 |
| © Proporcionado por Animal Político |
Mael Vallejo
Javier
Duarte, exgobernador de Veracruz recién capturado en Guatemala, no actúo sólo
para presuntamente desviar cientos de millones de pesos del erario. Una red de
funcionarios ubicados en distintos puestos públicos en Veracruz le
permitió o le ayudó a cometer los delitos de los que se le acusa.
Mientras que
el sábado 15 de abril Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala y enfrentará un
proceso de extradición para ser juzgado en México, la mayoría de sus presuntos
cómplices están libres, e incluso tienen fuero.
Como
gobernador de Veracruz –el tercer estado con mayor población en el país y un
presupuesto estatal superior a 100 mil millones de pesos anuales– Duarte puso
en puestos clave a operadores que facilitaron la constitución, operación y
entrega de contratos públicos a empresas fantasma.
La
Procuraduría General de la República (PGR) investiga a Javier Duarte por los
crímenes de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia
ilícita. Y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que el desvío
de recursos federales sólo de 2011 a 2014 podría ascender a más de 60 mil
millones de pesos, lo que considera como irregularidades “históricas”.
Para lograr
estos desvíos millonarios, varios funcionarios del círculo más cercano a Duarte
fueron fundamentales.
Antonio
Tarek Abdalá fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, una de las
posiciones más importantes en cualquier administración, toda vez que se encarga
de recibir y distribuir el presupuesto estatal.
Entre 2012 y
2015 se encargó de las finanzas locales, justo en el periodo en que la
administración de Duarte entregó contratos a empresas fantasmas que nunca
entregaron los productos por los que se pagó.
Sin embargo,
al dejar el cargo, el PRI lo hizo diputado federal plurinominal. Aunque
enfrenta un proceso de desafuero por una solicitud del fiscal de Veracruz,
Jorge Winckler, quien lo acusa del desvío de 23 mil millones de pesos, Antonio
Tarek Abdalá aún goza de fuero. A él lo investiga la Fiscalía de Veracruz, pero
no está en la lista de implicados de la PGR.
Adolfo Mota
Hernández es otro diputado federal del PRI en la actual legislatura y, por
tanto, también tiene fuero.
Fue
secretario de Educación en Veracruz en la administración de Duarte, cuando
dicha dependencia entregó casi 325 millones de pesos a compañías fantasmas que
ya fueron inhabilitadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Edgar
Spinoso Carrera es diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, que
ha ido en alianza con el PRI tanto en elecciones como en trabajo legislativo.
Fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Es decir, se
encargaba de la administración del presupuesto de la dependencia. En ese puesto
avaló los contratos concedidos por la dependencia a empresas fantasma.
La Auditoría
Superior de la Federación detectó el posible desvío de más de seis mil millones
de pesos de recursos federales destinados para apoyar la educación en el
estado.
Noemí Guzmán
Lagunes encabezó la Secretaría de Protección Civil en Veracruz de 2010 a 2015.
Durante su administración, la dependencia entregó nueve contratos por casi 30
millones de pesos a la red de empresas fantasma. Actualmente tiene fuero como
diputada federal del PRI, también por mayoría relativa.
Alberto
Silva Ramos representa al PRI como diputado federal por mayoría relativa. Fue
secretario de Desarrollo Social de Veracruz y en su administración la
dependencia hizo contratos por 243 millones de pesos con empresas fantasmas. Al
dejar la dependencia asumió la coordinación general del Comunicación Social del
gobierno de Duarte y en 2015 también fue presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI en Veracruz.
Vicente
Benítez González goza de fuero, pero a nivel local. Es diputado en el Congreso
de Veracruz representando al Partido Nueva Alianza. Fue colaborador de Duarte
en 2009, cuando este fue diputado federal. También fue tesorero en la
Secretaría de Finanzas en la administración de Duarte, pero en 2012 renunció al
cargo luego de que la Policía Federal decomisó 25 millones de pesos en efectivo
a dos funcionarios estatales que no pudieron explicar el origen y destino del
dinero.
En marzo de
2014 Benítez regresó a la administración pública estatal, como Oficial Mayor de
la Secretaría de Educación de Veracruz, para relevar a Edgar Spinoso.
Priistas,
unos perdonados y otros perseguidos
Aunque el
PRI a través de su presidente nacional, Enrique Ochoa, ha intentado desmarcarse
de Javier Duarte, quien fue expulsado del partido, los legisladores antes
mencionados por la entrega de contratos para desviar recursos públicos siguen
siendo priistas, y ocupando curules del partido en la Cámara de Diputados.
En
septiembre pasado el PRI hizo público el proceso para suspender los derechos
partidistas de Duarte y otros seis presuntos implicados en el desvío de
recursos, pero ninguno fue titular de dependencia ni con carrera dentro del
partido.
Entre ellos
están Daniel Cordero Gálvez, quien fue el notario que dio fe de la
constitución de tres empresas fantasma entre 2012 y 2013. El notario Israel
Ramos Mange avaló la constitución de otra empresa en 2011.
Otro quien
perdió derechos partidistas fue Juan Carlos Rodríguez García, exdirector
jurídico de Sedesol de Veracruz, quien firmó todos los contratos que la
dependencia dio a empresas fantasma mediante adjudicaciones directas y
licitaciones cerradas.
Arturo
Bermúdez Zurita fue secretario de seguridad pública de Veracruz y muy cercano a
Duarte. El pasado 4 de agosto renunció a su cargo para esclarecer el origen de
su patrimonio personal y las acusaciones en su contra por enriquecimiento
ilícito.
El
exsecretario de Finanzas de Veracruz, José Antonio Chara Mansur Beltrán, es
otro de los funcionarios suspendidos del PRI. Renunció a su cargo el pasado 29
de agosto, luego que el diario Reforma diera a conocer que
poseía por lo menos 16 propiedades con un valor de 6.7 millones de dólares en
Texas.
Gabriel
Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y ex subsecretario de la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz, es acusado de enriquecimiento
ilícito pero está amparado para evitar ser detenido.
La
PGR tiene una lista corta
Aunque las
investigaciones incluyen a los funcionarios y legisladores antes mencionados,
la lista de implicados que persigue la PGR es más corta y considera a Javier
Duarte como el principal beneficiado del presunto desvío de recursos públicos
Otro de los investigados
es Moisés Mansur Cysneiros, un empresario veracruzano que, según denuncias
presentadas en la Procuraduría, constituyó empresas inmobiliarias fachada para
filtrar los recursos públicos en inversiones en ese ramo en Estados Unidos.
Juan José
Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo habrían invertido el dinero en
un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró más de cinco millones de
pesos, cuyo origen no está confirmado.
La lista la
completan cinco personas que habrían colaborado como accionistas, contadores o
representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante
firmas fantasma. Se trata de Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las
hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, y Javier Nava Soria.
De todos los
implicados en esta red de desvíos, sólo dos mujeres que participaron como
accionistas o representantes legales de las empresas fantasmas fueron
sentenciadas hasta ahora a tres años de prisión, acusadas de lavado de dinero.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario