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Por: Lizbeth Padilla
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema
Nacional Anticorrupción solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT)
la información sobre los pagos que hicieron Pemex, Sedesol y SCT a empresas
fantasma reveladas en el
reportaje La Estafa Maestra.
El pasado 4 de septiembre, Animal Político reveló
cómo 186 compañías fantasma recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno
federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones.
El Comité explicó que todo contribuyente está obligado a
emitir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) cuando se
obtienen ingresos provenientes de entes públicos, de no hacerlo “consentiría la
evasión fiscal de los contribuyentes, sino también el desvío de recursos
públicos (corrupción)”.
Las dependencias públicas deben contar con documentación
comprobatoria y justificativa de sus gastos y pagarlos a través transferencias
bancarias.
El CPC señaló que hay evidencias y reportes de “que de manera
intencionada los entes públicos utilizan las empresas fachada o fantasma como
mecanismo para desviar recursos públicos”.
Por ello, el CPC señaló en un comunicado que pidió al SAT los
nombres de las instituciones bancarias desde las cuales dichas
instituciones realizaron las transferencias bancarias; los nombres de
los bancos en los que las
empresas fachada o fantasma recibieron las transferencias
bancarias.
La identificación de las cuentas bancarias desde las que
Pemex, Sedesol y SCT hicieron las transferencias en favor de dichas empresas y
los datos de las cuentas en las cuales las empresas fantasmas recibieron
el dinero.
Así como toda la información referente a la fecha en que se
pagaron los CFDI
“La Ley del ISR establece que todas las dependencias públicas
-en particular la federación y las entidades federativas- están obligadas a
exigir a sus proveedores de bienes y servicios, la entrega de CFDI por los
pagos que realicen”, detalló el comité.
Añadió que los CFDI emitidos por empresas fantasmas son
inválidos y no tienen efecto alguno, por lo que todas las personas
involucradas en este tipo de operaciones podrían hacerse acreedoras a
penas de prisión de 3 meses a 6 años.
El CPC explicó que aunque las autoridades fiscales
carecen de facultades para investigar y combatir la corrupción, el SAT tiene la
información de los CFDI emitidos por las empresas fantasmas.
Con esta información, el Comité puede ejercer las
atribuciones establecidas en la Constitución Federal y en la Ley General del
SNA, para solicitar que las autoridades competentes actúen en esa materia.
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