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martes, 19 de diciembre de 2017

EPISTOLARIO//¿QUÉ QUIERE?

¿QUÉ QUIERE?
Por Armando Rojas Arévalo
GUILLERMO, podría empezar preguntando qué trama el presidente, pero, después de consignar algunos datos que dan lugar a pensar que se trata de una curiosa perversidad, preguntaría ¿y así quieren que uno vote por ellos? Porque pareciera que existe marcado interés en ponerle piedras en el camino a MEADE y a la elección.
Para no ir más lejos, la Ley de Seguridad Interior aprobada con insólita prisa por las cámaras de Senadores y Diputados, atenta contra las libertades individuales y limita la libertad de expresión. Si, como dicen, quieren proteger a la sociedad, ¿por qué ella no fue consultada?
Se olvida que la violencia y el crimen organizado no existen por culpa de las fuerzas armadas, sino de las autoridades civiles que han sido ineficaces y hasta omisas.
Tenemos la ley conocida ya como “mordaza”, dirigida a comunicadores y ciudadanos en general que, aun publicando cosas que son verdad pueden ser sancionados si él o los interfectos alegan “daño moral” o daño a su imagen pública.
Doña ELBA ESTHER GORDILLO fue amparada para pagar su condena en casa, y por “coincidencia”  el PANAL, su partido, inmediatamente se alió al PRI y a su candidato presidencial, lo mismo que los 59 secretarios seccionales del SNTE. ¡Y dicen que no debe pactarse con delincuentes!
GUILLERMO PADRÉS, ex gobernador panista de Sonora, prácticamente ya tiene un pie fuera de la cárcel para pasar las navidades en su casa. Mientras, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, dos veces diputado federal y dos veces senador, acusado y hasta enjuiciado por financiar con recursos del sindicato petrolero al menos la campaña presidencial de LABASTIDA, fue “reelegido” por otros seis años al frente del citado sindicato. Por otro lado, el que era director de OBEDRECHT confirmó los sobornos a directivos de PEMEX, pero LOZOYA continúa libre.
Los aguinaldos para diputados, senadores y ministros de la Corte rebasan el medio millón de pesos para cada uno.
La gente se pregunta qué pasa, o sospecha, como tú me decías el sábado, sobre “algo” que se está tramando. Porque no me digan que todas estas acciones son “populares” y benefician a los mexicanos.
OSCAR PALACIOS, escritor y periodista chiapaneco, dice en la columna política que me remite con frecuencia, refiriéndose a MEADE: “un pan sin sal disfrazado de candidato ciudadano, impoluto como el pantano donde ha vivido políticamente. Rodeado de tecnócratas insensibles y políticos de viejo y nuevo cuño que lo único que quieren es que “los pongan donde hay”. La misma gata mañosa revolcada”.
Mi colega y amigo HERRERA VALENZUELA, apunta en su columna que “estamos frente a una inédita campaña presidencial, de hechos insólitos, de cambios radicales en los dos principales partidos políticos”. Una de esas cuestiones inéditas, explica, es “que quienes participan en el proceso electoral, salvo excepciones, son personas sin carrera política, sin experiencia en la conducción administrativa del país, sin una ideología definida, sin la sensibilidad de lo que es nacionalismo, que carecen de sentimiento patrio”.
QUE NADIE ME DIGA que el ofrecimiento de MEADE, de llevar bienestar y justicia a todos los hogares mexicanos, y hacer de México una potencia (¿en seis años?) es un discurso que tiene a todos enfebrecidos de entusiasmo de votar por él.
Yo no sé si tus temores, GUILLERMO, sea premonitorios, pero la Ley de Seguridad Interior no sólo militariza a este país, sino que concede discrecionalidad al Presidente frente a eventos que él considerara ponen en peligro la seguridad y la estabilidad internas.
Otro amigo y colega, JORGE MELÉNDEZ, sentencia sobre la ley que “las fuerzas armadas podrán espiar a los ciudadanos sin que tengan que pedir autorización para ello, lo que limita la privacidad de los mexicanos, quienes de ahora en adelante sabrán que no pueden tener vida íntima.
“También, el presidente en turno, podrá llamar a los militares para que sofoquen lo que considera una actividad que ponga en riesgo la seguridad del país. Algo que se hacía muchos años atrás con el derogado artículo 145 (Disolución Social), el cual posibilitó que las cárceles se llenaran de presos políticos. Uno de ellos, por cierto, Valentín Campa Salazar, recientemente fue homenajeado ya que sus restos descansarán en el panteón de las Personas Ilustres”.
Las voces que se levantaron en contra de la citada Ley, no fueron escuchadas. La ONU recomendó al Congreso no aprobarla, y la Comisión de Derechos Humanos abiertamente se pronunció contra ella, y ni así.
¿Será que, como dice en SinEmbargo el padre ALEJANDRO SOLALINDE, que dicha ley es para reprimir a los inconformes del “magrafraude electoral” que el Gobierno planea para 2018? El sacerdote y activista social dice que se trata de un “arma” del Gobierno en contra del pueblo para “reprimirlo y ahogarlo en sangre” cuando salga a protestar por el fraude. Y “no se va a tentar el corazón para hacerlo”.
FUTURO INCIERTO. En otro capítulo, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil Federal con objeto de enfrentar el llamado ciberbullying. Se considerará ilícito comunicar, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, una acción cierta o falsa que cause deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien. Las modificaciones se aplicaron a la fracción 1 del artículo 1916 del citado código, avaladas con 386 votos a favor.
La libertad de expresión que tanto nos enorgullecía, pasó a mejor vida. Además, si algo atenuaba la presión social, el enojo y la impotencia ciudadana era el desquitarse de los miembros de la clase política, mentándoles la madre. Ya no se puede. Aunque el político o funcionario no tuviera madre, puede demandar a quien se la recuerde.
¿Qué pretende el gobierno con todo esto? ¿Y así quieren que uno vote por MEADE?
POR ESTAS Y OTRAS RAZONES, la sociedad se está organizando para hacer frente al hartazgo. En Chiapas, por ejemplo, se integró la ASAMBLEA CIUDADANA DELIBERATIVA precisamente para exigir la participación de la sociedad en los temas que a ella le afectan. Por vía de mientras, en la segunda sesión se acordó hacer la propuesta de un plan estatal de desarrollo de largo aliento, que sea elevado a rango constitucional para no ser soslayada por los despropósitos de cada gobierno.

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