GUILLERMO CORREA BÁRCENAS
LO BUENO Y LO MALO EN LA SCJN
Bien por el
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de manera unánime
resolvió separar de su cargo y consignar ante el Juez de Distrito de Procesos
Penales en turno, al actual titular de la Delegación Venustiano Carranza de la
Ciudad de México, Israel Moreno Rivera; además de consignar al anterior titular
de la misma demarcación, José Manuel Ballesteros López, a fin de que sean
juzgados y sancionados por incumplir una sentencia de amparo. Todo esto, salvo
el calificativo de inicio, es lo que dice el comunicado 168 de esta institución
que da cuenta del incidente de inejecución de Sentencia 296/ 2016 a favor de
trabajadores luego de un largo conflicto laboral. Qué bueno, repetimos, que
haya acciones como esta, sin precedente. Qué malo, a decir de otros quejosos,
que lo mismo no suceda al interior del máximo tribunal.
Se trata del
asunto del que se ocupó este espacio el viernes anterior y que tiene que ver
con denuncias de acoso sexual y laboral. Por principio de cuentas se debe
enmendar un error ya que se señaló que el principal acusado, Enrique Rodríguez
Martínez, había sido premiado con la Coordinación de Comunicación Social de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Ya no es así. Ahora ocupa el
mismo cargo en el PRI del Estado de México, entidad que recién estrenó
gobernador. Otra anotación a considerar es que los hechos referidos en el texto
del 3 de noviembre pasado sucedieron –algunos— desde hace cinco años de acuerdo
con el cuaderno de investigación 75/ 2012 de La SCJN. También que son varios
los denunciantes, principalmente mujeres que han laborado en el Canal Judicial,
quienes por temor a más represalias piden el anonimato.
Cuentan que en
su mayoría los procesos se han ido alargando, que se encuentran estancados o
que los fallos no van de acuerdo con las acusaciones hechas contra el ex
director del Canal Judicial y su equipo, entre ellos Francisco Barradas, que es
hoy el coordinador de Comunicación Social de la Confederación Nacional
Campesina (CNC). Según documentos, las quejas datan desde que el Ministro, Juan
N. Silva Meza fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal.
Como han
registrado varios medios de prensa escrita, radio, televisión e internet, las
denuncias, salvo contadas excepciones, han sido desechadas por la Contraloría
de la Corte. Lejos de amedrentarse, las trabajadoras, sobre todo, han mantenido
su inconformidad e insisten en que haya un fallo acorde con la violación de sus
derechos humanos pues oficialmente se reconoce que todas las autoridades en el
ámbito de sus competencias deben promover, respetar, proteger y garantizarlos.
Es así que las indagatorias se han reabierto. Y pese a que en recientes años se
recabaron más informaciones y testimonios, nada ha prosperado.
Incluso en
junio de 2015 el semanario PROCESO informó que en oficinas del Canal Judicial
se encontró polvo blanco por lo que “de inmediato dieron vista a la Procuraduría
General de la República (PGR) para que el Ministerio Público Federal determinen
o no si se trata de una droga lícita y si la cantidad encontrada es para
consumo personal dentro de los parámetros permitidos”.
El reporte de
Jorge Carrasco indicó que tras el hallazgo, tres funcionarios del Canal Judicial
presentaron su renuncia, empezando por su director, Enrique Rodríguez, quien
decidió separarse del cargo a partir del 15 de marzo. De acuerdo con fuentes
judiciales, la Contraloría tiene un expediente abierto en su contra, pero el
exfuncionario asegura que las investigaciones no apuntan hacia él. Los otros
dos que renunciaron fueron el subdirector de Información, Francisco Barradas
Ricardez, y el director de área Alberto Villa Dávalos, quienes se separaron del
Poder Judicial en forma inmediata.
“Barradas, se indicó en la agencia APRO,
había sido denunciado por trabajadores del Canal de consumir bebidas
alcohólicas en horas de trabajo, además de maltratar al personal, pero las
quejas fueron ignoradas por el entonces presidente de la Corte y el resto de
los ministros, a quienes los afectados les enviaron cartas anónimas e incluso
una firmada”.
Rodríguez, que dirigía el canal desde
agosto de 2007, fue investigado por una queja de hostigamiento laboral. Pero
fue absuelto por la Contraloría al considerar que la queja no estaba
fundamentada. La denunciante, Brenda Karina Ornelas Mazatle, aseguró a Proceso
(edición 2000) que el acoso en su contra comenzó cuando se negó a decirle a la
Contraloría que la entonces novia de Rodríguez trabajaba en el canal, “cuando
sólo cobraba”.
Ex reportero de Televisa, Rodríguez
aseguró entonces en entrevista con Proceso que las acusaciones de las que fue
objeto eran infundadas y por eso habían sido desechadas por la Contraloría. Sostuvo
que él era el primer interesado en que se investigaran las denuncias en su
contra y contra sus colaboradores más cercanos. “Soy un hombre íntegro y
honesto, y lo he demostrado. Puedo ver a mis hijos y a mi esposa a los ojos.
Soy el principal afectado de todo esto”, dijo a la cadena Radio Fórmula.
Sin embargo, las acusaciones de muchas
víctimas del acoso se sostienen y no han desaparecido a pesar de que, como se
expresó al principio, los principales involucrados hayan renunciado, de ahí que
no hace mucho el tema haya sido análisis de la columna Serpientes y Escaleras
que apareció en El Universal, bajo la autoría de Salvador García Soto. Otra
consideración que nunca ha sido desmentida es la que gracias a un expediente al
que tuvo acceso REFORMA se reveló que quien fue director del Canal Judicial
“favoreció a su novia –Mónica Montes Trejo-- y a su cuñada al contratarlas por
honorarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Trabajadores que
fueron entrevistados sostienen que lejos de cambiar el ambiente en que se
desarrollan, aunque los ex funcionarios que se ha mencionado no laboran más
ahí, los acosos siguen con otros protagonistas.
DESDE
EL CENTRO
En Chiapas crece el riesgo de
enfrentamiento con violencia entre la Coordinadora Nacional Plan de Ayala
(CNPA-MN) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC)
por la lucha para quedarse con bienes materiales en la comunidad de Cerro
Blanco, municipio de Amatán, por esto la primera pide la intervención urgente
del Gobierno Federal y el estatal… Aunque en la sede nacional de la SAGARPA han
sido frecuentes las protestas de campesinos de distintas organizaciones para
denunciar que se les adeuda la entrega de recursos aprobados por la Cámara de
Diputados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) reconoce a la dependencia por “la operación dinámica,
transparente y actualizada del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios, que
optimiza la entrega de incentivos y apoyos a productores en el sector rural”… Tlachinollan,
el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, informa que La Relatora especial
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz,
visitará la comunidad de Tlatzala en Guerrero este 11 de noviembre. Como la máxima
autoridad en la materia conocerá las condiciones en que viven las comunidades guerrerenses,
como violencia, pobreza y discriminación.
Guillermo Correa Bárcenas
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