GUILLERMO CORREA BÁRCENAS
ACOSOS SEXUAL QUE EN MÉXICO SE PREMIA Y EN EL
EXTRANJERO SE CONDENA
Ahora que han
salido a la luz escándalos de reconocidos personajes del extranjero acusados de
acoso sexual que han provocado un repudio en todo el mundo, vale la pena
preguntar lo que sucede en México y por qué, a diferencia de otros países, aquí
parece reinar la impunidad.
Insistiremos
entonces en lo que en mayo de este año desarrollamos superficialmente. Se trata
de hechos registrados en el entorno periodístico mexicano, que se repiten con
frecuencia. Pero tomaremos sólo un caso de los que seguramente se dan por
miles.
Tiene que ver con el ex
director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, así como de los ex
subdirectores Francisco Barradas Ricardez y Marco Antonio Silva Martínez, que
en no pocas ocasiones ha provocado la irritación del ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quien
incluso pidió la renuncia de los mencionados por haber ensuciado el prestigio
de esa magna institución.
Recordamos que el escándalo
creció cuando agentes de la Procuraduría General de la República realizaron un
cateo en las oficinas del Canal Judicial y hallaron drogas. El expediente C.I
6/2015 de la Contraloría Interna de la SCJN detalla también pornografía,
incluidos videos, y la práctica de un ritual denominado “manto sagrado”, que
consistía en dar golpizas a los trabajadores de la comunicación de recién
ingreso.
Las denuncias públicas de las
empleadas datan desde 2012. Si bien han sido reiterados los anuncios de que
habrá castigo ejemplar, hasta el momento impera la impunidad, al grado de que
Enrique Rodríguez es hoy Coordinador de Comunicación Social en la Profeco y
Francisco Barradas Ricardez despacha con el mismo cargo en la Confederación
Nacional Campesina (CNC).
Cabe señalar que lo acontecido
ha sido denunciado reiteradamente en distintas publicaciones a través de
colegas preocupados por lo que han sufrido otros y otras por personajes como
los nombrados. Uno de ellos fue Jesús Aranda quien en febrero pasado lo hizo en
La Jornada, antes de que nos abandonara en esta vida. Fue el 27 de febrero
pasado cuando informó que desde marzo de 2015 el Ministro Presidente ordenó a
la Contraloría del máximo tribunal iniciar las indagatorias correspondientes
con respecto a las denuncias del grave delito, para las víctimas, del llamado
acoso sexual. Una semana antes de la fecha citada el expediente fue turnado al
Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea para que elaborara el proyecto
correspondiente y presentara al pleno en sesión privada su documento a fin de
deslindar responsabilidades en el asunto que marcó negativamente no sólo al
Canal Judicial sino a la propia SCJN.
En junio
pasado, Salvador García Soto en su reconocida columna Serpientes y Escaleras
publicó: “Pornografía y videos explícitos de contenido sexual en computadoras
oficiales, prácticas de maltrato y agresiones físicas contra trabajadores
golpeados en extraños rituales, acoso sexual directo y ambiental contra
empleados hombres y mujeres, torneos de videojuegos y consumo de bebidas
alcohólicas en oficinas públicas en horas laborales, fueron algunas
‘infracciones graves’ que la Contraloría Interna de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación documentó en contra del exdirector del Canal Judicial,
Enrique Rodríguez Martínez, de los subdirectores, Francisco Barradas Ricardez y
Marco Antonio Silva Martínez, y de dos empleados más, a los que se iniciaron
desde mayo pasado ‘procedimientos administrativos’ que aún no concluyen”.
Detalló, con el
expediente en su poder, que a más de 2 años no se habían conocido sanciones
contra los presuntos responsables de esas violaciones ‘graves’ a la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Claro, dijo el autor, que esos
‘procesos de responsabilidad’ continúan aunque demasiado lentos cuando
oficialmente existen los elementos probatorios de las conductas ilegales de los
funcionarios denunciados por sus propios subalternos.
El caso es que
en el expediente de la investigación de la Contraloría de más de 57 páginas
–abundó García Soto--, el exdirector Enrique Rodríguez está acusado de “uso
indebido de recursos públicos”, por haberse encontrado en su computadora de uso
oficial 79 imágenes de contenido pornográfico o sexual, dos correos con el
mismo contenido y consulta a páginas de contenido pornográfico. La inspección
física de esos equipos de cómputo oficiales, también encontraron “imágenes,
videos, diapositivas, páginas de inicio de Internet y páginas web con contenido
pornográfico y sexual” en los equipos asignados a Barradas, Silva, Villa
Dávalos y Díaz Gutiérrez. Testimonios de al menos 20 empleados, declararon que
era “común que vieran pornografía en las computadoras” y que tuvieran imágenes
explícitas a la vista de otros trabajadores, además de usar un lenguaje con
frases “de contenido sexual explícito” frente a mujeres en las oficinas.
La acusación de
“acoso laboral, en la modalidad de maltrato físico” fue formulada y probada,
según los testimonios de la Contraloría. El sujeto al que le tocaba el ‘Manto
Sagrado’ era llamado por Silva a su oficina, se le obligaba a cubrirse con la
manta y todos lo golpeaban aún tirado en el suelo, incluido el director Enrique
Rodríguez, que según varios testimonios llegó a golpear a los empleados cubiertos
con un objeto de plástico que les dejó lesiones visibles en la cara. La
práctica era ‘obligatoria’ y a aquel que se resistiera o se quejara de las
golpizas era marginado y relegado por los directivos del canal incluso con la
disminución de prestaciones, órdenes de trabajo o lo comenzaban a aislar por no
ser ‘de confianza’.
Las acusaciones
de “acoso sexual ambiental” denunciado por varias mujeres y hombres que
laboraban en el Canal Judicial, fueron documentadas y probadas, con base en
diversos testimonios. “Esas prácticas efectuadas en forma sistemática y
persistente en el centro del trabajo… resultaban humillantes y ofensivas para
quien las percibe”, concluyó la Contraloría en su investigación.
Por lo menos 20
testimonios de empleados del canal judicial, reporteros, camarógrafos,
conductores, dijeron haber visto a Barradas en repetidas ocasiones consumiendo
bebidas alcohólicas, que mandaba comprar a los mismos empleados, y que consumía
en su oficina en vasos de plástico o en botellas de refresco, “mientras subía
las piernas en su escritorio”. Varios declarantes dijeron que era frecuente que
el subdirector del canal llegara en estado alcoholizado a sus labores, sobre
todo después de la hora de comida.
Mientras fuera del
país las denuncias de acoso sexual acaban o dañan con las trayectorias de
famosos, por ejemplo Knight Landesman, codirector de la revista ArtForum; Kevin
Spacey, estrella de House of Cards; Roman Polansky, Woody Allen y Harvey Weinstein,
todos ellos relacionados con la actividad cinematográfica, en México, por el
contrario, se les premia con puestos directivos, como si nada hubiera pasado.
En el caso particular de este texto, se cuestiona también la falta de protesta
de legisladoras cenecistas que conocen del caso y lo ignoran, funcionarias,
organizaciones dedicadas a la defensa de las mujeres, incluso de las propias
trabajadoras del gremio periodístico que hasta el momento no han expresado
siquiera solidaridad con las víctimas del Canal Judicial.
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