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Al menos seis organizaciones civiles denunciaron que los
Senadores del PRI y del PVEM sacaron partido de la tragedia del sismo, pues
aprovecharon que la atención está volcada en las víctimas, “para aprobar leyes
en contra de pueblos indígenas y medio ambiente”.
Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
y del Verde Ecologista (PVEM) aprobaron dos Leyes que, de acuerdo con
activistas, permitirán el saqueo y la privatización de recursos genéticos.
Seis organizaciones civiles denunciaron que las
iniciativas de la Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, son “legislaciones entreguistas, violatorias de derechos
de las comunidades indígenas y atentan contra el medio ambiente, afirmaron las
organizaciones Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO), Conservación de
Mamíferos Marinos de México – COMARINNO, Greenpeace, Grupo GEMA, Producciones
Serengueti – Marianela Hoyo y Vía orgánica”.
De acuerdo a información proporcionada las ONG’s, hoy la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, encabezada por
Ninfa Salinas (PVEM), avaló ambas iniciativas ante la ausencia de legisladores
del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática
(PRD).
“Cuando la población mexicana está demostrando la unión para
ayudar, con solidaridad y generosidad, trabajando en la atención y
reconstrucción de los sitios afectados, los legisladores se alían para dar un
golpe bajo a la ciudadanía y el medio ambiente, haciendo evidente una vez más
su insensibilidad hacia el pueblo mexicano”, señalaron las organizaciones en un
comunicado de prensa emitido hoy.
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Explicaron que la iniciativa de Ley General de Biodiversidad
se abroga la Ley General de Vida Silvestre, incluyendo la asimilación del
Protocolo de Nagoya a la legislación mexicana sin ningún tipo de candados que
puedan evitar la erosión genética de los recursos naturales mexicanos ni la
protección para el conocimiento tradicional para la conservación y uso de la
biodiversidad.
“Otras organizaciones y grupos académicos han señalado que
este proyecto de ley permite la realización de actividades mineras en las Áreas
Naturales Protegidas, incluso en las zonas núcleo. Este proyecto pone en
bandeja de plata la privatización de los recursos genéticos del país”,
expusieron.
La misma Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación (Sagarpa) se ha manifestado en contra de este proyecto al
señalar que la iniciativa está encaminada a flexibilizar los marcos
regulatorios en materia ambiental, como la inexistencia de un Sistema Nacional
de Recursos Genéticos, entre otros señalamientos.
Además explicaron que avalar ambas legislaciones violan el
artículo segundo de la Constitución mexicana, puesto que, -afirmaron- no hubo
una consulta con los pueblos indígenas, ni el más mínimo esfuerzo por tratar de
incluirlos en el proceso de la elaboración de ambas leyes.
“Es indignante que los ciudadanos tengan que enterarse de las
aprobaciones de estas leyes tan importantes para la sociedad mexicana, en medio
de una tragedia que enluta al país y que muestra lo bajo del actuar del
poder legislativo cuando las prioridades deberían ser otras y no la
privatización de sus recursos naturales”, recriminaron.
Previamente, en entrevista para SinEmbargo, Miguel
Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, ha señalado que el partido
del tucán no sólo perdió la brújula con el fomento de ambas legislaciones. Las
cuales, alertó, se convierten en la “peor amenaza” para la conservación de los
ecosistemas del país. Pese a que México es considerado unos de los tres
megadiversos a nivel mundial.
“Nosotros hemos resaltado que el Partido Verde perdió el
rumbo […], que al parecer sus intereses son empresariales, que tienen que ver
con el lucro sobre la biodiversidad, más que por promoverla y proteger el
capital natural de la nación”, acusó.
Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio) la gran diversidad natural ofrece oportunidades de
desarrollo para el país y a la vez atribuye una gran responsabilidad en el
cuidado de la naturaleza.
Por otro lado, distintas organizaciones han acusado que la
iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es
un retroceso en los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo
forestal comunitario. “Reduce los requisitos necesarios para la autorización de
explotación” de los bosques, acusó Miguel Rivas.
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En semanas pasadas, productores, organizaciones y académicos
ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación
Social (Cencos), donde acusaron que dicha Ley deja abierta la posibilidad de
que los bosques sean impactados, debido a un manejo inadecuado al ser
arrebatados de las comunidades indígenas.
Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible (CCMSS), aseguró, durante el mensaje a medio, que con la Ley
Forestal, las autoridades exhiben una “necesidad de control con las políticas
forestales. Muestra un proyecto de Gobierno autoritario que no quiere dejar
ningún resquicio de participación ciudadana”.
Benet criticó que la “avaricia y codicia” representan al PVEM
y no “un Verde relacionado con el medio ambiente”. Criticó que el partido no
haya atendido la solicitud de más de 100 organizaciones de todo México ni del
Congreso del Estado de Oaxaca, quienes demandaron la apertura de la discusión
del documento de la iniciativa.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); el Consejo
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS); la Red Mexicana de
Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF); Silvícola Ocote Real;
Silvicultores y Productores Agropecuarios Quetzalpapalot; la Unión Estatal de
Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO) y la Unión de Ejidos Sierra Norte
de Puebla, subrayaron que la Ley:
-Deja en la discrecionalidad y la incertidumbre la
integración de las manifestaciones de impacto ambiental a los planes de manejo
y sus correspondientes autorizaciones ni señala cuál es la autoridad que
dictamina sobre este asunto, dejando la interpretación de un doble trámite ante
diferentes autoridades.
-No define la disposición de integrar un padrón de dueños y
técnicos con desempeño superior, que reciban incentivos de agilización de
trámites y autorizaciones automáticas.
-No incorpora las propuestas para el fortalecimiento de
unidades regionales con enfoque integral y concurrente con otros sectores,
habilitado para recibir las funciones de dictamen y capacitado para la atención
inmediata de contingencias sanitarias.
Miguel Rivas, de Greenpeace, pidió que no ocurra lo mismo con
la Ley de Biodiversidad que aún está por discutirse. “La Ley Forestal pasó como
tememos que pase la de Biodiversidad, en fast track, sin ninguna discusión ni
mayor consulta”, dijo.
El activista alertó que la legislación “deja al 97 por ciento
de la flora fuera de la Ley, se dejan fuera para darle la potestad a la
Forestal. Así esta Ley es el instrumento con el cual se manejarían todas las
especies, excepto las que estén en peligro, éstas le corresponderían a la de
Biodiversidad”.
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“Es una muy mala combinación: Ley de Biodiversidad que
desprotege las plantas, más una Ley Forestal que baja los requisitos a la
explotación, es la receta perfecta para perder la biodiversidad”, lamentó.
Con la falta de protección, acusó, lo que el PVEM pretende
hacer es permitir la explotación de los recursos, “es el primer fin que estas
dos leyes tienen”, aseguró.
“Te quedas con que es una legislación muy laxa, que no
protege y que además facilita la explotación de recursos, como saqueo, es una
explotación desproporcional a los recursos”, agregó.
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