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Dulce Olvera
Diez ex gobernadores, en su mayoría priistas, han sido
detenidos durante esta administración, hay otros cuatro bajo investigación y
uno fugado por desvíos de recursos públicos que suman más de 206 mil
millones de pesos.
Ante el destino incierto de estos fondos, investigadores en
transparencia exigen al Estado ubicar el dinero y devolverlo al erario en este
momento en que México necesita reconstruirse.
“El primer responsable es el Estado porque son instancias
–como la PGR– a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo de vigilar”,
si las autoridades “fallaron” en vigilar que se aplique correctamente, tienen
la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad, afirma Paulina
Gutiérrez Jiménez, directora del centro de investigación Ciudadano.
Ante el incierto destino de los más de 206 mil millones de
pesos desviados del erario público por parte de 15 ex
gobernadores, especialistas en transparencia exigen a las autoridades una
investigación para detectar la ruta de ese dinero en empresas, cuentas
bancarias, propiedades o inversiones en territorio nacional y global con el
objetivo de recuperarlo y devolverlo a las entidades desfalcadas en un momento
en que el país necesita reconstruirse.
La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes
del Sector Público, que considera los asegurados y decomisados en los
procedimientos penales federales, expone que todos los bienes asegurados
–incluyendo los billetes y monedas de curso legal, divisas y los de valor artístico–
serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
(SAE). Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y
supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.
Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las
sanciones que deberían aplicarse a los gobernadores que desvían los recursos es
la de “resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los
mexicanos” y en caso de no recuperar el dinero “es una omisión del debido
proceso por parte de la autoridad judicial”.
Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretaría de la
Función Pública (SFP) porque “durante este sexenio su actuación ha quedado
bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando”, sus órganos
internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los
encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.
En cuanto a la fiscalización, la capacidad de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) –encargada de analizar el uso de recursos
transferidos– es limitada en cuanto a efectos jurídicos.
“Es imprescindible el uso de la tecnología existente. Los
nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas y las
aplicaciones que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso. El uso del
efectivo debería quedar disminuido a cero, sin embargo muchos de los gobiernos
estatales siguen manejando efectivo del recurso público para contrataciones o
nómina”, sostuvo Manuel Guadarrama, investigador en temas de transparencia y
rendición de cuentas, gobierno abierto y derecho administrativo.
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Paulina Gutiérrez Jiménez, directora del centro de
investigación CCiudadano, interesado en el control ciudadano de lo público, coincidió
en que ese dinero del erario público es de los mexicanos y si las autoridades
“fallaron” en vigilar que se aplique correctamente, tienen la obligación de
buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad.
“El primer responsable es el Estado porque son instancias
–como la PGR– a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo de vigilar”,
afirmó.
En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la
República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rescataron
tras un convenio con dos empresas fantasma 421 millones de pesos desviados del
erario público por el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y la
devolvieron a la Tesorería de la entidad.
“Los bienes que resulten del dominio público de la
Federación, de los estados, de la Ciudad de México o de los municipios, se
restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su
naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables”, afirma la Ley.
Incluso pueden ser donados. La Ley determina que en casos excepcionales,
de conformidad con el monto, plazo o tipo de bienes, podrán ser donados o
asignados a favor de los gobiernos de las entidades federativas y municipios,
para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o
de asistencia social.
LA FALTA DE
SANCIÓN
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Diez ex gobernadores, en su mayoría priistas, han sido
detenidos durante esta administración por desvíos de alrededor de 178 mil 577
millones de pesos de dinero público. Hasta el momento, hay otros cuatro
bajo investigación y uno fugado, que suman otros 28 mil 345 millones de pesos.
En total son más de 206 mil millones de pesos que de acuerdo con la Ley deben
ser devueltos a la Tesorería de las entidades desfalcadas: Tabasco, Michoacán,
Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca,
Chihuahua y Coahuila.
Pero en sexenios pasados la corrupción también ha estado
presente. De 2000 a 2013, documentó el investigador del IMCO, hubo 63
gobernadores de los cuales 41 estuvieron involucrados en desvío de recursos,
pero solo 16 fueron investigados de los cuales cinco fueron procesados. En
contraste, en Estados Unidos de los nueve investigados todos fueron
sancionados.
A nivel municipal, en el centro CCiudadano han evaluado la
aplicación de recursos públicos en 13 municipios de siete estados del país como
Chihuahua, Veracruz, Baja California y Yucatán. En general, ya sea por
corrupción o falta de capacidades, los gobiernos municipales “no cumplen con la
ley y hay muchísima opacidad” ya que no pueden tener acceso a información que
debería ser pública sin solicitud, dijo Paulina Gutiérrez.
Además, acusó, hay “una simulación” en los órganos de
participación civil por lo que tampoco se considera a la ciudadanía para
conocer sus necesidades prioritarias y determinar la infraestructura social
correspondiente. Pese a ello, no hay castigo a la violación de las normas.
La PGR también ha detectado recursos robados por el ex
priista Javier Duarte de Ochoa en bancos de Europa y Estados Unidos.
“Se está investigando a dónde va el dinero y se está buscando
recuperar cada uno de estos recursos identificados”, aseguró en verano el titular
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), Alonso Israel Lira.
Este martes la Fiscalía de Veracruz publicó una lista de
objetos incautados al ex Gobernador de Veracruz durante un operativo en una
bodega localizada en Córdoba, entre ellos, un busto de Gandhi, palos de golf,
medallas, bolsas Louis Vuitton y bolígrafos Mont Blanc (que en el mercado valen
hasta 20 mil pesos).
Ese mismo día, agentes de la Policía Ministerial de
Tamaulipas realizaron un cateo en un rancho de casi 60 hectáreas –con lago y 12
caballos– registrado a nombre de una empresa en la que aparece como accionista
de un 50 por ciento el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, capturado la
semana pasada por lavado de dinero.
“Los terremotos ocurrieron en un año de crecientes
escándalos, entre ellos los arrestos de tres ex mandatarios estatales emanados
del gobernante Partido Revolucionario Institucional, con señalamientos de
corrupción y cuando se acusa a altos funcionarios de aceptar sobornos de la
constructora brasileña Odebrecht”, resaltó la corresponsal del diario
británico Financial Times, Jude Webber esta misma semana.
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