Publicado el 14 Agosto 2017
Lo denunciado este lunes por el
diputado federal Guillermo Santiago se configura, sin duda, como una de las
acusaciones formales más comprometedoras hechas contra la figura de Manuel
Velasco Coello en lo que va de su administración. Se trata un total de
presuntos 90 casos de desvío de recursos y/o conflicto de intereses
perfectamente documentados, mediante expedientes de la Cámara de Diputados y la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso más grave tiene que ver con
el predio de Almolonga en San Cristóbal de las Casas y la asignación de 275
millones de pesos para la construcción del Centro de Convenciones de dicha
ciudad en esa misma propiedad. Es un monto de recursos federales autorizados
desde 2014 para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 que hasta la
fecha ni ha sido ejecutado y tampoco comprobado.
El recurso fue entregado al
Gobierno de Chiapas hace dos años, sometido a proceso de licitación en febrero
de 2015 y asignado a la empresa Loinsa Constructora S.A. de C.V. Las
irregularidades en torno a dicha empresa también han levantado suspicacias. Se
trata de la misma a la que se adjudicaron importantes proyectos como Ciudad
Mujer en San Cristóbal de las Casas y la remodelación de Parque del Oriente en
Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, la empresa registra dos distintas direcciones
fiscales en la ciudad de Tapachula.
Pese al proceso de licitación
concluido, hasta la fecha la obra ni siquiera se ha iniciado. No obstante, lo
más sospechoso tiene que ver justo con el terreno donde sería construido el
Centro de Convenciones. Almolonga, como es conocido popularmente el
predio, mantiene hoy un litigio de adjudicación en el que se encuentra
involucrada directamente la mamá del actual gobernador, Leticia Coello de
Velasco.
En los años sesentas el predio fue
donado por el ex gobernador Manuel Velasco Suárez al Instituto Mexicano de
Oftalmología Tropical A.C que mantuvo operaciones, sin problema alguno, durante
varios años subsecuentes. Sin embargo, la llegada de Velasco Coello también
trajo consigo las intenciones de su madre para recuperar el terreno con
objetivos ocultos que las investigaciones han sacado poco a poco a la luz
pública.
Tan sólo seis meses después de que
Manuel Velasco Coello asumirá el cargo, Leticia Coello de Velasco inició una
demanda penal (el 25 de mayo de 2015) para revocar la donación del predio,
adjudicárselo y donarlo posteriormente a la supuesta asociación civil
“Instituto de Investigaciones y Desarrollo de los Pueblos Indígena” -con
domicilio en el Estado de México- del que, se presume, ella forma parte.
Como resultado del proceso judicial en 2015 se ejecutó una orden de desalojo
contra las personas que aún se encontraban ocupando el predio.
Entonces, si Almolonga se encuentra
en litigio para adjudicarlo a Leticia Coello, ¿por qué el Gobierno de Chiapas
gestionó un recurso de 275 millones de pesos para la construcción de un
complejo que bien podría terminar bajo propiedad de la también ex presidenta
del Sistema DIF Chiapas? ¿Dónde están los 275 millones entregados al
gobierno de Velasco Coello desde 2015 y que hasta la fecha se desconoce su
destino?
El caso es realmente muy grave
porque configura delitos como conflicto de intereses y desvío de recursos
públicos. La Auditoría Superior de la Federación ya hizo las observaciones
respecto al caso y hoy se encuentra a la espera de la explicación
gubernamental. Y lo alarmante de la situación es que se trata únicamente de uno
de los 90 casos documentados por el diputado federal; por lo que se iniciará la
tramitación de un Juicio Político en contra de Velasco Coello.
Además, Guillermo Santiago detalló
que solicitará formalmente una auditoría en contra de la Secretaría de Hacienda
estatal, la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, la Secretaría de Medio
Ambiente e Historia Natural y el Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) por diversos casos.
Lo hecho por el diputado federal de
Morena es sin duda sobresaliente. Más allá de los intereses personales lógicos
y las acusaciones en su contra por la supuesta poca productividad en la
presentación de iniciativas, Guillermo ha hecho lo que el resto de los
supuestos representantes legislativos ante la Cámara de Diputados han preferido
ignorar. Ha denunciado (con pruebas fehacientes) ante la Federación lo que
otros han callado con absoluta complicidad… así las cosas.
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