EL
VENDAVAL DEL NUEVO GOBIERNO, DEJÓ SIN RUMBO A LA CONFEDERACIÓN NACIONAL
CAMPESINA
‣Trabajadores
con 30 y 40 años de servicio en la organización, fueron despedidos, con la
consecuente suspensión de gestiones agrarias
‣El
sector agrario, relegado en la estructura gubernamental
Más de 80 años de lucha institucional campesina
por la tierra en México, primero por su posesión y luego por legalizar la
propiedad, fueron insuficientes para lograr siquiera mantener el equilibrio en
el vendaval inducido por el cambio de un gobierno distinto en cuanto a interpretación
e impulso de un sector agrario que ha permanecido rezagado social y
económicamente por más de 500 años. Sí, desde la Colonia.
La otrora poderosa Confederación Nacional
Campesina, navega sin rumbo a nivel central y en sus 32 Ligas de Comunidades
Agrarias y Sindicatos Campesinos, una vez que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) le cortó a su más importante filial el flujo de recursos
para el pago de nómina de empleados y algunos dirigentes menores, en una suerte
de efecto “carambola” frente a la austeridad del nuevo gobierno.
El recorte de empleados cenecistas fue
indiscriminado. Lo mismo se despidió a trabajadores que tenían 30 o 40 años de
servicios, que a los de relativamente reciente ingreso; es decir, de 10 o 15
años.
Se fueron a la calle técnicos gestores de asuntos
jurídicos agrarios relacionados con límites ejidales con propiedades o entre
los mismos ejidos; reclamos de invasión o despojo, sucesiones o herencias en
ejidos y comunidades, principalmente, quedaron archivados para mejor ocasión.
En virtud de que los dirigentes de las
Ligas de Comunidades Agrarias, en su mayor parte cumplían la última etapa de
sus periodos de gestión, fueron los que apoyaron al ahora diputado Ismael
Hernández Deras, “para ganar las elecciones” y convertirse en el máximo
dirigente de la CNC, apoyado por artilugios del “santón” del agrarismo
mexicano, Augusto Gómez Villanueva.
Desde el momento en que el Presidente
Andrés Manuel López Obrador anunció que los recursos fiscales destinados al
desarrollo del campo, se canalizarían de manera directa a los campesinos, sin
intermediarios; es decir, al margen de las organizaciones, si bien fue una
propuesta que justifica esa importante decisión, es necesario tomar en cuenta
lo difícil y complicado de distribuir los apoyos a cada uno de los productores.
Para nadie debe ser un secreto, que los
recursos del Gobierno para la producción de alimentos en el campo, normalmente
llegan disminuidos. Algunos estudiosos del sector rural, dan fe de que, de cada
peso que se presupuesta para ese efecto, sólo llegan entre 25 y 35 centavos,
sin que las organizaciones tengan la obligación de entregar cuentas o razones
de dónde quedó el resto de estos dineros.
En realidad, el sector agrario ha sido
relegado históricamente del proceso de desarrollo nacional. Las dependencias
federales que lo integran, se ubican en segundo o tercer nivel en la estructura
gubernamental. Esto es, con relación a la identificación de recursos
presupuestales.
Desde la administración federal anterior,
se incorporó al nombre de lo que había venido siendo la Secretaría de la
Reforma Agraria, actividades que a algunos parecieron fuera de contexto.
Se añadieron los términos de ‘Territorial
y Urbano’, y se dejó a la deriva lo agrario, siendo que se trata de un término
muy importante que implica procesos continuos de actualización de padrones y de
expedición de nuevos documentos que avalen la propiedad ejidal y comunal. La
propiedad privada cuenta con el Registro Público de la Propiedad. A esta área se
han transferido extensiones ejidales y comunales, sólo que no hay certeza.
La extensión de tierras ejidales y
comunales que se distribuyó a partir de la primera Ley Agraria de 1915, hasta
la revisión del Artículo 27 de nuestra Constitución en 1992, el reparto agrario
había llegado a alrededor de 106 millones de hectáreas. No es cosa menor.
Sin embargo, esta superficie apenas ha
variado a un total de 97 millones de hectáreas, cuando somos testigos de que
prácticamente todos los centros turísticos e industriales, han sido creados en
tierras ejidales y comunales.
Estas apreciaciones sólo son algunas de
muchas otras. Las hay. Por ejemplo, existen miles de ejidatarios que tienen sus
parcelas, las siembran e incluso algunos son apoyados con programas oficiales,
sin tener sus Certificados de Derechos Agrarios. Las dependencias agrarias no
han hecho su tarea.
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Pascacio Taboada Cortina.
p_taboada2005@yahoo.com.mx.
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