Por: Fernando
Aguilar
70 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN MEXICANA CON
SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES
•12 millones de diabéticos en el país
•El poder económico sobrepasa las fronteras
Usted apreciable
lector, probablemente se preguntará ¿cómo es posible que si el país fue
declarado en emergencia epidemiológica a consecuencia de los altos índices de
sobrepeso, obesidad y diabetes, la industria de productos chatarra y
refresquera sigan haciendo de las suyas? Y el mismo Presidente Enrique Peña y
secretarios de Estado firman acuerdos con esa industria que tiene postrada al
70 por ciento de la población con ese problema y que han generado más de 12
millones de diabéticos. Muy sencillo, el poder económico sobrepasa las
fronteras.
Para que se
dé una idea, aquí tiene un ejemplo.
En los
inicios de su mandato, la esposa de Barack Obama, hizo plantar un huerto en la
Casa Blanca, y llamó a nutriólogos expertos para impulsar la comida sana en
Estados Unidos, pero las empresas multinacionales pudieron más y bloquearon la
iniciativa; y si eso hicieron en uno de los países más poderosos del orbe, qué
no pueden hacer aquí en nuestro México y toda latinoamérica, se pregunta el
investigador peruano Enrique Yakovich.
Es decir, en
México, la industria chatarra o de productos ultraprocesados y refresquera, que
en nada alimenta a la población, tiene de rodillas a toda la clase política, de
acuerdo con el estudio “La Trama Oculta de la Epidemia: obesidad, industria alimentaria
y conflicto de interés”, que fue presentado el pasado 28 de febrero en la Casa
Lam de la Ciudad de México, por El Poder del Consumidor.
Entre otras
cosas, el estudio refiere que: En 2008, cuando un grupo de expertos del
Instituto Nacional de Salud Pública, el Hospital Infantil de México Federico
Gómez, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y las escuelas de
Salud Pública de las universidades de Carolina y de Harvard, realizó las
Recomendaciones de Bebidas para la Población Mexicana, y argumentó que, dada la
situación de epidemia en el país y el alto consumo de bebidas calóricas “el
aporte de bebidas no debe rebasar el 10% de las recomendaciones de energía”, y
que no se recomendaba el consumo de bebidas azucaradas,100 profesionales con
lazos directos con las empresas de alimentos y bebidas objetaron estas
indicaciones y comentaron que “cualquier fuente de energía en exceso es dañina
para la salud”.
Estuvieron
firmadas, entre otros, por el Doctor Pedro Arroyo, que en ese momento era
Secretario Técnico del Fondo Nestlé para la Nutrición, el Doctor Guillermo
Meléndez de la Fundación Mexicana para la Salud quien fuera director ejecutivo
del International Life Sciences Institute (ILSI) en su primera etapa (cuando
invitaron al Dr. Rippe y fueron sancionados por ILSI internacional).
Pero un año
antes de que se presentaran las recomendaciones, Josefina Vázquez Mota, como
titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), había firmado un convenio
con PepsiCo para permitir a esta compañía entrar a las escuelas con su programa
“Vive Saludable Escuelas” (una iniciativa “a favor de la buena alimentación y
el deporte”). Como Secretaria de Educación, Vázquez Mota firmó el acuerdo con
la cabeza de PepsiCo, Indra K. Nooyi.
Ese mismo año
la SEP participó en otra alianza para la entrada de Coca-Cola en las escuelas a
través de la campaña “Movimiento Bienestar”: La Secretaria Vazquez Mota, ante
la demanda de sacar la comida chatarra de las escuelas, respondió que esa no
era la opción; que había que enseñar a los niños a realizar elecciones saludables.
De esta
manera reproducía así el discurso de la industria, que la obesidad es una
responsabilidad individual, que no tiene que ver con un entorno y condiciones
que la promueven, llevándolo al extremo de aplicarla a los niños.
Con la salida
de Vázquez Mota y la entrada al frente de la SEP de Alonso Lujambio la
posibilidad de promover una regulación de los alimentos y bebidas en las
escuelas se presentó. En 2010, la propuesta se puso a consulta pública en la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). De manera inmediata, la
industria envió comentarios a la COFEMER quejándose respecto al inminente
retiro de bebidas de alto contenido calórico de los planteles escolares.
El Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), es decir, la clase empresarial en su conjunto,
se manifestó en contra de que se garantizara un ambiente saludable a los niños
en las escuelas. El CCE señaló: “la regulación no resolvería el problema (de la
obesidad)” y comentó que las nuevas guías “atacaban a la industria del
refresco” y que, en cambio, se debía promover la educación nutricional y el
ejercicio y no etiquetar las comidas como “buenas o malas”.
Aunque la
COFEMER accedió a la necesidad de regulación y se supone escuchó argumentos de
expertos y padres de familia, cedió ante los argumentos centrales de la
industria contra la regulación argumentando que el criterio de densidad
calórica no se justificaba y aceptando como “alimentos líquidos” productos con
azúcar añadido y edulcorantes no recomendados a niños como jugos, néctares, lácteos
y derivados de soya envasados.
El concepto
de densidad calórica era central en la regulación, establecía que un producto
no podría tener más de 265 calorías por 100 gramos para entrar en las escuelas.
No importaba si el producto era de 30 gramos, si en 100 gramos contenía más de
265 calorías no podría entrar.
En cambio, se
estableció un máximo de calorías por porción. Al bloquear el criterio de
densidad calórica, se creó el fenómeno de la minichatarra. Si un gansito no
entraba en la escuela bajo el criterio de densidad calórica, sin importar que
fuera un minigansito; con el criterio establecido por COFEMER respondiendo a la
presión de la industria, el minigansito era permitido. Vino así la producción y
entrada de la minichatarra a las escuelas.
De esta
manera, los productos chatarra siguieron en las escuelas en presentaciones más
pequeñas, ahora se comprarían dos en vez de uno y se evitaría el cambio a
alimentos saludables. COFEMER se puso del lado de la industria y en contra de
la propuesta de la SEP y la SS de Lujambio y Córdoba Villalobos. La industria,
a través de la Secretaría de Economía, puso a COFEMER a su servicio.
Basta decir
que los estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
en escuelas públicas informaban que estos planteles se habían convertido en
ambiente obesogénicos. Sus investigaciones informaban que los niños al salir de
la jornada escolar ya habían consumido el 31% de las calorías requeridas para
todo un día, antes de ingerir los alimentos de la comida y cena.
Pero también
los legisladores están en medio de estos conflictos de intereses. Tan es así,
que, en 2013, antes del establecimiento del impuesto de 10 % a las bebidas
azucaradas, en la discusión en el Congreso podían participar personas que
abiertamente poseían claros intereses en contra de la medida como la senadora
del Partido de Acción Nacional (PAN) Martha Elena García Gómez de Nayarit.
La senadora
era Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia
y esposa del ex gobernador de ese estado, Antonio Echevarría Domínguez, ahora
presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Alica,
concesionario en Nayarit de las marcas Coca-Cola, y del cual es parte el Grupo
Embotellador Nayar.
Según su
declaración patrimonial, la senadora es socia de las empresas Distribuidora en
la Costa de Nayarit, Desarrollo Urbano de Nayarit y Fletes Alica, que
transporta productos de Coca-Cola. Distribuidora de la Costa de Nayarit, su
distribuidora en Coca-Cola en Puerto Vallarta.
En octubre de
(2015) diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción
Nacional (PAN) intentaron, con su mayoría de votos, la modificación a la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para reducir en 50
por ciento el impuesto a las bebidas azucaradas que tuvieran 5 gramos o menos
de azúcar por cada 100 mililitros.
Gran parte
del cabildeo fue realizado por el ex Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, Genaro Borrego, y actualmente Director de Asuntos Corporativos de
grupo FEMSA en conjunto con Jaime Zabludovsky, actual presidente ejecutivo de
ConMéxico y ex alto funcionario del gobierno federal (Zabludovsky ofició entre
otras cosas, de subjefe negociador del TLCAN).
Ante la
presión de organizaciones no gubernamentales y de medios independientes, el
Senado de la República frenó esa reducción, aprobada previamente en la Cámara
de Diputados por la fracción priista, con el apoyo de la del Partido Acción
Nacional.
Una de las
preocupaciones centrales en ámbitos como el Congreso, es que, al no ser
transparentes las contribuciones para las campañas, se fertiliza el terreno
para que las compañías millonarias presionen y compren favores políticos.
De esta
manera es como tienen maniatados a nuestros gobernantes y a la clase política:
con el poder del dinero.
Fernando
Aguilar Juárez
044 55 31 90 12 16
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