© Proporcionado por Sin Embargo Basilio González Nuñez, Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Foto: Cuartoscuro |
Redacción / Sin Embargo
Ciudad de México, 2 de diciembre
(SinEmbargo). – Ayer se confirmó que los 500 diputados federales recibirán
cerca de medio millón de pesos como aguinaldo y bonos de fin de año y también
se dio a conocer que los trabajadores recibieron un aumento de 7 pesos al
salario mínimo para el siguiente año.
El secretario General de la Cámara
de Diputados, Mauricio Farah Gebara, dijo el día de ayer que cada uno de los
representantes federales recibirán alrededor de 450 mil pesos como parte de sus
prestaciones de fin de año.
“Recibirán lo que les corresponde
legalmente y a lo que tienen derecho, que es el aguinaldo y quizá,
adicionalmente, con el objeto de apoyar sus gestiones y a su personal, como una
medida de fin de año, recibirán 150 mil pesos por diputado, no más”.
El legislador defendió que los
recursos otorgados a los representantes de San Lázaro son absolutamente
transparentes y pueden ser consultados en internet: “Recibirán este diciembre
el mismo monto que reciben todos los meses, eso está en la página de la Cámara
de Diputados (en Internet) y es absolutamente transparente”, comentó.
Al respecto el Grupo Parlamentario
de Movimiento Regeneración Nacional (Moren) aseguró que ninguno de sus 36
diputados recibirá el bono extraordinario con motivo de las fiestas decembrinas
y solamente lo harán con el aguinaldo correspondiente a 40 días de salario,
como cualquier otro trabajador en el país, según lo estipula la propia ley
laboral.
Y llamaron a la Secretaría
General de la Cámara de Diputados a precisar el origen y monto total de
los bonos que recibirán los trabajadores.
Los integrantes de la Cámara
baja laboran seis meses y medio al año, duración de los
periodos ordinarios de sesiones y muchas veces faltan por atender otras
actividades. Sólo algunos de ellos trabajan algunos días más por
pertenecer a las comisiones.
Horas antes, la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó un aumento en el salario mínimo de
siete pesos, por lo que pasará de 73.04 pesos este año a 80.04 pesos en
2017.
Durante la reunión de representantes
de los sectores obrero, patronal y el Gobierno, la Conasami señaló que optó
por otorgar un doble incremento: uno de 4 pesos sobre los 73.04 pesos en
los que se ubica actualmente el salario, con lo cual llega a 77.04 pesos, y
otro adicional de 3.9 por ciento sobre esa cifra. La variación representa un
aumento de 9.58 por ciento.
Este día el titular del organismo
regulador de los salarios, Basilio González Núñez, justificó que el
aumento a las percepciones de los trabajadores no puede ser mayor ante la falta
de crecimiento del país.
Agregó que un incremento desmedido
de la remuneración mínima obligaría a las empresas a despedir a sus
trabajadores y “entonces crearíamos un problema adicional”.
“Para que el salario mínimo no vaya
a causar más que y tengamos problemas con él. Es decir, para aumentar el
salario mínimo hay pensar en quiénes lo pagan y si tenemos micro y pequeñas
empresas, que son las que perciben”, dijo en entrevista para Televisa.
Destacó que el lento avance de las
percepciones de los trabajadores mexicano derivan la vinculación del salario
mínimo con pago y multas y otros conceptos, la baja de productividad y “si tenemos
tasas de crecimiento promedio de 2 por ciento, no hay país que pueda dar un
buen aumento en los salarios. No pueden crecen si no crece la economía”, dijo
en el programa del periodista Carlos Loret de Mola.
Académicos y miembros de la
sociedad civil han advertido que las condiciones económicas de México
originarán una nueva oleada de pobreza, independientemente de que la cobertura
de los programas sociales aumente, ya que lo que continúa estancado es el
salario mínimo y éste arrastra al conjunto de salarios y sueldos de
todos los trabajadores del país.
La magnitud de la situación puede
captarse si se compara a México no sólo con los países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino con los países
centroamericanos.
El salario de aquí, ubicado en 3.9
dólares, está lejos de los 17.6 dólares de Costa Rica, los 16.7 de Panamá, los
12.1 de Guatemala o los 10 dólares que se pagan en Belice.
En la lista, Honduras, Nicaragua y
El Salvador también están por arriba de México.
El salario mínimo en México ha
registrado una caída del 75 por ciento de su poder adquisitivo entre 1976 y
1995. Desde entonces, los aumentos que son determinados por la Conasami no
han sido mayores a los 3 pesos anuales.
El colectivo Acción Ciudadana
Frente a la Pobreza y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática
(IETD) señaló que esta realidad no es precisamente un consecuencia de las
condiciones económicas actuales, sino de toda una serie de decisiones políticas
que mantienen al salario “intencionalmente deprimido durante más de 35 años”.
El estudio Una economía al
servicio de 1 por ciento de Oxfam, publicado este año, señaló que mientras
que los ingresos per cápita del 1 por ciento más rico de la población aumentaron
de algo más de 38 mil dólares internacionales de 2005 a cerca de 49 mil 800
dólares (un incremento de 11 mil 800 dólares), los del 10 por ciento más pobre
sólo pasaron de 196 a 261 dólares (lo cual supone un incremento de sólo 65
dólares, que deja a este grupo muy por debajo del umbral de pobreza extrema de
1.90 dólares al día).
La cifra resulta ridícula al
considerar que el crecimiento de los ingresos del uno por ciento de la
población más rica, fue 182 veces mayor que el de los más pobres. El Banco
Mundial calculó que en 2015 había 700 millones de personas en situación de
pobreza extrema; es decir que vivían con menos de 1.90 dólares al día.
En México, la riqueza conjunta de
cuatro multimillonarios pasó de aproximadamente el 2 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) del país en 2002 al 9 por ciento en 2014, pero buena parte
de las fortunas de estos personajes procede de sectores que han sido
privatizados o que dependen de la adjudicación de concesiones y/o la regulación
del sector público.
De acuerdo con el informe, Germán
Larrea y Alberto Baillères son los dueños de empresas mineras que se
aprovecharon del auge de los precios de las materias primas básicas.
“La desigualdad de ingresos también
es mala para los niveles generales de crecimiento. Los sistemas económicos para
el 1 por ciento pueden ser frenados antes de que sea demasiado tarde para el 99
por ciento de la población, no sólo en México sino en todo el mundo”, dijo
Ricardo Fuentes-Nieva, director ejecutivo de Oxfam México durante la presentación
del informe a inicios de este año.
La OCDE en su último informe
destacó que mientras los ingresos del 10 por ciento más rico de la
población se recuperaron rápidamente tras la crisis de 2010, los del 10 por
ciento más pobre apenas han crecido.
La OCDE se sirve para su análisis
del coeficiente Gini, igual a O cuando todo el mundo dispone de los mismos
ingresos, y a 1 cuando una sola persona los concentra.
La media de la OCDE se situó en
2014 en 0.318, una milésima más que en 2007 (0.317), y la cifra más alta desde
mediados de los 80.
Los países con el Gini más bajo, y
por tanto con menores desigualdades, son Islandia (0.244), Noruega (0.252) y
Dinamarca (0.254), y en el extremo contrario se encuentran Chile (0.465),
México (0.459) y Estados Unidos (0.394).
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