‣Dos jueces federales consideran que el estatuto pone en
riesgo los derechos humanos de los ciudadanos.
Mayo
12 2018 10:03
La Ley de Seguridad Interior,
promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de diciembre de 2017, fue
declarada inconstitucional por dos jueces federales que consideran que el
estatuto pone en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos.
Dos jueces federales, uno en
Ciudad de México y otra en el estado de Guanajuato, concedieron amparos
en contra de la Ley de Seguridad Interior al considerarla
inconstitucional.
El primer Juez en promover el
amparo fue el Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva,
quien consideró que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad
pública y seguridad interior “implica introducir un riesgo para el ejercicio de
los derechos fundamentales de las personas, porque la autoridad militar
difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual
ha sido creado”.
También reconoce que la
actuación de los militares en las tareas de seguridad pública “puede provocar
actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad”.
Mientras que la Juez Noveno de
Distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, concedió el amparo
contra la ley a una organización de derechos humanos y afirmó que algunos
de los artículos de la ley son violatorios a los derechos humanos, porque impacta
a toda la sociedad en su conjunto.
Aunque la legislación va
dirigida a todos los ciudadanos, ellos como defensores, resienten una
afectación directa, real y efectiva por sus actividades.
Las normas que impugnaron se
refieren a la intervención de las Fuerzas Armadas en protestas sociales o
movilizaciones, lo que genera un efecto negativo en sus actividades como
defensores de derechos humanos.
La Ley de Seguridad Interior
establece el procedimiento con el que el presidente de México podrá ordenar la
intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se
identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las
fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la
amenaza”.
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