Lizbeth Padilla
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Un rancho de lujo con caballerizas
y suites incluidas, localizado en Valle de Bravo, Estado de México, donde el
exgobernador Javier Duarte y su familia vacacionaban, fue comprado y remodelado
con más de 200 millones de pesos desviados del presupuesto de las secretarías
de Educación y Salud de Veracruz.
El dinero, según la investigación
de la Procuraduría General de la República (PGR), fue triangulado a través de
múltiples empresas fantasma.
Tanto la PGR como la Secretaría de
Hacienda presentaron ante un juez federal, una acusación en la que se
identifica a Javier Duarte como “jefe de una estructura criminal” en la que
participaron al menos ocho personas más, diseñada con el fin de lavar dinero
público.
Las pruebas presentadas por el
Ministerio Público y debatidas en una audiencia ayer domingo –que se extendió
por casi siete horas–, fueron consideradas suficientes por un juez para abrir
el juicio contra las dos mujeres detenidas la semana pasada por sus presuntos
vínculos con las empresas fantasma de Duarte.
La acusación incluye el testimonio
de Alfonso Ortega López, un abogado corporativo que confiesa la creación de
múltiples empresas fantasma en los últimos cinco años, bajo las órdenes de
Javier Duarte y Moisés Mansur.
Se trata de la primera de varias
averiguaciones que tiene abierta la PGR y que serán presentadas ante la
justicia en las próximas semanas y meses.
La red que permitió desviar los
recursos está constituida por múltiples empresas que según la PGR y Hacienda
denominaron como “fantasma o fachada”, porque solo “existen en el papel” y en el
mejor de los casos los domicilios existen, pero sólo se trata de habitaciones
en la mayoría de los casos.
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El eje central de esta acusación es
una empresa de nombre Consorcio Brades S.A de C.V en la que aparecen como
accionistas las dos mujeres detenidas con iniciales EAP y NIAP (cuyo nombre se
reservará a partir de ahora por orden del juez).
Brades acordó con Moisés Mansur
(amigo y presunto prestanombres de Duarte) el pago de 223 millones de pesos,
por la compra sobrevaluada de cinco parcelas de unos ejidos en Lerma de
Campeche en diciembre de 2013.
Esos ejidos habían sido adquiridos
por Mansur tres años antes en apenas millón y medio de pesos, incluso, el
valor catastral de los mismos era de 200 mil pesos, pero se tuvo que
desembolsar más dinero a un gestor, Antonio Almazán, para convertir a Mansur en
“ejidatario”, pues la Ley agraria exige que solo los habitantes de la región
puedan comprar terrenos ejidales.
Pero…. ¿de dónde sacó Consorcio
Brades 223 millones para pagarle a Mansur esas parcelas ejidales sobrevaluadas?
De acuerdo con la PGR y Hacienda dicha la empresa, que no tiene antecedente ni
perfil que justifique sus operaciones y carece de empleados, pagó con recursos
públicos.
El origen del dinero
La investigación ministerial
permitió documentar que Consorcio Brades fue “fondeada” por al menos nueve
empresas que le entregaron más de 300 millones de pesos. Entre esas empresas
están Medical Healthy Service S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos Melvan; Sacmet
Inmobiliaria S.A de C.V; Benfa Inmobiliaria S.A de C.V; Diseños Arquitectónicos
Alim S.A de C.V y otras.
Este grupo de empresas
intermediarias a su vez recibieron el dinero de otras compañías como Solaris
Technologies; Aglomerados de Concretos del Papaloapan o Evolución de Diseños
que eran proveedoras de productos y servicios de la Secretaría de
Educación y la Secretaría de Salud de Veracruz.
Todas las empresas señaladas son
“fachada”. En varias de ellas aparecen como representantes legales o apoderados
José Juan Janeiro Rodríguez y Javier Nava Soria, hoy prófugos de la justicia.
La PGR señaló que no hay evidencia
alguna que las empresas proveedoras hayan surtido los servicios productos por
los que fueron contratados. El esquema, es el mismo que el utilizado en el reportaje sobre empresas fantasma publicado por Animal
Político en donde se movieron casi mil millones de pesos solo de recursos
estatales, y cuyo destino final se encuentra bajo investigación.
El dinero, según la acusación de
PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, nunca salió de la misma
estructura criminal. Aunque el dinero era trasladado vía transferencia
electrónica, las cuentas bancarias que lo movían estaban bajo control del mismo
grupo. La intención era moverlo de cuenta en cuenta para hacer más difícil su
rastreo.
Vámonos al rancho
En la acusación de la PGR ante el
juez, obra el testimonio por escrito del abogado Alfonso Ortega López, quien
confirmó que la compra de los ejidos fue una simulación para lavar dinero y que
el dinero obtenido fue utilizado entre otras cosas para la adquisición y
remodelación de El Rancho Las Mesas ubicado en Valle de Bravo.
“Se trata de una propiedad muy
grande con una construcción central de al menos mil metros cuadrados. Tiene una
terraza muy grande que da vista a todos los alrededores de la región, pero
también hay unas caballerizas y cuatro suites de lujo”, declaró.
De acuerdo con Ortega el rancho fue
adquirido y construido por Javier Duarte, quien lo usaba para sus descansos
vacacionales, pero como todas sus propiedades, no estaba a nombre de él sino de
sus prestanombres.
En este caso la propiedad fue
adquirida por Moisés Mansur quien luego, vendió una tercera parte a José Juan
Janeiro Rodríguez y la otra a Rafael Gerardo Rosas Bocardo. Así todos quedaron
como propietarios del 33.3 por ciento del valor de la propiedad, al menos en el
papel.
Ortega dijo que esto es solo un
caso de varios de la creación de empresas fachada para invertir en la
adquisición de propiedades en México y Estados Unidos.
Comienzan juicios por lavado
Luego de una audiencia celebrada
ayer domingo y que se extendió por casi 7 horas, el juez federal
Gerardo Moreno García decretó abrir un juicio (auto de vinculación a proceso)contra las
dos únicas detenidas hasta el momento de las nueve personas consignadas por PGR
el pasado 14 de octubre, y a quien se les giró una orden de aprehensión.
El juez dijo que había pruebas
suficientes para abrir el juicio en contra de EAP y NIAP, accionistas de la
empresa Consorcio Brades, por los delitos de delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como se trata de una falta grave,
la ley establece que ambas mujeres deben permanecer en prisión mientras se
desarrolla el juicio.
En la audiencia, el abogado
defensor Ricardo Zinser Cruz intentó desestimar la acusación de la PGR. No negó
que sus clientas fueran accionistas de la empresa y la compra de los terrenos
ejidales, pero rechazó que esto fuera un delito pues las propiedades se
compraron al precio evaluado por un corredor público.
Rechazó que el consorcio de sus
clientas se trate de una empresa fantasma solo porque su domicilio pertenece a
una casa; también negó que hubiera forma de demostrar que sus clientas actuaron
en complicidad con las otras personas señaladas en la acusación pues aseguró
que no las conocen.
Pese a ello el juez decretó que las
pruebas permiten presumir, por ahora, que hubo “una maquinación para efectos de
ocultar el origen de los recursos” y que “existe una estructura delictiva que
lo hizo posible.
Durante el desarrollo de la
audiencia las dos accionistas acusadas escucharon las imputaciones sin mostrar
mayores gestos de aprobación o desaprobación. Se negaron por el momento a
emitir una declaración.
Dictado el auto de vinculación a
proceso, la PGR solicitó al juez un plazo de seis meses para completar la investigación,
pero éste autorizó solo tres meses a petición de la defensa que lo consideró
excesivo.
Buscarán un amparo
En entrevista tras concluir la
audiencia, el abogado defensor, Ricardo Zinser, dijo que interpondrán una
demanda de amparo en contra de la determinación del juez de someter a juicio a
sus defendidas, pues consideró que no había elementos suficientes para ello.
“El testigo presentado por la PGR,
Alfredo Ortega López, es un testigo de oídas (que no le constan los hechos). Además,
se dice que él compareció de manera voluntaria a la PGR en una carpeta de
investigación donde mis defendidas nunca fueron citadas a declarar. Ahí hay una
irregularidad”, expuso.
El abogado destacó además que
Ortega, quien estaba citado como testigo en el juzgado, no se presentó, lo que
desde la perspectiva del abogado genera dudas de la veracidad de lo que dice.
Zinser aseguró que sus clientas
tienen los elementos para demostrar que la empresa en la que aparecen como
accionista tiene un origen lícito, lo que va a desvirtuar toda la acusación.
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