto, México
presentó en la última Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
en Nairobi, Kenia, la resolución Gobernanza de los Recursos Mineros que busca
imponer estándares para reducir el impacto social y ambiental de este sector.
La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló en un comunicado que existe la
certeza de que incluso en las industrias
extractivas más contaminantes se pueden promover transformaciones
que mejoren el desempeño ambiental y maximicen el bienestar de las comunidades
locales. Reconoció que la minería bien manejada puede contribuir al
cumplimiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible al crear empleos, fomentar
oportunidades de negocio e impulsar el desarrollo tecnológico. Hasta 2015, este
rubro generó 352 mil 666 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos
indirectos, de acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por otra parte,
las comunidades siguen en firmes en que esta actividad debe frenarse del todo, más
de 50 municipios de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Chihuahua y
San Luis Potosí se declararon libres de minería con acciones legales, declaró
Miguel Mijangos Martínez, vocero de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), porque durante años han
sufrido despojo y la violencia impera en las zonas, incluso activistas en
contra han perdido la vida, los habitantes que se manifiestan han sido golpeados
por grupos enviados por las propias empresas.
La disputa por el agua es otro tema que preocupa ya que para llevar a
cabo la extracción de minerales se necesitan miles de litros cúbicos y los
habitantes padecen la falta del líquido, esto también provoca el desplazamiento
de cientos de personas, como ejemplo está Guerrero, donde aproximadamente 180
comunidades han sido forzadas a dejar su territorio.
Se habla del progreso que la minería trae
consigo, sólo que es únicamente para las empresas porque a los pueblos no llega
más que agua contaminada con químicos y el polvo que emanan provocan
enfermedades pulmonares como la silicosis y neumoconiosis, otras que se
manifiestan en la piel, ojos, vías respiratorias y oídos, problemas
gastrointestinales, y partos prematuros.
El Banco Interamericano de Desarrollo
promovió el año pasado un supuesto progreso minero, pero REMA expone que no
existe tal cosa pues hay ”cientos de comunidades fragmentadas y severamente
afectadas en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad
cada vez mayor de pasivos ambientales irreversibles, de los cuales estas
empresas no se hacen responsables. Es una incongruencia terrible, que se siga
vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando saquean
a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas,
en unos casos, o desolación y muerte en otros”.
REMA sostiene que para los pueblos la
minería es un agente de despojo, destrucción y muerte que no cambiará. Por
ejemplo, el municipio de Fresnillo en Zacatecas, donde opera la mina Fresnillo
de Grupo Peñoles, la tercera extractora de plata más grande del país, que en el
año 2015 obtuvo ganancias por 318 millones de dólares, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la consideró la
demarcación “con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107
mil 088) y el segundo con mayor pobreza extrema (11 mil 685)”.
“Si analizamos los datos que propone
CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios
zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina
Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense
Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la
población vulnerable por carencia social aumentó más del seis por ciento % (6.1
para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue
sólo de cuatro por ciento”, detalló la REMA, ¿dónde está esa bonanza de la que
hablan?
La gente ha recurrido a los amparos, como
en Puebla, donde los nahuas de Tecoltemi, Ixtacamaxtitlán y la organización
Fundar Centro de Análisis e Investigación, interpusieron un amparo contra dos
permisos otorgados sobre su territorio. El Consejo Tiyat Tlali de la Sierra
Norte de Puebla reclama al Estado mexicano haber entregado su territorio a la
filial en México de la empresa canadiense Almaden Minerals, sin consulta previa
y sin consentimiento. En la demanda de amparo Tecoltemi pide que se ordene la
cancelación de los títulos de concesión pero también que se revisen diversos artículos
de la Ley Minera, que al dar preferencia a la minería sobre cualquier otra
actividad faculta a las autoridades a entregar a empresas las tierras y
territorios de los pueblos indígenas y de los ejidos, lo que viola derechos
reconocidos en la Constitución y en Tratados Internacionales.
La Ley Minera es inconstitucional,
sostienen estos organismos, en su Artículo 6 establece a la minería como
preferente por encima de cualquier otro uso en el terreno; el Artículo 19, en
varias fracciones, establece los derechos que otorgan las concesiones mineras a
sus titulares, como conseguir la expropiación de los terrenos, la ocupación
temporal o la constitución de servidumbre: mientras que el 15 impone la
duración de las concesiones por 50 años, con la opción de prolongarlas 50 más.
Estas normas violan los derechos de
pueblos indígenas y campesinos, contradice nuestra Constitución en el Artículo
27 y el 2, viola tratados internacionales como el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en estándares internacionales
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los relatores de la ONU en
el tema de consulta y consentimiento y protección de territorio de pueblos indígenas.
Es necesaria una revisión de estas Leyes,
que igual que la Reforma Energética que tanto criticó el presidente López
Obrador, viola los derechos de las personas y en lugar de dar justicia pone el
interés de empresas mineras por encima de las comunidades y del medio ambiente.
DESDE
EL CENTRO
Luego de
mantener su Embajada sin titular desde mayo del año pasado, cuando abandonó el
cargo Roberta Jacobson, el gobierno de los Estados Unidos dirigido por Donald
Trump, nombró al nuevo embajador, Christopher Landau, quien sólo espera que el
Senado de su país ratifique su designación para ser el encargado de mantener
las relaciones bilaterales en nuestro país. El Gobierno de México, por medio de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón,
otorgó su beneplácito a este nombramiento y destacó que existe la confianza de
que de concretarse la designación de Christopher Landau, se contribuirá a
fortalecer una relación de respeto y entendimiento mutuo entre ambas naciones.
Empero, falta que se continué la discusión de temas como el migratorio y la
construcción de un muro que sigue siendo una ofensa para el pueblo de nuestro
país, lo que debe ser señalado y reiterado por la actual administración…
Organizaciones campesinas continúan con sus protestas en contra de las acciones
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que designaron a Banco Azteca como
la vía para entregar los recursos de forma directa a los campesinos e indígenas
de México, porque con esta acción se afecta la economía rural de las
comunidades. Además de que ahora una de las personas más ricas del país,
como Carlos Salinas Pliego, manejará los dineros de los más pobres, quienes
tendrán que trasladarse hasta las sucursales de dicha entidad bancaria para
poder retirar los apoyos que otorga el gobierno federal. Por lo anterior
permanecen en plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Bienestar
integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional,
quienes señalaron que están minimizando las demandas del sector campesino del
país… Nuevamente la elección del candidato de Morena por la gubernatura del
estado de Puebla, donde resultó ganador Miguel Barbosa Huerta, se vio opacada
por la falta de transparencia, los dimes y diretes de los precandidatos, así
como por la intromisión de la presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, por
lo que el ex precandidato de su partido, Alejandro Armenta, analiza
interponer una queja en su contra por la parcialidad que demostró en favor de
Barbosa Huerta.
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